La Policía envía a casa sin cobrar a los mandos procesados por espiar a Bárcenas

La Policía Nacional ha suspendido de empleo y sueldo a varios implicados en el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Se trata de los policías que seguían en activo recientemente procesados por la Audiencia Nacional en la trama Kitchen, derivada del caso Villarejo. Desde hace días, se encuentran en sus domicilios sin cobrar, según confirman a El Confidencial fuentes policiales y los propios afectados.

En el marco de esta pieza 7 de la investigación, están procesados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y, bajo estos dos cargos políticos, una lista de altos mandos policiales. Están acusados de urdir un plan parapolicial de espaldas a los jueces para arrebatarle a Bárcenas, entre 2013 y 2015, información sensible que pudiese comprometer al PP.

Las fuentes consultadas informan de que el director del cuerpo, Francisco Pardo, les remitió una resolución para tres funcionarios en la que les comunicaba su nueva situación por el procesamiento dictado por la Audiencia Nacional. Los afectados lo encuentran prematuro y desproporcionado, ya que el auto del juez se ha recurrido y la Sala de lo Penal lo podría revocar para que se siga investigando.

Entre quienes todavía seguían prestando servicios con normalidad en el cuerpo después de años investigados en uno de los mayores casos de presunta corrupción policial, figura el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, quien ejerció una función similar a la de un jefe de gabinete de Pino. También, el comisario Andrés Gómez Gordo, quien ostentó el cargo de responsable de Seguridad de María Dolores de Cospedal durante el periodo en el que la entonces secretaria general del PP compaginó su cargo con el de presidenta de Castilla-La Mancha.

'El cocinero'

Otro de los suspendidos es el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva, captado por Gómez Gordo para la operación, según las pesquisas. Ríos, al que apodaban ‘el cocinero’, recibió durante dos años un pago mensual procedente de los fondos reservados y un arma.

El futuro de los policías es incierto. En caso de que se confirmase la resolución del magistrado instructor, tendrían que esperar a ser absueltos tras el juicio para volver a sus puestos y poder cobrar. En caso negativo, habría que aguardar a conocer la sentencia del Tribunal Supremo. Todo este proceso se puede prolongar varios años en el tiempo.

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Los suspendidos de empleo y sueldo han recurrido su procesamiento. Alguno también ha recurrido la resolución del director de la Policía ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), competente para estudiar las decisiones adoptadas por la Administración.

Otros mandos policiales implicados ya estaban jubilados. Es el caso de Villarejo, del ex director adjunto operativo Eugenio Pino o del que fuera responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, alias 'el Gordo'. También se jubiló ya el ex responsable de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas. Este último fue cesado en 2015 tras un enfrentamiento con Villarejo, pero el juez entiende que antes de eso estuvo implicado en la trama.

La mayoría están ya jubilados

También se jubiló ya el inspector jefe Bonifacio Díaz, otro de los mandos de confianza de Pino. Fue juzgado y absuelto tras la acusación de haber introducido un 'pen drive' de origen desconocido en la investigación contra los Pujol que podría haber contaminado todo el caso.

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El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, siempre ha reivindicado que bajo su mandato se desarticuló la trama integrada por Villarejo y que durante los años de gobierno del PP anidó en el seno de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional. El ministro cesó poco después de jurar el cargo al comisario principal ya jubilado José Luis Olivera, muy próximo a Villarejo y también procesado en la causa. En ese momento, 2018, dirigía el Centro de Investigación contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco).

El juez del caso, Manuel García Castellón, procesó en julio a los implicados y cerró su investigación, la antesala a la celebración del juicio. Las fuentes policiales consultadas indican que este paso es el que marca la ley para poder suspender de empleo y sueldo a los mandos presuntamente implicados. Hasta ahora, como investigados, tan solo se les habría abierto un expediente que había quedado en suspenso a la espera de conocer el final de la instrucción penal.