¿De simple pasaporte a un nuevo DNI? Qué está pasando con el certificado digital covid
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La UE no aprobó su uso masivo

¿De simple pasaporte a un nuevo DNI? Qué está pasando con el certificado digital covid

Francia ya lo pide para entrar en bares y otras actividades comunes y varias regiones españolas quieren hacer algo similar, pero ni se diseñó para esto ni está claro que sea legal

Foto: Foto: Reuters.
Foto: Reuters.

Se ha convertido en uno de los nombres del verano. Una herramienta tecnológica que en sus inicios solo estaba enfocada en casos excepcionales, e incluso se dudó sobre su aprobación o su utilidad, pero que, por las decisiones que se han ido tomando semana tras semana, va camino de ser indispensable. El certificado verde digital (CVD) o más conocido como 'pasaporte covid' ha generado la última pelea entre instituciones, empresarios y jueces en busca del control de la pandemia. Unos quieren utilizarlo como arma contra el contagio en todo tipo de situaciones, mientras que otros dudan de que esto sea ni siquiera legal y al fondo queda la Unión Europea, que aprobó su uso para unas situaciones más que concretas y acotadas. ¿El resultado? Un lío del que parece difícil salir indemne.

El último gran golpe a esta historia lo dio este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con la decisión de no avalar la medida que el Gobierno andaluz quería imponer y que buscaba convertir este documento en indispensable para entrar a Melilla y a algunos lugares de ocio y eventos. Esta decisión se suma a la de los TSJ de Canarias o Cantabria, que han tomado decisiones similares y en contra de lo dictado por el TSJ de Galicia, el único que, de momento, ha aceptado su uso para el control interno dentro de nuestro país (fuera, tenemos ejemplos como el de Francia, donde el debate está bastante más enconado). Pero ¿por qué esta disparidad en las decisiones? Como en la mayoría de medidas tomadas durante la pandemia, no tiene una sola explicación, ni mucho menos.

Foto: Pasajeros en el aeropuerto de Palma de Mallorca. (Reuters: Enrique Calvo)

Como se explicó en otro artículo publicado en Teknautas, los problemas con el pasaporte no son nuevos, sino que vienen desde que se empezó a hablar de esta solución. España fue uno de los mayores impulsores de la creación de esta herramienta desde inicios de 2021, cuando se empezó a acelerar el proceso de vacunación y se pusieron en marcha los motores para intentar reflotar el turismo para el verano de 2021. Tanto fue así que uno de los principales líderes de la medida era el diputado socialista canario Juan Fernando López Aguilar y nuestro país pronto se ofreció como conejillo de Indias para probar su funcionamiento. Pero no todos los países tenían tan claro su uso y hasta el mismo mes de junio, con los plazos casi acabados, no se llegó a un acuerdo para su utilización en las fronteras. Una luz verde para el 'green pass' tras semanas de negociaciones que promovía su uso a nivel comunitario y obligaba a todos los países de la UE a aceptar su uso evitando cuarentenas o restricciones para quien lo portase.

Ese fue su inicio, allá por el mes de junio, pero con el paso de los meses lo que iba a ser una medida extraordinaria, con un uso más que limitado, se ha convertido en el elemento de moda entre los gobiernos europeos. La UE aprobó su utilización como un método poco más que estético, de apoyo a los viajes. Servía para agilizar el paso de fronteras con tu móvil y el ahora tan de moda código QR, pero no era obligatorio tenerlo y no se podía prohibir la entrada de una persona a un país por no llevarlo, pues tenía la posibilidad de contar con una prueba negativa tomada sin certificado u otra medida alternativa. Incluso se daba permiso a los países para establecer limitaciones extra si la situación epidemiológica así lo marcaba. Además, para evitar discriminaciones o dejar a gente descolgada, se pedía a las autoridades abaratar al máximo las pruebas de diagnóstico.

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Foto: EFE.

Tan enfocado estaba este elemento al turismo, que España decidió empujar su idea en un foro de este sector y a través de la secretaría de Estado dedicada a esta industria. Pero pronto empezaron a cambiar las tornas. Ahora, ese elemento se ha vuelto un documento clave en el día a día y cada vez se busca su utilización en más situaciones. En Francia, se obliga a tenerlo para poder entrar en lugares de ocio o similares; en Portugal, ha sido un elemento clave en la reapertura de los estadios, e Italia también se está apuntando a un modelo como el francés. ¿Es legal hacerlo? Esto dicen los expertos.

¿Puede ser algo más que un pasaporte?

Las dudas legales ya se ven en las decisiones judiciales, y otros, como el abogado e ingeniero experto en derecho tecnológico y protección de datos Sergio Carrasco, entienden estas dudas. El proyecto ya despertaba dudas desde sus orígenes y no se han disipado con la extensión de su utilización, todo lo contrario. "Volvemos a lo mismo de siempre, la proporcionalidad y la idoneidad. Es decir, cuando se nos obliga a mostrar este pasaporte estamos dando nuestros datos sanitarios, información más que sensible, a diversas personas que deben tener una razón más que justificada para verlos. Además, no está claro que sea idóneo porque no se sabe a ciencia cierta la capacidad de la inmunización, ni si es válido que te den el certificado el mismo día que te ponen la segunda dosis, y queda el punto de los test PCR o antígenos... Deja muchas dudas, por lo que al final es algo que debe estar muy justificado para que se implemente la norma", comenta este experto.

