De discotecas con el pasaporte covid: ¿se acelerará la vacunación entre los jóvenes?

El pasaporte covid puede ser el resorte que vuelva a impulsar la campaña de vacunación. Es al menos la apuesta de muchos expertos, que consideran que podría ser un incentivo para los jóvenes si se condiciona el acceso a determinados espacios al uso del salvoconducto. En definitiva, pedirlo para poder entrar a un estadio de fútbol, comer en un restaurante, ir al cine, al teatro o de discotecas. Pero la premisa no se ha cumplido en Galicia y Baleares, las dos comunidades en las que hace una semana la justicia avaló el uso del documento en el ocio nocturno. Y habrá que ver qué pasa en los próximos días en Cataluña, la tercera región en implantar la medida después de recibir este jueves el correspondiente respaldo judicial.

De momento, el anuncio de la autorización en Galicia y Baleares, el pasado 1 de octubre, no ha provocado un empuje de la campaña. Si bien en la primera comunidad se ha frenado la caída en el ritmo de pinchazos entre los veinteañeros y treintañeros, en las islas los datos, semana a semana, siguen dibujando una curva descendente como se puede ver en el gráfico.

"Habría que ver cómo se está exigiendo", sostiene Jaime Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología. El experto pone como ejemplo su experiencia personal. El pasado verano pasó unos días en Galicia, justo en el lapso durante el cual la comunidad exigió exhibir el documento para el acceso a la hostelería. "El control era extremadamente laxo. Y si no se hacen inspecciones al final no se tiene un control sobre la medida, queda en papel mojado", ilustra.

Pérez es uno de los convencidos de la pertinencia de la medida para dar el empujón definitivo al proceso de inmunización. Remarca que aunque el porcentaje de población que cuenta con las dos dosis es alto (93,9% para los mayores de 40, 77,8% para los que tienen entre 30 y 39, 79,3% para los de 20 a 29 y un 83,7% para los de 12 a 19) acordar una restricción así permitiría un acelerón que ayudaría además en la logística de la campaña. "El goteo es constante. Todos los días hay personas que se vacunan, que reciben su primera dosis, pero el ritmo es muy lento. Y eso hace que satisfacer la demanda de esa población que ya va tarde sea complejísimo. Por eso, si consiguiésemos que se acelerase sería mucho más fácil desde todos los puntos de vista, para conseguir una mayor protección y facilitar la logística", resume.

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El inmunólogo sostiene que el rechazo a las vacunas como tal es mínimo, pero remarca que hay una bolsa de población que por falta de concienciación o por tener una baja percepción del riesgo o por comodidad no ha participado en la campaña. De ahí la necesidad de ese empujón final, más en unos colectivos (los menores de 50 años) en los que las relaciones sociales se multiplican y, por tanto, el riesgo de contagio.

El ejemplo francés

Aunque las autonomías han reclamado el uso del certificado como una herramienta para la prevención de contagios, una forma de permitir o flexibilizar la actividad en determinados sectores bajo condiciones de seguridad, también algún dirigente, al igual que los expertos, justificó la medida como una herramienta para animar a la gente a vacunarse. De hecho, fuera de España, fue uno de los argumentos que empleó Macron cuando el pasado julio anunció la obligatoriedad de exhibir el salvoconducto para el acceso a bares, restaurantes y otros espacios públicos.

Tras el anuncio del presidente francés, la reserva de citas en los vacunódromos se disparó, y el país pasó de inyectar unas 175.000 dosis al día a 370.000. Y aunque Francia consiguió rebasar a Reino Unido, por aquel entonces una referencia en la administración de pinchazos, el 75% de los franceses cuenta hoy con al menos una dosis, porcentaje que en España se sitúa en un 89,7% de la población diana.

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Y ese efecto, el disparar las cifras, es el que Pérez cree que se podría alcanzar siguiendo el ejemplo francés. "Se consiguió aumentar la cobertura vacunal. Evidentemente, se podría pedir en actividades que no supongan un derecho fundamental, como el ocio. Un sector que precisamente ha sido uno de los grandes perjudicados. Hay experiencias que avalan el uso del certificado", defiende.

El experto además lamenta que se haya expandido en España la "sensación de que la obligación no se puede implantar. Resulta muy curioso que un español para entrar en su país tenga que tener un certificado covid, al menos en los aeropuertos te lo exigen, pero una vez dentro no lo necesita para nada, no vale nada. Sería un buen impulsado para llegar a una cota de cobertura más alta de la que ya tenemos", zanja.

Disparidad de criterios

El consenso entre la idoneidad de exigir el salvoconducto nunca ha sido unánime en España. El Ministerio de Sanidad lo ha rechazado en múltiples ocasiones, al menos hasta que el cien por cien de la población hubiese tenido la oportunidad de vacunarse, y aunque Galicia, Baleares, Canarias, Cantabria, Andalucía y Melilla lo implantaron, hasta el aluvión de resoluciones judiciales que denegaron su uso de forma generalizada, o sopesaron hacerlo, ninguna otra comunidad dio el paso. O bien porque compartían el argumento del Gobierno central o porque consideraron que lo que debía era aprobarse una norma que homogenizase criterios, entre ellas Madrid, Murcia, Navarra o Castilla-La Mancha.

El escenario ha cambiado después de que el Supremo autorizase a Galicia a aplicar la medida bajo una serie de requisitos (limitación temporal y acotada a determinados contextos). Pero, una vez que la incidencia ha caído hasta los 48,18 casos por cada 100.000 habitantes, ¿tiene sentido exigir el uso del salvoconducto?

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No lo cree Cantabria, según explican fuentes de la Consejería de Sanidad a El Confidencial. La comunidad fue una de las que en verano intentó aplicarlo. "Con las altas tasas de vacunación que tenemos no es una prioridad. La cuestión ya no está sobre la mesa", precisan. De hecho, el grueso de comunidades ha levantado todas las restricciones (a excepción del uso de la mascarilla y de los protocolos en colegios y residencias, de ámbito nacional) sin recurrir a la medida. Entre ellas, las dos Castillas, Madrid, Navarra, Extremadura, Asturias o Andalucía en parte de su territorio.

No obstante, varias regiones siguen abogando por la necesidad de que el Ministerio decrete un criterio único para la aplicación de la medida como Madrid, Murcia o Valencia. "Reclamamos un marco legal único en todo el país, de manera que su utilización y exigencia para determinadas actividades sea homogénea en todas las comunidades", defienden en el departamento de Sanidad de Murcia, al igual que hizo este jueves Ximo Puig, el presidente valenciano, al anunciar el levantamiento de la mayoría de restricciones.

Otras iniciativas

Más allá de la idoneidad de usar el certificado covid como aliciente para los jóvenes, las comunidades han impulsado otras muchas medidas para captar al colectivo, como la instalación de puntos de vacunación en los campus universitarios o centros comerciales, además del lanzamiento de una campaña específica por parte del Ministerio. Y aunque Cataluña llegó a anunciar incentivos culturales para dar un buen empujón a la campaña, finalmente no puso en marcha la medida.