La Policía crea un protocolo para acotar la patada en la puerta a casos de "riesgo grave"

La Policía tiene un problema con la entrada a la fuerza en domicilios por parte de algunos agentes. Por ese motivo, ha establecido un protocolo que limita y regula el uso de la llamada patada en la puerta. Lo acota a los casos en los que exista un “riesgo grave para la vida” de alguna de las personas que se encuentra dentro y prioriza la intervención de unidades antidisturbios frente a las de seguridad ciudadana.

Esta instrucción llega casi un año después de la polémica provocada por unos agentes que tiraron una puerta abajo con un ariete para disolver una fiesta durante la pandemia el pasado marzo. El Gobierno y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, avalaron aquella actuación ahora formalmente corregida. Alegaron que se trataba de un piso que se alquilaba para fiestas ilegales, algo que su inquilino niega.

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El Confidencial ha tenido acceso al documento que fija los criterios de actuación a partir de ahora para los agentes de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Madrid que patrullan la calle y reciben las alertas que llegan a la sala del 091. La nota interna lleva la fecha del 10 de febrero y el asunto es la “coordinación de efectivos en entradas en domicilios por delito flagrante”. La firma el número dos de la Jefatura y jefe regional de operaciones, el comisario principal, Agapito Hermes de Dios, y el responsable de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, el comisario Manuel Rodríguez Jiménez.

“Extrema urgencia”

“En el supuesto de que con motivo de una intervención policial proceda efectuar una entrada en un domicilio por delito flagrante, las diferentes unidades y servicios dependientes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se regirán por los siguientes criterios”, avanza la instrucción. Establece dos escenarios; el primero de ellos, los casos de “extrema urgencia”: “Se limita a situaciones en que la actuación sea estrictamente necesaria para evitar situaciones de riesgo grave para la vida o integridad física de las personas”.

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Añade que la decisión sobre la procedencia de efectuar la entrada corresponderá al jefe de los agentes que estén llevando a cabo la intervención, quien deberá valorar contar con la fuerza suficiente para minimizar el riesgo de los policías. Además, deberá comunicar lo que va a hacer al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC), que centraliza toda la actividad policial, coordinada con los centros de emergencia 112.

“Resto de supuestos”

Para el “resto de supuestos” el protocolo indica que cuando los policías consideren que “no cuentan con los efectivos que garanticen una mínima seguridad para integridad” de los agentes o que la entrada podría retrasarse hasta contar con efectivos suficientes también habrá que comunicarlo con el CIMACC. Ese organismo “comisionará a las unidades especializadas para este tipo de actuaciones” con antidisturbios de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), preferentemente, la Unidad de Intervención Policial (UIP) o incluso un negociador.

“En caso de urgencia inmediata, el jefe de Sala CIMACC atenderá el criterio de proximidad de las unidades operativas referidas, por lo que comisionará a aquella que se halle más cercana al lugar donde se esté produciendo el incidente”, zanja el protocolo. En el último año se han producido varios casos de entrada a la fuerza en domicilios, varios de ellos protagonizados por el mismo agente, un subinspector recientemente cesado de su cargo de labores de Seguridad Ciudadana.

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La más mediática fue la que tuvo lugar con un ariete en la calle Lagasca de Madrid, porque los jóvenes que estaban dentro de la casa grabaron la actuación con el móvil. Por estos hechos se encuentra imputado en un juzgado de Madrid el subinspector que estaba al frente de la actuación. Con apenas 24 horas de diferencia, también entró en otra casa usando el método del resbalón para disolver otra fiesta. Por estos hechos también está imputado en otro Juzgado. El aval del Gobierno chocó con la opinión casi unánime que recordó que la inviolabilidad del domicilio viene recogida en la propia Constitución.

El subinspector y sus subordinados cerraron filas y defendieron su actuación cuando declararon ante el juez el pasado septiembre. El subinspector respondió tajante cuando el juez le preguntó, como a todos, por qué no solicitaron autorización judicial para entrar en la casa. “En ese momento, como hay un delito flagrante que se está cometiendo 'in situ', pues teníamos opciones de entrar sin tener que pedirla… en este caso, por lo menos a nuestro criterio, todo indicaba que no era necesaria esa orden”, respondió el policía.