Los lamentos del abogado de Puigdemont: "No hay cabida a la independencia en la UE"

La trastienda del 'procés' revela que los líderes independentistas eran conscientes de que estaban dirigiendo a sus seguidores hacia un callejón sin salida. Gonzalo Boye, abogado y asesor de Carles Puigdemont, reconoció en octubre de 2020 en una conversación con otro de los principales colaboradores del 'expresident', Josep Lluís Alay, que la Unión Europea nunca reconocerá el derecho de una región a independizarse de un Estado democrático. Según Boye, Bruselas solo apoyará la autodeterminación de un territorio si se puede demostrar que sus ciudadanos son una “minoría nacional” que sufre una “flagrante vulneración de derechos”, un supuesto en el que no encaja Cataluña.

La conversación entre Boye y Alay demuestra que los propios responsables de partidos como ERC y la CUP tenían dudas o estaban directamente en contra de introducir en sus discursos el concepto de “minoría social catalana”. Pero el abogado de Puigdemont recordó a Alay que esa era la única forma de que el secesionismo alcanzara algún día sus objetivos políticos. “Si no es por esa vía, en la UE no hay cabida al resto… Es que la autodeterminación solo es posible en Europa si va enmarcada en el contexto de una flagrante vulneración de los derechos de una minoría nacional”, advirtió Boye.

La frase descubre un abismo entre el discurso oficial de los líderes independentistas y el diagnóstico que luego hacen en privado. La Guardia Civil halló el texto de Boye en el teléfono móvil de Alay después de que este fuera detenido en la operación Voloh, la investigación que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, sobre el presunto desvío de fondos públicos al 'procés' y otros delitos de corrupción.

Los expertos en tecnología del Instituto Armado comprobaron que la mano derecha de Puigdemont en Waterloo había usado la aplicación de mensajería instantánea Signal, considerada de alta seguridad, para comunicarse con decenas de dirigentes secesionistas, incluido el propio 'expresident'. Por temor a que los chats fueran encontrados, Alay llegó a pedir a Boye que borrara todos los mensajes que ambos se habían cruzado. Pero Alay no siguió su propio consejo y los investigadores han usado sus conversaciones para reconstruir sus movimientos y los de su entorno.

Uno de los episodios clave se produjo el 17 de octubre de 2020, solo dos semanas antes de la operación Voloh. Alay trasladó a Boye a las 16:54 de ese día que “Marta”, en referencia a Marta Rovira, la secretaria general de ERC fugada a Suiza, no entendía la idea de “minoría social catalana”. “Quiere que le explique la clave del uso del término”, relató a Alay. “Dice que en su partido hay un gran rechazo a ello”, añadió. “Joder… es que no han entendido nada”, contestó Boye notablemente molesto. Pero Alay tenía otra mala noticia. El concepto tampoco generaba una gran adhesión en la CUP: “David [Fernández, líder de esa formación] se muestra abierto, pero un punto escéptico”.

En ese momento, Boye contó a Alay que esa estrategia era la única factible para lograr el reconocimiento de la Unión Europea a una Cataluña independiente. “Es el problema de hablar con no juristas sobre un concepto que es jurídico… Bueno, el de autodeterminación también lo es, solo que en otro marco normativo y político”, escribió Boye. “Creo que si están haciendo esas preguntas entonces es claro que vamos con mucho retraso con el tema”. Boye ya ayudó en 2019 a Puigdemont a denunciar a España ante la Justicia belga por supuestas “violaciones sistemáticas” de derechos contra la “minoría catalana”. Aunque esa denuncia y otras similares han sido archivadas, el líder de Junts per Catalunya lleva desde 2017 intentando internacionalizar el 'procés' con ese argumento.

Pero los líderes de ERC y la CUP tenían motivos para cuestionar la eficacia de ese concepto, como explicitó Alay. En marzo de 2020, siete meses antes de la conversación intervenida, el independentismo vendió como una victoria que el relator especial de la ONU para las Minorías Nacionales, Fernand de Varennes, emitiera un informe tras una visita a España en el que incluía a los catalanes en esa categoría y denunciaba supuestas “lagunas” en el respeto del Estado a algunos de sus derechos, como la “lengua” y la “enseñanza”. Era la primera vez que se consideraba a los catalanes una “minoría nacional”.

Pero el teórico triunfo tuvo poco recorrido en las filas del 'procés'. La asunción de ese concepto choca con una de las ideas-fuerza del discurso secesionista: que el derecho a la autodeterminación tiene el respaldo de una amplia mayoría de los catalanes. La realidad también desmiente que el independentismo sea un movimiento marginal. Los partidos de esa corriente ideológica han formado parte de los distintos gobiernos de Cataluña de manera ininterrumpida durante los últimos 40 años. Además, controlan todas las esferas de poder, desde los medios de comunicación públicos a las universidades, pasando por las Fuerzas de Seguridad autonómicas, la enseñanza, los sindicatos y la sanidad. Asimismo, el catalán es lengua vehicular en sus aulas. Es el castellano el que ocupa un espacio residual.

Con todo, Boye remarcó en el chat descubierto que era necesario repetir el discurso de la “minoría social” porque no había otra fórmula para aspirar a un reconocimiento de Bruselas. Alay le mostró su apoyo, según recoge el sumario del caso Voloh, al que ha tenido acceso El Confidencial. “Totalmente de acuerdo. Retrasados”, señaló Alay a las 16:57 del 17 de octubre de 2020. “Es lo que mejor define la situación”, zanjó Boye instantes después.

Los mensajes de Alay en Signal han permitido descubrir el acercamiento de Puigdemont al Kremlin en busca de una posible alianza política, ante la falta de avances en la vía europea. Para entrar en contacto con Moscú, Alay habría usado como intermediario al empresario Alexander Dmitrenko, embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona en Rusia. Junto a este intermediario, Alay participó en una supuesta venta de gas ruso a una empresa instrumental de Kong Kong y hubo un pago de 295.000 dólares. La Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado esta semana que se investigue esa operación.

El móvil de Alay también ha evidenciado que, a pesar de recibir un sueldo público de la Generalitat como director de la oficina del 'expresident', ocultó al Parlament viajes a Moscú y otros destinos para efectuar gestiones que no tenían relación con su cargo. Por esos hechos, se enfrenta a un posible delito de malversación. Otro juzgado, el número 28 de Barcelona, ya lo investigaba por financiar actividades similares con fondos públicos.