la imagen internacional del 'procés'

El analista que desarmó en el 'FT' la nueva táctica de Puigdemont en Bruselas

Tarcisio Gazzini, profesor de Derecho Internacional y experto en derechos humanos, explica por qué Cataluña no tiene ninguna base para seguir pidiendo apoyo ante la UE y la ONU

Foto: Manifestación a favor del derecho de autodeterminación de Cataluña en Zúrich en 2017. (EFE)
Manifestación a favor del derecho de autodeterminación de Cataluña en Zúrich en 2017. (EFE)

Tarcisio Gazzini (Rovereto, Italia, 1966) es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de East Anglia del Reino Unido e investigador de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra. Entre otras áreas, es experto en uso de la fuerza en derecho internacional, construcción de la paz y legalidad en derechos humanos. Días atrás, Gazzini publicó una carta en el diario 'Financial Times' en la que exponía de forma breve pero contundente su rechazo a la constante apelación del independentismo catalán al derecho internacional.

Este viernes, Carles Puigdemont demandó a España ante la justicia belga por "violaciones sistemáticas" de derechos contra "la minoría catalana", desatando así la nueva estrategia internacional del Govern: apelar al concepto de 'independencia de hecho' ('remedial secession' en inglés) para forzar los acontecimientos en Bruselas. En las siguientes líneas, Gazzini explica justamente por qué esa estrategia no tiene ningún sentido y recomienda al Govern centrar sus esfuerzos en persuadir al Gobierno español si aspira a tener alguna esperanza de éxito, en lugar de seguir gastando energías en balde buscando el apoyo internacional.

P.- El Govern lleva años tratando de internacionalizar el 'procés' y no queda muy claro si está teniendo algún éxito.
R.- Lo primero que debemos resolver es si Cataluña tiene o no derecho a solicitar apoyo internacional. Para eso, la pregunta fundamental es: ¿reúne las condiciones para apelar a la autodeterminación externa? Este derecho se daría, según el derecho internacional, en base a tres condicionantes: que Cataluña se encuentre sometida a un régimen colonial, racista o extranjero. A esto añadiríamos otra posible vía, la llamada 'independencia de hecho' o 'independencia no negociada' ['remedial secession' en inglés, empleada en la Declaración de Kosovo], que quedaría justificada si Cataluña estuviera sufriendo una violación masiva y sistemática de los derechos humanos.

El derecho a la autodeterminación es un principio fundamental en derecho internacional, está contemplado en la Carta de las Naciones Unidas y ha generado múltiples resoluciones de su Asamblea General y multitud de sentencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Por lo tanto, hay muchos órganos e instrumentos legales y no legales que velan por que todos los territorios puedan ejercer este derecho si cumplen esos requisitos. No parece que Cataluña reúna ninguno de ellos.

Quim Torra visitó recientemente Estados Unidos para pedir apoyo a varios congresistas. (EFE)
Quim Torra visitó recientemente Estados Unidos para pedir apoyo a varios congresistas. (EFE)

P.- El gobierno catalán insiste en que es víctima de un Estado represor que viola sus derechos fundamentales y ejerce la violencia y la discriminación por razón de ideología.
R.- No voy a valorar la legalidad española, pero España ha ratificado multitud de convenciones de la ONU y de la Unión Europea. Cataluña tiene sin duda derecho a la autodeterminación interna, que es el disfrute pleno de los derechos humanos para todos los catalanes desde el punto de vista de representación política, de no discriminación, de libre determinación dentro de las fronteras del Estado, de protección de las minorías, etcétera. Sobre eso no veo controversia alguna en Cataluña. [La Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas indica que el derecho internacional no puede fundamentar ninguna quiebra de la integridad territorial de los estados que respeten el principio de libre determinación de los pueblos dentro de las fronteras, que en este caso España estaría respetando].

Si en ese contexto el gobierno central se presta a un acuerdo para la secesión, fantástico, eso no implicaría ningún problema internacional. Es lo que ocurrió con los estados bálticos a inicios de los años 1920, cuando esos países y Moscú ratificaron un acuerdo para la secesión. Eso es posible aún hoy, ahí está el ejemplo de Escocia, que celebró un referéndum en 2014 con el beneplácito de Londres. Escocia podría ser hoy un estado independiente. Pero es una elección política del gobierno aceptar o no tal referéndum, nunca una obligación.

El derecho internacional es claro: la independencia solo existe en el contexto de un régimen colonial, extranjero o racista

Lo controvertido, pues, es la autodeterminación externa, el derecho de Cataluña a acudir a instancias internacionales para reclamar su independencia plena. Y sobre la gran pregunta de si Cataluña puede acceder a una independencia unilateral sin acuerdo con el gobierno central, el derecho internacional es claro: ese derecho solo existe en el contexto de un régimen colonial, extranjero o racista [Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2625 XXV]. Eso ha sido ratificado por varias sentencias como la del Tribunal Supremo de Canadá, que en 1998 insistió en que no existe ese derecho fuera de esos tres casos excepcionales.

