El juez acuerda que los policías de ‘la patada en la puerta’ sean juzgados ante jurado

Los seis policías nacionales que el pasado marzo derribaron con un ariete la puerta de un domicilio en Madrid donde había varios jóvenes de fiesta están más cerca de sentarse en el banquillo por allanamiento de morada. En un auto del 19 de septiembre al que ha tenido acceso El Confidencial, el titular del juzgado de instrucción número 28 de Madrid, Jaime Serret Cuadrado, acuerda la transformación de las actuaciones en un procedimiento de tribunal jurado y cita a las partes el próximo 8 de octubre para que expongan sus alegaciones. Al no contar con el "consentimiento de los moradores" ni con "autorización judicial", considera que su entrada en la casa pudo vulnerar la ley.

El suceso se remonta al pasado 21 de marzo, cuando los seis policías se presentaron en un piso en la calle Lagasca de Madrid y "tiraron la puerta abajo" para detener a varios de los jóvenes que se encontraban en su interior. Las imágenes de esta intervención se viralizaron porque uno de los inquilinos grabó desde dentro de la casa, y tanto el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska como el Gobierno, desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros, avalaron la actuación policial alegando que se trataba de un piso alquilado para hacer una fiesta ilegal durante la pandemia. El juez, sin embargo, echa por tierra este razonamiento en su auto.

"La principal discusión no es la fijación de los hechos, sino su calificación jurídica: para la acusación particular, se trata de un delito de allanamiento de morada, y para la defensa son impunes al concurrir un supuesto de delito flagrante que justifica la entrada en el domicilio", explica el auto. Los seis policías investigados alegan para ello que la actuación se vio amparada por un delito de desobediencia grave ante "la negativa reiterada de los moradores a identificarse", una tesis que, tal y como recuerda el juez, ya descartó la Audiencia Provincial de Madrid el 16 de junio, cuando archivó las actuaciones contra los jóvenes y ordenó investigar la actuación policial.

En aquel auto, adelantado por El Confidencial, la Sección 23 Audiencia Provincial avisó de que se había “producido por parte de los agentes un exceso en el ejercicio de la autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio”. "La obligatoriedad de identificarse ante los policías no tiene carácter delictivo, menos aún delito flagrante", por lo que "las personas que se encontraban dentro del domicilio únicamente se negaron a abrir la puerta", concluyeron los tres magistrados. De esta manera, el argumento de que “no existía otro medio más sencillo y a la par que eficaz para hacer cumplir la ley” quedaba en papel mojado.

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Los jueces recordaron para ello que la inviolabilidad del domicilio está consagrada en la Constitución y que "el domicilio es un espacio apto para desarrollar vida privada, un espacio que entraña una estrecha vinculación con su ámbito de intimidad, el reducto último de su intimidad personal y familiar". "La razón de ser de la actuación policial consistía en la identificación de las personas que se encontraban en el interior de la vivienda, infringiendo las medidas de distanciamiento social y toque de queda", sí, pero en ningún caso "era necesario penetrar en la vivienda por la fuerza, quebrantando el derecho a la inviolabilidad del domicilio".

Apoyándose en este análisis, el titular del juzgado de instrucción número 28 sostiene ahora que "hay sólidos indicios de la concurrencia del delito de allanamiento de morada del artículo 204 del Código Penal", castigado con "inhabilitación absoluta de seis a 12 años" y hasta con tres años de prisión si se considera que en la actuación ha habido "violencia o intimidación". Al tratarse de un delito "cuya competencia corresponde al tribunal del jurado", el juez cita a las partes el próximo 8 de octubre para "concretar la imputación" y, si lo consideran oportuno, pedir nuevas "diligencias de investigación".

Opinión

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La semana pasada los seis agentes y el inquilino comparecieron ante el juez. Los policías defendieron su actuación e insistieron en que la comisión de un delito flagrante al negarse a identificarse avalaba la entrada en el piso por la fuerza. De momento, el juez no solo no atiende sus argumentos, sino que da un paso más para sentarles en el banquillo de los acusados.

Este lunes, el abogado del inquilino de la casa, Juan Gonzalo Ospina, presentó un escrito en el Juzgado en el que pedía el procesamiento de los seis agentes y concluir ya la investigación al considerar acreditada la comisión del delito: "Los investigados en perfecta comprensión del hecho y su significado antijurídico decidieron llevar su conducta hasta sus últimas consecuencias laminando gravemente el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio de mi representado".