Sanidad delega en cada comunidad exigir un certificado covid para acceder a los bares
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GALICIA Y CANARIAS YA LO HACEN

Sanidad delega en cada comunidad exigir un certificado covid para acceder a los bares

El ministerio asegura que las autonomías tienen "competencias" para aprobar la medida. Madrid y otras regiones habían solicitado que se estableciese un criterio único

placeholder Foto: Personal de una cafetería de Tenerife comprueba el certificado covid. (EFE)
Personal de una cafetería de Tenerife comprueba el certificado covid. (EFE)

Otra vez sin un marco común. El Ministerio de Sanidad vuelve a delegar en las comunidades y deja ahora en sus manos la decisión de exigir un certificado covid para el acceso a bares, restaurantes u otro tipo de establecimientos. Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, ha señalado que cada región, gracias a sus “competencias”, puede acordar la medida, si bien ha expresado sus dudas sobre la legalidad de que el documento acreditativo que se pida sea el pasaporte verde de la UE, porque cuando se aprobó no estaba previsto otro uso más allá de agilizar los desplazamientos entre los países europeos. No obstante, valdría otro salvoconducto, como los papales que entregan las autonomías al inocular las dosis. Así, el Gobierno central da luz verde, aunque sea de forma indirecta —Madrid y otras regiones le habían pedido que se estableciese un criterio único—, a una nueva restricción que ya se aplica en algunos lugares, y que no está exenta de polémica.

“No renunciamos a nada”, ha defendido la propia ministra cuando se le ha preguntado si descartaba impulsar una legislación que despejase las múltiples dudas que surgen en torno a esta media, pero a renglón seguido ha defendido que la prioridad ahora de Sanidad es la vacunación, garantizar una “igualdad de oportunidades” entre todos los ciudadanos.

Galicia y Canarias —en concreto Tenerife, la única isla que en este momento se encuentra en nivel 4 de riesgo— ya exigen un salvoconducto para acceder a locales de ocio nocturno, bares, restaurantes y, en el caso del archipiélago, también a los gimnasios y espacios culturales. Han sido las dos abanderadas mientras, hasta ahora, el resto de comunidades se dividía sobre la idoneidad de una medida que genera dudas sobre la limitación de derechos tanto para los usuarios como para los propietarios de los establecimientos afectados.

Foto: Imagen de un bar en La Laguna, Tenerife. (EFE)

Valencia y Baleares trasladaron al Gobierno central en su día la propuesta, si bien no habían tomado la determinación de implantarla a la espera de contar con un respaldo legal para su puesta en marcha. De hecho, el presidente de la primera de las regiones, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles que en la comunidad "no se aplicará mientras no se dé la opción a todos los ciudadanos de vacunarse", y una vez llegado a ese escenario "se estudiará" la posibilidad o no de exigir el certificado.

En términos similares se ha expresado el Govern catalán. La portavoz, Patrícia Plaja, descartó este martes la propuesta para no "perjudicar" a quienes todavía no se hayan podido vacunar. El País Vasco tampoco termina de ver la medida, mientras que la consejera de Salud de Navarra, Santos Induráin, confesaba este miércoles por la mañana que el hecho de exigir un salvoconducto encierra "una cierta discriminación" si bien, llegado el momento, "se podrá valorar, evaluar y tomar una postura coordinada con otras comunidades".

Foto: Control de temperatura en el acceso a una discoteca en Madrid. (EFE)

Por su parte, Aragón y Andalucía ven con buenos ojos la obligatoriedad de exigir un certificado para el acceso a determinados espacios. "Hemos oído muchas ocurrencias en los últimos tiempos, seguramente bien intencionadas, sin embargo esa medida no es una ocurrencia, no forma parte de ningún género literario negro, sino que es una idea seria, una idea a estudiar", ha defendido el presidente aragonés, Javier Lambán.

Mientras que Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia lo que sí han solicitado al ministerio ha sido una estrategia común para todo el país, "si no, volvemos locos a los ciudadanos y a los turistas", sostuvo este martes la portavoz del Gobierno castellano-manchego, Blanca Fernández. Petición que ha caído en saco roto.

El ejemplo francés e italiano

El debate sobre la idoneidad de exigir el pasaporte covid para el acceso a determinados espacios se ha avivado las últimas semanas después de que Francia e Italia establecieran la obligatoriedad del mismo para entrar en bares, restaurantes, cines e incluso en el transporte público de medio y largo recorrido. El objetivo último de los dos países era incrementar el ritmo de vacunación. En ambos los movimientos negacionistas tienen un peso importante, de hecho, desde que se anunciaron las medidas, se han celebrado varias protestas multitudinarias para denunciar la restricción y se ha registrado algún altercado.

Foto: Terrazas en Benidorm. (Reuters)

El escenario en España, de momento, es muy diferente. Las negativas son mínimas, pero ya hay comunidades que, al igual que Francia e Italia, plantean la obligatoriedad de que los sanitarios se vacunen. La última en hacerlo ha sido Canarias. El presidente de las islas, Ángel Víctor Torres, explicaba a comienzos de semana que su Ejecutivo está buscando "todos" los mecanismos legales para exigir a los funcionarios públicos que se hayan negado a recibir las dosis, a que lo hagan. Medida que el dirigente extendería no solo a enfermeros y médicos, también a trabajadores de residencias, de servicios sociales y policías.

Darias: "Las comunidades pueden requerir la prueba de vacunación". (Atlas)

Una propuesta que no tiene ningún viso de prosperar. El Ministerio de Sanidad siempre ha negado esta posibilidad. Sin ir más lejos, este miércoles, el Gobierno central ha retirado el recurso de inconstitucionalidad que había presentado contra la norma gallega de salud que preveía la vacunación obligatoria y lo ha hecho porque ha pactado con el Ejecutivo autonómico una disposición adicional para modificar ese punto concreto. Así, la ley recogerá ahora que "la vacuna solo se puede dispensar en el ámbito de la voluntariedad de los ciudadanos mientras no se modifique la ley orgánica estatal".

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