Los motivos de la retirada de la Abogacía del Estado del caso Iberdrola

La retirada de la Abogacía del Estado de la pieza del caso Villarejo en la que se investigan los trabajos realizados por el comisario para Iberdrola ha abierto la compuerta de la especulación. Desde la propia compañía, que ha visto como un triunfo la baja de los servicios jurídicos de la bancada de las acusaciones, hasta aquellos que aprecian en la decisión un gesto para atemperar la batalla por la subida imparable de la luz. El paso no ha estado exento de polémica. Fuentes del departamento indican, sin embargo, que las razones son mucho más simples: no se aprecia —ni en esta parte de la investigación ni en otras muchas de la macrocausa— un perjuicio patrimonial al Estado, lo que, a ojos de la Abogacía, les impide acusar.

La decisión es solo el principio de una estrategia que ya ha ido poniéndose en marcha en otras de las más de 30 piezas que configuran el procedimiento con la salida en otra pieza, la 1 en la que se investigan las actividades del comisario Salamanca. Las fuentes consultadas ponen de manifiesto que el abandono de la acusación contra la eléctrica no se ha producido porque existan dudas sobre la comisión de delitos en esta investigación ni es el prólogo de un cierre de la pieza. Explican que es simplemente el resultado de aplicar un criterio muy meditado durante el último año y que marcará la actuación del departamento en toda la investigación a cargo del Juzgado Central de Instrucción 6.

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La respuesta ya quedaba reflejada en el escrito presentado en la pieza separada 17. De forma breve, pero muy clara, la abogada Rosa María Seona aludía en él a una falta de legitimación. Explica que el objeto es la investigación de los encargos realizados por Iberdrola a Villarejo siendo funcionario en activo de la Policía. A nivel indiciario, se acusa a los imputados, entre los que se encuentra el presidente Ignacio Sánchez Galán, de cohecho activo, falsedad y delito contra la intimidad. Ninguno de ellos supone —dicen las fuentes consultadas— un menoscabo de las arcas públicas, cuestión que justificaría la presencia del Estado como perjudicado.

Lo de Iberdrola no será la excepción, sino la regla. La Abogacía tiene la intención de plegar velas en gran parte de las piezas. Como primer paso, anunciará en breve su intención de desistir de la acusación en el primero de los juicios contra el comisario jubilado, que se celebrará dentro de unas semanas. En él, Villarejo se enfrenta a una petición de cientos de años de prisión por su papel en las piezas Pintor, Iron y Land, que se enjuiciarán conjuntamente.

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Según explican, la intención es regresar a la situación inicial en el procedimiento. La Abogacía se encontraba personada únicamente en la pieza principal y en aquella en la que se investigan los delitos contra la Hacienda Pública. En la actualidad, ve justificada su presencia en otros de los cabos de la causa. Por ejemplo, la investigación sobre el espionaje irregular al extesorero del PP Luis Bárcenas de la Kitchen, en el que se habría llevado a cabo un uso ilícito de fondos del Estado, o la pieza sobre el BBVA, en la que existen dudas sobre un menoscabo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero no muchos más.

Aunque la salida de la Abogacía no deja la causa sin acusación que la sostenga, dado que la Fiscalía está presente en todas las piezas, más allá de la especulación, el criterio del departamento ha levantado la incomprensión de un sector crítico que señala que la simple actuación ilícita de un funcionario público justifica ya de sobra la presencia de estos servicios jurídicos. Consideran los que se oponen que el bien jurídico protegido es precisamente el recto actuar de la Administración y su buen funcionamiento, y que resulta reduccionista limitar todo a un daño patrimonial.