Fíjese en el caso de los procesos de descolonización de África. La Unión Africana y los nuevos Estados debatieron [en 1964] si se debían mantener las fronteras coloniales o darle a la gente el derecho a modificarlas en base al principio de autodeterminación, y decidieron mantenerlas aun siendo injustas. En una disputa en la corte internacional en 1998 entre Burkina Faso y Mali se resolvió que mantener las fronteras era indispensable para garantizar la paz y la seguridad. El principio de integridad territorial de los estados es prioritario en todas las resoluciones de Naciones Unidas.

Tarcisio Gazzini es experto en Derecho Internacional
Tarcisio Gazzini es experto en Derecho Internacional

P.- ¿Existe algún modo de argumentar que Cataluña está bajo un régimen colonial o que España la trata como tal?
R.- Ese argumento no es plausible. Hablamos de regímenes extranjeros, racistas o coloniales y este claramente no es el caso. El Tribunal Supremo de Canadá también dijo que eso no ocurre en Quebec. Cuando hablamos de secesión de hecho o forzosa nos referimos a violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, con policía utilizando armamento y aviones militares para reprimir protestas, la prohibición de una parte de la sociedad de participar en elecciones o el uso de métodos de discriminación.

P.- Le aseguro que más de un político en Cataluña, empezando por el 'president' Quim Torra, podría coger esta última respuesta y afirmar que es exactamente lo que está ocurriendo, en especial con la represión policial del 1 de octubre y el actual juicio a sus responsables.
R.- No lo comparto. España es considerado un país que respeta plenamente la legalidad internacional y está sometido a mecanismos de supervisión. Es miembro de la Convención Europea de Derechos Humanos y no hay indicios que sugieran que está incumpliendo sus obligaciones internaciones a este respecto.

P.- Se ha comparado a Cataluña con Escocia, Quebec, Kosovo, últimamente Eslovenia… La conclusión es que sí existen precedentes en los que se pudo votar.
R.- Escocia es una región similar a Cataluña. Los escoceses gozan de altas cotas de autogobierno igual que los catalanes, ellos lo deciden casi todo excepto la política exterior y la seguridad. Pero es decisión de Londres decidir si acepta o no el referéndum, igual que de Madrid. Alguien puede decir que el gobierno británico es más democrático que el español porque aceptó la posible independencia de Escocia, pero desde el punto de vista del derecho internacional no estaba obligado. Tampoco estaba obligado Canadá, donde la Constitución especifica que la secesión ha de negociarse con la Federación aunque gane el 'sí' en un referéndum. Cada gobierno decide si acepta o no ese tipo de consultas. Quizá el próximo gobierno de España esté dispuesto a acordar un referéndum pactado y aceptar el resultado.

Detalle de una manifestación independentista en Barcelona. (EFE)
Detalle de una manifestación independentista en Barcelona. (EFE)

P.- El independentismo apela al 'derecho a decidir' del pueblo de Cataluña, entendido como una nación sin Estado. Esa es la raíz de todo.
R.- El concepto 'pueblo' lo complica todo. Hablamos de la autodeterminación de los pueblos, pero no conocemos exactamente qué significa pueblo. El Tribunal Supremo de Canadá dice sobre Quebec que la palabra 'pueblo' tiene "poca elaboración formal" y eso supone un problema grande. Fíjese en Yugoslavia y en la independencia de Bosnia. ¿Debemos entender como pueblo de Bosnia la república completa que formaba parte de Yugoslavia, o los serbios, musulmanes y los croatas de Bosnia? Hablar del 'pueblo' para justificar una independencia abre la caja de Pandora. En relación al caso de Eslovenia, espero de verdad que no ocurra lo mismo en Cataluña. En Eslovenia hubo un conflicto. Corto, es verdad, pero hubo violencia y muertos. Según el derecho internacional, ni siquiera en el caso de Eslovenia estamos seguros de que se cumplieron las condiciones para exigir la independencia.

Hablar de 'pueblo' para justificar una independencia abre la caja de Pandora

P.- España no tiene obligación de facilitar la independencia, ¿pero tiene por lo menos la obligación de sentarse a negociar un referéndum como piden los independentistas?
R.- Es un argumento plausible pero, de nuevo, no hay norma que obligue a ello. Por supuesto es bueno que haya debate democrático, es un derecho protegido por multitud de instrumentos de derechos humanos como la libertad de expresión, pero obligación formal para ello, ninguna.

P.- ¿Cómo cree que hubieran actuado países europeos como Francia, Alemania o Italia? ¿Serían más abiertos y democráticos que España en un caso similar?
R.- Todos los Estados están extremadamente preocupados por los riesgos que socavar la integridad territorial puede implicar. Por eso España, Italia, Francia o Alemania, también Canadá, son muy reacios a asumir que el derecho internacional ampare a cualquiera de sus regiones, pues cualquier precedente desataría una cascada de reclamaciones en todo el mundo. Muchas serían reivindicaciones pacíficas, pero en otras habría conflictos. Por eso la Asamblea General lo limita a régimen colonial, racista o extranjero. Nada más.

