El PP recrudece la guerra por fiscalizar los fondos UE y Sánchez se esconde tras Bruselas

No hay tregua en la ofensiva del PP contra el Gobierno por el reparto de los fondos europeos. Los populares mantienen la presión y reivindican su legitimidad a la hora de hacer oposición con esta cuestión, tildada de antipatriótica y de "boicot" por los socialistas. Eso sí, se relega el frente judicial para priorizar el objetivo de un mayor control político en el Congreso. "Nuestra obligación es fiscalizar la ejecución de los fondos y denunciar el sectarismo y la opacidad de Sánchez", insisten en Génova. Moncloa se parapetó desde un principio en el respaldo de la Comisión Europea a la distribución del dinero, aduciendo que la preocupación de las instituciones comunitarias era "cero", y se pidió no llevar esta batalla a Europa para evitar sembrar dudas. Una argumentación que se ha reforzado desde el Gobierno por la carta desvelada por La Sexta que el pasado 25 de enero envió la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a Pedro Sánchez, reconociendo el "cumplimiento satisfactorio" de España del plan de recuperación. Sin embargo, la misiva no es más que una formalidad y nada tiene que ver con la disputa abierta.

Si la carta de felicitación se presentaba como una forma de cerrar la controversia, las aclaraciones posteriores de la propia Comisión no han hecho más que avivar la controversia y el enfrentamiento. "No existe ningún vínculo entre esta carta y el actual debate en España sobre la distribución de los fondos de recuperación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central", según ha explicado una portavoz de la Comisión Europa en declaraciones recogidas por Europa Press. Se trataría de una misiva como respuesta a una previa de Sánchez y que, en cualquier caso, seguirá la línea de las cartas que se envíen al resto de Estados miembros que reciban el primer desembolso.

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Tras el primer examen de la Comisión Europea, España obtuvo una evaluación positiva y, fruto de ello, se recibieron a finales de diciembre 10.000 millones de euros. En total, durante 2021, los fondos ascendieron a 19.000 millones y en 2022 los desembolsos previstos son de 18.000. Los hitos y objetivos del segundo semestre de 2021 tienen asociado un pago de 12.000 millones de euros, que se solicitarán en los próximos meses.

Desde el PP, se han apresurado en darle la vuelta al argumento del Ejecutivo y acusarlo directamente de mentir por "intentar vendernos que era una felicitación" lo que califican de "carta protocolaria". En su contraataque, reclaman al Gobierno "dejarse de propaganda y ser transparente, crear una autoridad independiente y dar explicaciones y toda la documentación en el Congreso".

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La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la primera en impulsar un recurso que cuestiona el destino de una partida de nueve millones de euros —el 0,08% del total de los fondos—, ha redoblado sus acusaciones asegurando contra los datos oficiales que la Comunidad de Madrid es la que menos fondos recibe por habitante, mientras que las regiones socialistas estarían a la cabeza. El reparto entre las autonomías en 2021 ascendió a 11.246 millones de euros, casi la mitad de todo lo presupuestado. De ellos, Andalucía fue la que más percibió, con 1.915 millones de euros, seguida de Cataluña, con 1.578. En tercer lugar, se sitúa Madrid, con 1.213. La Comunidad Valenciana, el único de estos seis territorios en manos de los socialistas, obtuvo 1.054, Castilla y León, 742 y Galicia, 681.

Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Castilla y León y Galicia son así, por este orden, las comunidades más beneficiadas por los fondos europeos de recuperación. Se trata de las seis regiones con mayor población y cuatro de ellas están gobernadas por el PP. Ayuso ha defendido su derecho a hacer oposición con esta cuestión, a quien han seguido desde Génova y, en menor medida, los barones populares que prefieren estirar la vía administrativa a la judicial. Este es el caso de Alfonso Fernández Mañueco, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno.

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La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aprovechaba estas fisuras estratégicas dentro de los populares para instar este lunes desde Málaga al presidente andaluz "a separarse de ese boicot del PP, tanto dentro como fuera de las fronteras". “Es el momento de hacer las cosas y pensar en los intereses de nuestro país”, reclamaba en un acto en el que coincidió con Moreno, subrayando que Andalucía es la comunidad que más fondos ha recibido.

En Moncloa, más allá de los datos sobre el reparto del dinero que cuestionarían las acusaciones de arbitrariedad, argumentan que existen controles y auditorías establecidos en el propio fondo de recuperación, compartidos por todos los países, con sistemas de fiscalización elevados. Una monitorización que las instituciones comunitarias realizan en tiempo real a través de un sistema informático que cuenta con un plan antifraude y que evalúa posibles conflictos de interés. Sin embargo, se reconoce que las denuncias de los populares, aunque finalmente se archiven, les preocupan porque "prenden" en la opinión pública sembrando dudas de su legalidad y pudiendo generar mala prensa entre los inversores extranjeros.

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La partida en la que los populares han puesto el foco y por la que Ayuso inició esta ofensiva en el Supremo es de apenas nueve millones y está destinada a un plan de inserción laboral de jóvenes. Se trata de proyectos piloto del SEPE que se han destinado a iniciativas en País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana. Ninguna gobernada por el PP. Con todo, están pendientes de repartir en este mismo plan otros 11 millones para otra serie de comunidades autónomas.

Los principales criterios de reparto se centraron en que las comunidades beneficiadas presentasen experiencias relevantes en inserción laboral de jóvenes, que demostrasen capacidad de ejecución y que se distribuyesen en mercados de trabajo diversos. Así, Extremadura se centró más en el sector agrario, País Vasco en el industrial, Valencia en el turístico y Navarra en la inserción laboral en zonas rurales despobladas. Estos fondos, como los que se han distribuido hasta ahora, se aprobaron en las conferencias sectoriales correspondientes a través de convocatorias abiertas con la evaluación de las propuestas de un comité técnico. Ninguna comunidad autónoma puso reparos, según llamaron la atención fuentes gubernamentales.

La ofensiva de los populares sí está obligando al Gobierno a concretar la letra pequeña del reparto de los fondos UE y a realizar una mayor pedagogía. Durante las próximas semanas y meses, está previsto dar cuenta desde los Perte de las ejecuciones más pequeñas y los resultados de la cogobernanza con las administraciones territoriales. Para el Ejecutivo, el papel de las diferentes CCAA es clave en la ejecución de los fondos. Mientras los socialistas se afanan en disipar dudas sobre la distribución del dinero, no logran centrar su discurso en los beneficios de los fondos y la "recuperación económica justa". Un marco en el que pretendían profundizar coincidiendo con la campaña de las próximas elecciones en Castilla y León.