En Francia, su utilización se ha aprobado por el propio Parlamento, y en Italia las medidas llegan en un decreto del Consejo de Ministros, pero en España la ministra de Sanidad ha mostrado sus dudas y hasta el propio Fernando Simón se ha mostrado en contra de la extensión de su uso para todas las situaciones, por no ser necesario e incluso ser contraproducente en un país donde la gente no es negativa frente a la vacunación. "Imponer obligaciones cuando no son necesarias no es un buen paso", aseguraba este fin de semana el epidemiólogo. En ese punto, en la necesidad, es en lo que reinciden los expertos. Se trata de un pasaporte, y así fue concebido, pero se puede extender a otros usos si se cree que puede ayudar y está ajustado a lo que se busca conseguir, pero debe justificarse correctamente.

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Foto: Reuters.

El tribunal andaluz va en esa línea. Asegura que hay base legal para imponer "una medida restrictiva de acceso a los locales de ocio fundamentada en el deseo de evitar la propagación del virus", pero rechaza dar su visto bueno en este caso. Para este tribunal, la afección de derechos fundamentales implicados como la intimidad y la igualdad podría pasar, o sea, ser proporcional. Sin embargo, considera que el "trato discriminatorio" que se deriva de la misma no respeta los otros parámetros marcados por el Tribunal Constitucional fuera de un estado de excepción: idoneidad y justificación.

Volvamos al caso de las PCR. El 'green pass' se da con un test negativo en las últimas 72 horas, haber pasado el virus recientemente (hasta los seis meses tras el contagio) o tener la pauta de vacunación completa (se planteó una caducidad de este certificado de un año), pero todo esto no evita al 100% el posible contagio, por lo que la idoneidad chirría. A esto hay que sumar que el Gobierno andaluz no acreditó "con rotundidad" que los contagios vinieran de locales de ocio nocturno y que no se estableció un plazo para esta actuación, algo que tampoco ha gustado al tribunal, por parecer que el Ejecutivo lo establece de forma perpetua. La batalla queda servida entre si es una herramienta adecuada para reabrir locales y eventos con mayor seguridad o si es una medida demasiado extrema a cambio de una garantía de efectividad muy baja.

El lío tecnológico y administrativo

El último problema aquí es el tecnológico y administrativo. Todos estos certificados funcionan a través de un documento —en la mayor parte de los casos digital— que contiene un QR que la persona encargada de la labor de control debe leer para certificar que es verdadero y que está en orden, pero ya se han empezado a ver algunos problemas al respecto. En España, las instituciones encargadas de la expedición de los certificados son las comunidades autónomas, mientras que el Gobierno central solo funciona como una especie de coordinador y vigilante, por lo que es la región la que sigue todo el proceso desde la vacunación o la confirmación del contagio a la entrega del certificado, el problema es que aquí también entra la Unión Europea y hay ciertas diferencias en los procesos que ya han provocado agujeros en el sistema.

Francia implanta el pasaporte covid

Además de las dudas sobre la gestión de las bases de datos o el uso de información tan sensible como datos sanitarios por parte de todos los implicados a través de sistemas digitalizados, una de las últimas polémicas nacidas de este pasaporte es la de los ciudadanos contagiados que fueron diagnosticados solo con un test de antígenos. En la mayor parte de España, esta prueba vale para considerarse como positivo y no se realiza una PCR de confirmación en ningún momento de la enfermedad, pero esto choca con lo pactado por los distintos países de la UE cuando se aprobó el pasaporte, que obligaban a tener uno de estos test con el resultado positivo para recibir el CVD.

¿Cuál es el resultado? Que muchos ciudadanos, la mayoría de ellos jóvenes que se infectaron en los últimos dos meses, se encuentran en un limbo legal y tecnológico: saben que han pasado la enfermedad, pero no pueden recibir el certificado al no tener una PCR que lo demuestre. Tampoco pueden vacunarse en los siguientes seis meses por protocolo y solo les queda la opción de los test PCR periódicos. Para más inri, la UE, cuando se aprobó el CVD, pidió que estas pruebas fueran gratuitas o tuvieran un precio simbólico, pero al menos en España esto está lejos de ser así.

Por último, a esto hay que sumarle las posibles falsificaciones, que ya se han dado en países como Italia y que se pueden encontrar en internet a nivel global, o los riesgos para los datos de los ciudadanos. Incluso la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), al igual que otras entidades similares en toda Europa, ha lanzado un mensaje sobre las medidas de regiones como Galicia o Canarias advirtiendo de que pedir los certificados en los establecimientos puede vulnerar los derechos de la ciudadanía en materia de privacidad y protección de datos personales.

"La utilización para estos fines de certificados acreditativos de la situación sanitaria en relación con el covid-19 implica la necesidad de contar con una base legal apropiada que se ajuste a los principios de eficacia, necesidad y proporcionalidad, atendiendo a la existencia de otras medidas de protección que puedan resultar menos invasivas, evitando efectos discriminatorios y estableciendo las garantías adecuadas. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la vacunación no es obligatoria, que hay colectivos que no pueden recibir la vacuna por razones médicas o de otro tipo y que, en último extremo, el proceso de vacunación se basa en unos criterios de priorización que suponen que parte de la población aún no haya podido acceder a la vacuna", detalla la AEPD en su comunicado.

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