La Fiscalía justifica la 'patada en la puerta' en pandemia: "Fallecen cientos de personas"

La Fiscalía de Madrid defiende que la Policía entrase a la fuerza y sin autorización judicial en un piso para detener una fiesta durante la pandemia. Considera que la actuación de los agentes “estuvo plenamente justificada” a pesar de que la sanción que se impone por este tipo de comportamientos sea "meramente administrativa". El ministerio público dice que en el contexto de restricciones sanitarias, la negativa de los asistentes al guateque a abrir la puerta a las fuerzas de seguridad se tornó un delito de desobediencia grave.

“En el caso que nos ocupa, si bien la celebración de una fiesta viene a ser una infracción meramente administrativa, el hecho de que los integrantes de la misma, en un contexto de pandemia global, en un estado de alarma sanitaria en la que fallecen diariamente cientos de personas, se nieguen a identificarse a fin de no ser sancionados administrativamente, entendemos, deviene como desobediencia grave a la autoridad”, dice el escrito de la fiscal Juana Martínez Viedma Trujillo, emitido el miércoles de la semana pasada.

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A su juicio, ese contexto anula la inviolabilidad del domicilio recogida en la Constitución. Entiende que la entrada a la fuerza estaba “plenamente justificada a fin de identificar como posibles autores de un delito de desobediencia, independientemente de las leyes de seguridad ciudadana que amparan su actuación”. Este escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid. Allí se analiza el suceso ocurrido la madrugada del 22 de marzo. La jueza María de la Concepción Jerez tampoco ve delito en la actuación policial, pero uno de los asistentes a la fiesta ha recurrido ante la Audiencia Provincial.

Aquel día, un grupo de policías se personó en un piso de la calle Velázquez de Madrid alertados por el ruido y la música que salía de su interior y llegaba hasta la calle. En el balcón de la casa vieron a un grupo de jóvenes sin mascarilla que no respetaban la distancia de seguridad entre ellos. Al llegar, los policías se entrevistaron con los vecinos. Se quejaban de que no podían dormir. Los agentes llamaron varias veces al timbre de la casa donde se estaba celebrando la fiesta, pero no obtuvieron respuesta.

Del resbalón al ariete

Los jóvenes tampoco obedecieron a la petición de la autoridad de abrir la puerta para identificarlos, por lo que la Policía entró sin su consentimiento usando el método del resbalón. Consiste en emplear una tarjeta o una lámina de plástico para forzar la cerradura desde fuera sin causar daños. Solo sirve cuando las llaves no están echadas y es una práctica habitual de cerrajeros o bandas dedicadas al robo en domicilios. Uno de los jóvenes agredió a los agentes y fue condenado por un delito de atentado tras llegar a un acuerdo de conformidad con la acusación.

En este caso, la Fiscalía se basa en el artículo 556 del Código Penal, que regula la desobediencia grave a la autoridad. El escrito deja claro que “no toda desobediencia integra el delito analizado, sino solo la desobediencia grave”. “Es necesario que se produzca frente a un mandato claro y expreso de un agente de la autoridad”, añade para defender la actuación de los agentes.

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Se da la circunstancia de que al menos tres de los policías que entraron a la fuerza en el piso de la calle Velázquez hicieron lo mismo al día siguiente en otro domicilio cercano, ubicado en la calle Lagasca. Y por este otro hecho, en cambio, sí hay seis policías imputados por un presunto delito de allanamiento de morada en el Juzgado de Instrucción número 28, cuyo titular es Jaime Serret. Aquí usaron un ariete para tirar la puerta abajo. Se investiga a los policías después de que lo ordenase la Audiencia Provincial a instancia del recurso que presentó el abogado del inquilino del piso, Juan Gonzalo Ospina.

Disparidad de criterio en jueces y fiscales

El escrito al que ha tenido acceso ahora El Confidencial denota la disparidad de criterios sobre este tema también en el seno de la Fiscalía. Mientras que defiende la actuación policial en el caso de la calle Velázquez, pide mantener la investigación sobre el subinspector —presente en los dos lugares— que ordenó usar el ariete en la casa de la calle Lagasca. El viernes pasado, el juez Serret reunió a todas las partes en su juzgado para comunicarles que el procedimiento continuará mediante la Ley del Jurado. Tal y como adelantó este periódico, esto quiere decir que si finalmente se sientan en el banquillo de los acusados en un juicio, lo harán ante un jurado popular.

Según varias fuentes presentes en la diligencia, la Fiscalía defendió que los hechos podrían ser constitutivos de un delito previsto en el artículo 202 del Código Penal, que regula el allanamiento de morada. Para el resto de policías, solicitó el sobreseimiento provisional de las actuaciones al entender que actuaban en cumplimiento de una orden dada por su superior jerárquico.

La fiscal pidió también que declarasen varios testigos, entre ellos, los vecinos del piso o el arrendador de la vivienda

A fin de esclarecer los hechos, la fiscal pidió también que declarasen varios testigos, entre ellos, los vecinos del piso o el arrendador de la vivienda. También pidió que se solicitara al Ayuntamiento de Madrid el oficio de empadronamiento para saber si el denunciante estaba empadronado. También quiere que se pida información al Registro Mercantil para acreditar la relación mercantil con la sociedad a la que se alquiló la vivienda.

La actuación de los policías en la calle se convirtió en viral porque una de las asistentes a la fiesta filmó la actuación con el móvil y se difundió rápidamente por las redes sociales. La polémica llegó hasta la mesa de la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros. Tanto el Ejecutivo socialista como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendieron a los policías. Su argumento es que en la casa no vivía nadie y era una vivienda que se alquilaba solo para hacer fiestas en la pandemia burlando las restricciones sanitarias. Numerosos juristas rechazan esta explicación y reivindican el derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio recogida en numerosa jurisprudencia.