El inquilino del piso de la 'patada en la puerta' pide que Marlaska declare como testigo
El juez tendrá que decidir si llama al ministro para que confirme si hubo órdenes de entrar a la fuerza en casas donde se hicieran fiestas durante la pandemia
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La acusación particular contra los policías de la patada en la puerta que ejerce el inquilino del piso en el que los policías entraron por la fuerza para detener una fiesta ha pedido al juez que investiga a los agentes que declare como testigo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según informan fuentes jurídicas. El ministro avaló públicamente la intervención de las fuerzas de seguridad alegando que habían intervenido en un piso alquilado para realizar fiestas ilegales.
El juez Jaime Serret, al frente del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, ha celebrado esta mañana una audiencia para trasladar a los seis agentes procesados por estos hechos su imputación por un delito de allanamiento de morada. Se ha celebrado conforme a los trámites del procedimiento del jurado popular al que se enfrentarían en caso de que finalmente fuesen a juicio para responder de esta acción.
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Según informan fuentes jurídicas, además de informar sobre la acusación, las partes han solicitado la práctica de diversas diligencias. El abogado del inquilino, Juango Ospina, ha pedido que se cite a Grande-Marlaska para que acuda a declarar con la obligación de decir la verdad. En concreto, ha hecho alusión a unas declaraciones públicas suyas en las que dijo que no había instrucciones ilegales. Quiere preguntarle acerca de si el ministerio dio alguna orden a los agentes de actuar como lo hicieron.
Academia Netpol
El letrado también ha pedido la declaración del representante jurídico de una academia privada llamada Netpol, su administrador y su directora. La red social de Netpol difundió varias informaciones sobre el incidente como una grabación sobre la intervención investigada.
La defensa del inquilino del piso también quiere que se aporte a la causa el temario que estudian los agentes en la academia de la Policía para que quede constancia del conocimiento que tenían sobre la inviolabilidad del domicilio. Tendrá que justificar estas peticiones por escrito y el juez deberá tomar una decisión a través de un auto.
Durante la vista, el fiscal ha propuesto archivar la causa respecto a cinco agentes al considerar que actuaron conforme a derecho. En cambio, ha defendido seguir investigando solo al jefe del operativo al entender que pudo incurrir en un delito de allanamiento de morada. Los policías interpusieron recientemente un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto por el que el instructor acordaba iniciar los trámites para llevarles a juicio al estimar que su actuación estuvo amparada por el marco jurídico legal y respaldada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Antes de la vista, el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), Carlos Morales, ha recordado que, cuando se produjeron los hechos, el ministro del Interior defendió la legalidad de la intervención. "El ministro lo vio como todos lo vimos, que está actuación estaba conforme a derecho y que se estaba cometiendo un delito de resistencia y desobediencia", ha explicado.
En su recurso, las defensas de los policías sostienen que "el inmueble donde sucedieron los hechos no constituye morada, sino que, por el contrario, se trata de un piso que fue alquilado con la exclusiva finalidad de celebrar fiestas, incumpliendo la normativa existente como consecuencia del estado de alarma decretado por la pandemia", un extremo al que se opone el abogado del inquilino, el letrado Juan Gonzalo Ospina, al no tratarse de un piso turístico al llevar el inquilino un año de alquiler.
La acusación particular contra los policías de la patada en la puerta que ejerce el inquilino del piso en el que los policías entraron por la fuerza para detener una fiesta ha pedido al juez que investiga a los agentes que declare como testigo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según informan fuentes jurídicas. El ministro avaló públicamente la intervención de las fuerzas de seguridad alegando que habían intervenido en un piso alquilado para realizar fiestas ilegales.