La Justicia avala que la Policía acabe con una fiesta ilegal en un piso tras derribar la puerta

El Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, en funciones de guardia, avaló el pasado 21 de marzo la entrada de tres policías en un piso ubicado en el número 18 de la madrileña calle de Lagasca. Así se pronunció a través de un auto al que ha tenido acceso El Confidencial emitido después de que los agentes detuvieran a las personas que habían opuesto resistencia a la intervención policial que había tenido lugar la noche anterior, cuando los funcionarios se personaron en el inmueble para desalojar la fiesta ilegal que la arrestada y otras personas estaban organizando y derribaron la puerta con un ariete.

La detenida, que era una de las nueve personas que la Policía trasladó hasta dependencias judiciales, interpuso un 'habeas corpus' que motivó la respuesta del juzgado, que archivó el procedimiento iniciado por la recurrente y declaró la detención ajustada a derecho. Concluyó en concreto que tanto ella como el resto de participantes en la fiesta sabían que los agentes eran funcionarios de la Policía Nacional, porque así se habían identificado, y eran conscientes igualmente de que los agentes estaban allí porque los que estaban dentro del piso celebraban una reunión prohibida por la legislación vigente. El estado de alarma está vigente desde finales del año pasado y se prevé que dure, por ahora, hasta el 9 de mayo.

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"Sin perjuicio de las diligencias que pudieran practicarse en fase de instrucción o posteriormente de las pruebas en el acto del juicio y a los meros efectos de esta resolución, existen elementos suficientes, derivados de la propia declaración de (la denunciante) que ponen de manifiesto cómo aquel día sabía y conocía que los funcionarios que se identificaban como policía, pertenecían a ese cuerpo", argumenta la resolución. "También sabía y conocía que su presentanción en el domicilio fue derivada de la existencia de una reunión prohibida por ley (...) y de su obligación a identificarse al ser requerida para ello", añade. "Por estos motivos, debe entenderse que la privación de libertad era razonable ante la actitud adoptada por (la detenida), quien pudiera ser investigada por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad, motivo por el que debe entenderse que la detención (así como las circunstancias en que se produce) fue ajustada a derecho", resuelve el mencionado juzgado.

Los policías habían sido alertados por los vecinos de que en la vivienda en cuestión estaba habiendo mucho ruido y no podían dormir. Los propios agentes comprobaron la veracidad de la denuncia cuando subieron al rellano en el que se ubicaba el piso. "Percibieron un gran ruido en el interior, música excesivamente alta para las horas en que se produce la intervención (pasada la media noche), gritos y risas continuas", describieron los mismos funcionarios en el atestado al que ha tenido acceso El Confidencial y que dio pie al Juzgado 10 a avalar la actuación.

En ese momento, los agentes -que grabaron toda la intervención y se la entregaron a la Dirección General de la Policía, a la que se la podría requerir el juzgado- llamaron a la Policía Municipal de Madrid con el fin de inspeccionar el inmueble, dado que es este último cuerpo el que tiene la competencia en materia de pisos turísticos. Según el atestado, observaron "a simple vista que se trataba de un piso turístico de los que habitualmente se alquilan por jóvenes para celebración de fiestas en su interior y por los que precisamente se dictó la orden de 14 de febrero de 2021, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por la que se facultaba a los cuerpos de policía local como servicios de inspección turística con la finalidad de evitar y perseguir el desarrollo de las actividades y los alojamientos para fines no contemplados en la normativa que pudieran contribuir a propagar la infección causada por el SARS-CoV-2".

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"Dados los evidentes indicios de infracción existentes en el interior del inmueble turístico, los agentes proceden a llamar varias veces al timbre", relataron en el escrito que elevaron a la autoridad judicial, donde añadieron que no obtenían respuesta a su requerimiento "seguramente debido al exceso de ruido", lo que provocó que decidieran "golpear fuertemente y varias veces la puerta al grito de: 'Policía abran la puerta". Fue entonces, contaron en su atestado, cuando los asistentes a la fiesta pararon la música y comenzaron a hablar en bajo. "Dentro no hay respuesta a las numerosas peticiones", describieron los policías, que incluso sin contestación del otro lado advirtieron "verbalmente" en un "tono claro, imperativo y sobradamente alto de la obligación de identificarse ante los agentes de la autoridad al existir evidentes indicios de infracción administrativa" tanto en relación a las restricciones de la pandemia como por el exceso de ruidos.

"Tras varias advertencias, dado que era evidente que estaban escuchando las órdenes, que no eran otras que salir a identificarse, se procede a informar a todos de que estaban cometiendo un delito flagrante de desobediencia grave o resistencia a los agentes de la autoridad", detalló el atestado, que añadió que los funcionarios "les advirtieron de que en caso de continuar en su actitud de grave y persistente rebeldía (...), la flagrancia delictiva ampararía la entrada en el inmueble a los efectos de proceder a la detención de los allí congregados, pues contra dicho mandato se estaban alzando en contumaz incumplimiento, ya que ninguno alzaba la voz públicamente en contra del criterio de no abrir la puerta a la policía".

El atestado describió que el día anterior también habían llamado los vecinos a la Policía por el mismo motivo y que se había desplazado hasta el inmueble un grupo de agentes que terminó desistiendo por la negativa de los inquilinos a abrir la puerta, como estaban haciendo en esta ocasión de nuevo. Uno de los funcionarios, continuó el escrito elevado ante el Juzgado 10, intentó en ese momento acceder a la casa utilizando el método del resbalón, pero no lo consiguió porque la cerradura estaba echada. Fue entonces cuando una mujer comenzó a gritar desde el interior diciendo que era jurista y que no era legal lo que estaban haciendo los agentes, extremo que estos últimos negaron desde fuera, pues —como relataron en el informe— la actuación estaba amparada por la Ley de Seguridad Ciudadana.

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"No existiendo otro medio más sencillo y a la par eficaz para hacer cumplir la ley y reestablecer el estado conforme a derecho", según argumentaron los agentes, estos apostaron por el ariete. "A juicio de los agentes intervinientes, se estaba produciendo un delito flagrante", argumentaron. Existía, continuaron, "la necesidad urgente de intervenir para detener a los autores e impedir la propagación del mal que la infracción penal acarrea, que era la tranquilidad de los vecinos y la proteccion de la salud pública". Si no lo hacen y se "dilata la intervención para solicitar una orden judicial de entrada, el incumplimiento pudiera haber tenido mayores consecuencias", esgrimieron en el atestado, que dio por "agotadas todas las vías de diálogo posibles".

El subinspector al mando ordenó entonces "la entrada en el inmueble haciendo uso de los medios de dotación al alcance de los agentes, concretamente con un ariete, pues como ya se ha señalado los otros medios de apertura no habían dado resultado". Una vez dentro, los funcionarios observaron a "14 personas, todas sin mascarilla" y en "actitud festiva", "fumando y con vasos en las manos, sin distancia social". Algunos expresaron su desacuerdo con la actitud que tenía la chica que dijo ser letrada. Otros, por contra, la apoyaron y se mostraron, según describieron los agentes, "agresivos" contra las fuerzas del orden, lo que motivó la detención de estos últimos.