Los jueces invalidan el certificado covid en 4 CCAA: ya solo lo mantiene Baleares

Estaba llamada a ser una de las medidas estrella del verano, exigir un certificado covid para el acceso a determinados establecimientos, pero ha terminado por chocar contra el muro de la legalidad. Galicia y Canarias fueron las primeras en implantarlo y tras ellas varias comunidades defendieron la idoneidad de una restricción con la que se intentaba conjugar la prevención de contagios y el mantenimiento de la actividad económica. Pero todas las regiones que decidieron aprobarla, a excepción de Baleares, no han encontrado el necesario aval jurídico. El último en pronunciarse ha sido el Tribunal Superior de Justicia gallego, que este jueves tumbaba la propuesta por el simple hecho de que el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo no le había consultado previamente sobre este asunto.

Galicia fue precisamente la primera autonomía en decretar que para acceder a cualquier local de ocio nocturno, independientemente de la situación epidemiológica del municipio donde se encontrase, los clientes debían acreditar contar con la pauta completa de vacunación, haber pasado la enfermedad o haber dado negativo en una prueba diagnóstica. Además, la comunidad extendió la medida a todos los locales de hostelería de aquellas localidades con peores datos.

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Y si en su día el propio Feijóo defendió que no dudaba de la legalidad de la restricción —“hemos consultado con la Asesoría Xurídica y entendemos que la ley general de sanidad y, además, la ley de pandemias gallega posibilitan que adoptemos esta decisión sin un amparo judicial previo", dijo en una entrevista con Europa Press—, ayer el Tribunal Superior de la región le reprochaba precisamente no haberle consultado.

El asunto llegaba a manos de los jueces después de que este miércoles una asociación de hostelería de Santiago de Compostela pidiese la suspensión cautelar de la medida. A través de dos autos, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo rechazaba las pretensiones del sector, de hecho, ni siquiera entraba al fondo del asunto, argumentando que la restricción que intentaban suspender ya no tenía vigencia en Galicia porque no había sido previamente autorizada por el propio tribunal. Feijóo ya anunció que este mismo viernes pedirá permiso.

Las otras damnificadas

Canarias fue la segunda en implantar la medida, en concreto, lo hizo en Tenerife, la única isla que a finales de julio se encontraba en nivel 4 de alerta. La propuesta del archipiélago también fue recurrida por una asociación de hostelería y el TSJ de la comunidad, aludiendo a la jurisprudencia del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resolvió que los datos relativos a la salud se enmarcan dentro del derecho a la intimidad y, por tanto, no cabía exigirlos “en ese contexto”. La región había decretado el uso del certificado no solo para el acceso a bares o restaurantes, también para los gimnasios y recintos culturales.

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EFE

Andalucía y Melilla, antes de aprobar la medida, decidieron consultar al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, cuya área de actuación también incluye las dos ciudades autónomas, y obtuvieron una negativa como respuesta. Los jueces consideraron que la restricción no era “ni idónea ni proporcionada”. "El nivel de exigencia de la justificación de su necesidad debe ser muy superior al normal, lo que comporta que deba acreditarse con rotundidad que el mayor número de contagios de la denominada quinta ola tiene su origen, precisamente, en los locales de ocio nocturno", señaló el TSJA.

El listado de reveses judiciales, de momento, lo cierra Cantabria. También su TSJ ha anulado la media, aunque forma indirecta

El listado de reveses judiciales, de momento, lo cierra Cantabria. También su TSJ ha anulado la media, aunque lo hizo de forma indirecta. Los jueces anularon la última actualización del semáforo covid de la comunidad, que incluía diversas propuestas, entre ellas, el certificado.

La incógnita de Baleares

La única comunidad que sigue haciendo uso del pasaporte para el acceso a determinados espacios es Baleares. En concreto, las islas lo exigen para poder visitar a un familiar en las residencias de mayores y en recintos deportivos. De momento, no consta ningún recurso sobre la medida y tal vez esta sea la clave por la que sigue estando en vigor.

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Agencias

Y aunque otras muchas comunidades se han ido mostrando favorables a la implantación de esta medida, ninguna otra la ha aprobado. Madrid, por ejemplo, argumenta que para pedir este tipo de salvoconductos primero toda la población ha debido tener acceso a la vacuna. La portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, esbozó una idea similar cuando varias comunidades pidieron a Sánchez en la Conferencia de Presidentes que se celebró a finales de julio en Salamanca una regulación única sobre esta cuestión.

"La posición del Gobierno es evitar el estigma en aquellas personas que no estén vacunadas, que se impidiera el libre desarrollo de personas que no han tenido la oportunidad de vacunarse”, defendió la portavoz. Si bien, unos días antes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, había dado carta blanca a las comunidades para que, si lo consideraban oportuno, adoptasen la medida. De hecho, explicó que dentro de las competencias de las regiones estaba aprobar una restricción de estas características.