La Audiencia absuelve al director operativo de la Policía por el 'pendrive' de los Pujol

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al que fuera director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, ahora comisario principal jubilado, y a su entonces asesor, el inspector jefe Bonifacio Díez-Sevillano, de los delitos de revelación de secretos, falso testimonio y estafa procesal por los que fueron juzgados en relación a la aparición de un 'pendrive' con datos personales de Jordi Pujol Ferrusola que el inspector de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales José Manuel Álvarez Luna remitió a la Audiencia Nacional ya avanzado el procedimiento que este último tribunal sigue contra la familia Pujol.

El dispositivo contenía información sobre el hijo del que fuera presidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, sobre sus negocios, sus sociedades y sus proyectos empresariales. La inclusión del 'pendrive' en medio de la causa provocó la airada reacción de la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, contra los mandos policiales, al entender que estos estaban tratando de interferir en el proceso, extremo que la sentencia de la Audiencia Provincial acaba de rechazar al no considerar probado ninguno de los ilícitos penales que se le achacaban a los dos altos cargos de la corporación.

Los magistrados de la Sección 23 han absuelto a los dos acusados, según explica la propia sentencia, porque a pesar de los numerosos testimonios aportados durante la vista, celebrada entre los pasados 9 a 12 del mes de junio, "se desconoce quién, cómo y cuándo accedió a la totalidad de la 'vida informática' de Jordi Pujol Ferrusola", sin que tampoco "se haya podido determinar cómo y a través de quién llegó esa información a poder" de Pino. Durante el juicio, tampoco pudo establecerse —continúa la resolución— "si la información fue facilitada por el comisario de Asuntos Internos" Marcelino Martín de Blas, si esta "procedía de la empresa de detectives Método-3 o si era fruto de la colaboración con ex-detectives de dicha agencia".

El dispositivo contenía información sobre el hijo del que fuera presidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley: sus negocios, sociedades y proyectos

"Nada de todo eso se ha podido acreditar", resuelve la sala, que aclara asimismo que no era el objeto del procedimiento averiguar cómo llegó el 'pendrive' a manos de los dos acusados, sino dilucidar si la decisión de aportar esa información a la UDEF "debe tener reproche penal".

Según la sentencia, no se ha podido determinar en qué fecha llegó a poder de Pino la información del 'pendrive', pero sí ha quedado acreditado que en marzo de 2015 el comisario decidió utilizar el dispositivo aún a sabiendas de que no provenía de una intervención con autorización judicial, tarea en la que colaboró Díez-Sevillano, que, según los hechos probados que relata la resolución, ni tenía conocimiento previo de la información ni había examinado el contenido del 'pendrive', por lo que ignoraba su origen ilícito. "La conducta de Pino está alejada de un correcto actuar profesional —sostiene la sala—, y su oscurantismo sobre el origen de la información puso en serio riesgo de contaminación la investigación sobre Pujol Ferrusola".

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"Su actuación", continúa, "faltó gravemente a los deberes de lealtad de la policía judicial para con la investigación procesal, pero al no constar una prevalencia de su posición funcionarial en la obtención del material informativo ilícito, ni un uso que, más allá de graves omisiones o incorrecciones formales, pueda catalogarse de alejado de la pauta profesional indicada, no parece que quepa efectuarle reproche penal".

Es más, añade la Audiencia Provincial, si este comportamiento pudiera tener reproche, estaría amparado por el cumplimiento del deber de perseguir el delito, y "más allá de irregularidades procedimentales o formales, incluso de posibles responsabilidades disciplinarias, al limitarse la conducta a la remisión (del contenido del 'pendrive') a la unidad operativa de investigación, no sería antijurídica".

Sobre el delito de estafa que también achacaba la acusación a Pino y a Díez-Sevillano, los magistrados manifiestan que no puede existir si la conducta enjuiciada es ajena a todo posible ánimo de lucro, que no existía en este caso. Para poder condenarlos por él, aclara la sentencia, falta que se haya producido un perjuicio patrimonial ilícito. La razón esencial para descartar esa calificación, continúa la sala, es que en ningún caso la conducta de los acusados estuvo guiada por el ánimo de causar este daño económico a Pujol Ferrusola y un consecuente beneficio propio. En cuanto al delito de falso testimonio que se le atribuía a Pino, la sentencia sostiene que nadie que sea finalmente acusado en un procedimiento penal puede ser, a la vez, acusado de falso testimonio por haber faltado a la verdad en alguna declaración previa de ese mismo procedimiento prestada en la condición de testigo, por lo que también cabría rechazar este ilícito.