El presidente Pedro Sánchez en la Asamblea General de las Naciones Unidas. (EFE)
El presidente Pedro Sánchez en la Asamblea General de las Naciones Unidas. (EFE)

P.- Si el derecho internacional no ampara a Cataluña y en España se están respetando los derechos humanos y libertades de su población, ¿qué solución tienen los independentistas?
R.- Tratar de que un futuro gobierno en España sea favorable a negociar ese referéndum y a aceptar su resultado. La población de Cataluña tiene el derecho a exigir la completa garantía de sus derechos humanos, como la libertad de expresión, la no discriminación y la protección de sus ciudadanos, y eso parece que se está cumpliendo. Para salir de ese callejón su única herramienta legal es persuadir al gobierno de España que surja de sucesivas elecciones.

P.- ¿La conclusión entonces es que deben dejar los catalanes de apelar a la ONU y al derecho internacional para exigir el referéndum?
R.- Así es. No tiene sentido seguir invocando un derecho que no existe por el momento.

No se puede tomar en serio la independencia de hecho ['remedial secession'] en el caso de Cataluña

P.- Le adelanto que el Govern lleva un tiempo apuntando a la 'independencia de hecho' ('remedial secession') como último cartucho.
R.- Esa es una medida extrema bajo circunstancias muy graves de violación de derechos fundamentales. No se puede tomar en serio esta solución en el caso de Cataluña.

P.- Pues Carles Puigdemont lleva un año y medio haciendo 'lobby' en Bruselas para convencer a Europa de que la lucha de Cataluña es justa y merece apoyo internacional.
R.- Sí, pero dudo mucho de que las instituciones europeas estén por la labor de aceptar que existe alguna razón objetiva que justifique su intervención. En mi opinión, la labor de Puigdemont difícilmente dará algún fruto. En las actitudes de los gobiernos europeos y en las sentencias de la Corte Internacional de Justicia claramente se ve que sería muy difícil, si no imposible, poner a acuerdo a todos los Estados para cambiar la regulación en base a lo que reclama Cataluña.

P.- ¿Incluso si el pueblo catalán se alza pacífico contra leyes injustas? ¿Qué le parece la afirmación de que la voluntad del pueblo está por encima de ley, argumento usado frecuentemente por el Govern?
R.- Esa afirmación claramente atañe a la política doméstica y España es un país democrático. El Govern puede, a través de sus partidos políticos, promover su agenda y participar en el proceso para cambiar las leyes, y el gobierno central tiene la obligación de garantizar que los secesionistas puedan promover esa agenda dentro de los cauces legales españoles.

Carles Puigdemont en un acto reciente en Bruselas. (EFE)
Carles Puigdemont en un acto reciente en Bruselas. (EFE)

P.- Puigdemont ha dicho recientemente que uno de los mayores logros a nivel internacional es que el mundo ha descubierto la gran dignidad del pueblo catalán.
R.- Este tipo de afirmaciones son declaraciones políticas sin relevancia desde el punto de vista del derecho internacional.

P.- ¿Ha perdido Cataluña su 'momentum'?
R.- Hubo mucho interés internacional en las semanas del referéndum. Multitud de artículos, blogs, opiniones de expertos. Ahora ese interés ha bajado, aunque el asunto no ha terminado y seguirá siendo un factor muy importante en las próximas elecciones y en el futuro gobierno de España. Existe la posibilidad de que el enfoque de un nuevo gobierno sea más abierto hacia ese diálogo y toda la ecuación cambie. Los esfuerzos del secesionismo catalán deben ir encaminados en esa dirección más que hacia la ONU o Bruselas.

P.- ¿Tiene justificación el argumento de que el juicio en el Tribunal Supremo es una farsa a ojos de la comunidad internacional?
R.- No me atrevo a valorar ese juicio porque no tengo toda la información. Pero el independentismo puede tener por seguro que ese juicio será monitorizado en detalle por personas cualificadas que valorarán si se están o no garantizando los derechos humanos, como es el derecho a un juicio justo de los acusados. Todo eso lo veremos al final del proceso. Los acusados siempre podrán apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y a otras instituciones, beneficiándose así de la protección de la multitud de convenios firmados por España. No tengo nada que opinar sobre el Código Penal español, pero a nivel internacional me gustaría precisar algo: del mismo modo que Cataluña no tiene ninguna base para exigir la aplicación del derecho internacional a su causa, tampoco existe en el derecho internacional ninguna norma o resolución que prohíba la declaración de independencia de un territorio. La Corte Internacional de Justicia ha dejado esto claro en la opinión consultiva emitida en 2010 sobre la independencia hecha en Kosovo.

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