Los españoles se sacan el certificado covid en masa aunque aquí no tenga uso práctico

21 millones de certificados covid expedidos en España. 31.930.874 personas vacunadas. Y he ahí la gran paradoja: dos de cada tres ciudadanos con la pauta completa se han sacado el documento aunque no se permita su uso más allá de los viajes. Si en Europa el pasaporte para el acceso a bares, restaurantes, salas de conciertos, cines y otros espacios se ha convertido en la norma, aquí, tras las sucesivas sentencias judiciales, el documento ha quedado invalidado para cualquier uso alternativo. El último revés lo firmó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Baleares al denegar que se pueda exigir para asistir a grandes eventos culturales y deportivos. Mientras, las regiones siguen apremiando al Gobierno para que apruebe una ley que respalde su uso.

Los datos que ofrece de forma periódica el Ministerio de Sanidad sobre la emisión del salvoconducto son elocuentes. Canarias, según el balance de este jueves, lidera la expedición de documentos. Un 63% de los vecinos cuenta con un certificado. Tiene su lógica, cualquier persona que recale en las islas debe demostrar tener la pauta de vacunación completa, haber pasado la enfermedad o haber dado negativo en una prueba de detección del covid. Pero le sigue Galicia, y aquí, 'a priori', la razón no manda.

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La región, con 2,7 millones de habitantes, es la quinta más poblada, pero el hecho de que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo fuese el primero en acordar el uso del certificado para el acceso a locales de ocio nocturno y otro tipo de establecimientos hosteleros provocó que los habitantes de la región solicitasen en masa el documento. No obstante, tras su anulación por parte del Tribunal Superior de la comunidad, a día de hoy, a no ser que tengan que coger un avión, poco uso pueden hacer los gallegos del salvoconducto.

Precisamente, la autonomía ha reclamado insistentemente al Gobierno central una ley que ampare el uso del pasaporte “más allá de viajes internacionales”. Y este miércoles, el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, se lo volvió a trasladar a la ministra Carolina Darias. También lo exigió Madrid a través del consejero de Justicia, Enrique López, quien denunció la falta de “sustento” legal para la aplicación de la restricción.

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No obstante, el Ejecutivo de Sánchez no parece estar por la labor de abordar el asunto, al menos hasta que toda la población haya tenido la oportunidad de vacunarse. Eso dejó entrever la portavoz, Isabel Rodríguez, después de que en la Conferencia de Presidentes celebrada a finales del pasado mes de julio en Salamanca fuese una de las demandas planteadas por muchos dirigentes regionales.

Pero no solo las autonomías bajo mando del PP reclaman una ley, también las socialistas. La última ha sido Baleares tras ese revés judicial. El Tribunal Superior de Justicia de las islas censuró ayer la “falta de concreción” y la “generalidad” de la medida propuesta por el Gobierno regional. El Ejecutivo de Francina Armengol había propuesto que fuese imprescindible presentar el certificado para el acceso a competiciones deportivas y entrenamientos siempre y cuando el público asistente fuese superior a 500 personas en interiores o a 2.500 en exteriores. Pero por qué esas cifras y no otras se preguntan las magistradas que firmaron el auto. También se había solicitado para regular los aforos en eventos culturales y en bodas y bautizos con gran afluencia de gente.

No obstante, y a diferencia de las otras regiones en las que la Justicia ha denegado la restricción (Galicia, Canarias, Cantabria, Andalucía y Melilla), en el caso de las islas el no del Tribunal Superior ha sido parcial. Las juezas sí que han avalado el uso del salvoconducto para visitar a familiares en residencias de mayores por la vulnerabilidad del colectivo.

Sea como fuere, para Armengol no es suficiente. "Tiene que haber una norma estatal y hemos pedido por activa y por pasiva al Gobierno central medidas para poder abrir las actividades de riesgo de forma segura", lamentó la dirigente. Y fue más allá al remarcar que “políticamente” el Ejecutivo tiene la obligación de proteger a la población y de fomentar la vacunación.