El caso Iberdrola y Villarejo (o cómo la Fiscalía nos exigió dejar de publicar artículos)

Los periodistas somos como los delanteros de un equipo de fútbol: egoístas. Siempre queremos meter el gol con el que abres el periódico, publicar la información más influyente, la noticia de más impacto. La nuestra siempre es mejor que la del compañero. Al que le gusta esta profesión cree que tiene que ser titular indiscutible y acepta de mala gana que le cambien su tema al segundo 'scroll' de la página. No obstante, a veces, el triunfo viene de una jugada colectiva, de la suma de unas individualidades que, bien ensambladas, dan lugar a que el remate final se lo apunte el periódico, cuya salud financiera, sin deudas ni servidumbres, es vital para publicar determinadas historias que valen su peso en oro.

El caso Iberdrola y la vinculación de la compañía con Villarejo es un buen ejemplo de la aportación de varios de los que formamos El Confidencial, del trabajo de distintos colegas, de especialistas en diversas materias, que por lo general hacemos la guerra por nuestra cuenta, pero que esta vez pusimos el interés general por encima del personal. Porque la primera investigación, las primeras pruebas de los pagos de la primera eléctrica española al comisario de Policía la hizo José María Olmo, a quien una fuente no identificada le facilitó unos audios cuyo contenido había que confirmar.

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Corroborar que quienes hablaban eran el entonces jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, y el comisario de la Policía Nacional, y que las grabaciones no habían sido cortadas o manipuladas, llevó su tiempo, mucho más del que la presión diaria de un diario digital permite, en competición permanente por unos índices perversos de audiencia. Pero lo que estaba en riesgo era la credibilidad de un periódico que se había jugado la cabeza y la cuenta de resultados con muchos bisontes de la pradera que forman el Ibex 35.

Aquellos audios podían ser una trampa. La mercancía podía ser una bomba que, de no manejarla con tacto, podía estallar en nuestras manos. Tras meses de investigación, a mediados de octubre de 2019, Olmo publicó las primeras conversaciones en las que el directivo de Iberdrola y Villarejo hablaban de unos trabajos presuntamente ilegales, como el seguimiento a políticos que se oponían a la instalación de un plan de ciclo combinado en Andalucía, o el presunto espionaje a Florentino Pérez, presidente de ACS, enemigo número uno de Ignacio Sánchez Galán, el primer ejecutivo de la eléctrica.

Si el presidente se ocupa del despido de un ejecutivo de cuarto nivel, recibiéndolo en su casa un fin de semana, el asunto suena a gordo

Aquel primer disparo provocó un 'shock' en Iberdrola, que ordenó una investigación interna de inmediato para esclarecer las informaciones. Ese terreno, el empresarial, ya era cosa de los de la sección de Empresas, poco duchos en los ambientes policiales, pero con buenas fuentes en la organización de la compañía. A los pocos días, pudimos dar la exclusiva del despido, con indemnización millonaria de por medio, pactada en la propia mansión de Galán, del jefe de Seguridad que negociaba con Villarejo. Si el mismísimo presidente se ocupa de un ejecutivo de cuarto nivel, recibiéndolo en persona en su domicilio un fin de semana, el asunto suena a gordo.

Después, la destitución de Manuel Delgado, consejero de ACS, por haber colaborado presuntamente con el policía para dar información de la constructora a su rival. Un buen hombre, fallecido este año, amigo personal de Florentino Pérez que, pese a su dolor personal por esta presunta traición, no dudó en aceptar una dimisión presentada por burofax en la misma mañana en la que El Confidencial difundió nuevos audios que le implicaban.

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Fue un mes y medio trepidante de información que culminó la primera semana de diciembre cuando pillé, como así decimos en la jerga periodística, el documento que se ha convertido en la prueba principal de la causa. Un informe, guardado en una notaría desde hacía más de 15 años, en el que se relataba una trama de facturas falsas a Villarejo, de la que supuestamente tenían conocimiento el presidente de Iberdrola, el número dos en aquel momento, el que lo es ahora mismo y el máximo responsable corporativo. Unos papeles cuya existencia negó la compañía, que se puso de acuerdo con una de las empresas pantalla para desmentir la veracidad del relato, pese a los rastros de los pagos que habían dejado en la Agencia Tributaria.

Obtener el informe llevó, como los audios, meses. Prácticamente nueve meses de cafés, organizados sobre la marcha para evitar cualquier seguimiento, alguna que otra cerveza con las fuentes que querían probar nuestra disposición a contar la información, a atrevernos a disparar esa munición sobre la segunda mayor empresa del Ibex 35. La desconfianza fue grande desde el primer momento. Ellas querían asegurarse de que aceptaríamos el reto y nosotros cerciorarnos de que no íbamos a ser presas inocentes de una intoxicación con mucho riesgo.

El documento que se convirtió en la prueba principal de la causa fue un informe guardado en una notaría desde hacía más de 15 años

Después de los tres primeros meses, admito que tuve momentos en que quise renunciar. Invertía mucho tiempo y no recibía una prueba de fe, algo que acreditase las supuestas irregularidades de una trama que llegaba hasta los servicios secretos del Estado, el CNI. Horas escuchando unas películas difíciles de chequear mientras tenía que seguir atendiendo las operaciones diarias corporativas de compra y venta de empresas, vamos a decir que ordinarias. La actualidad mandaba. Pero Olmo, por un lado, y yo por el otro, logramos finalmente los documentos sonoros y en papel que corroboraron unos indicios ya en manos del juez.

El Confidencial, como empresa, fue consciente de la relevancia de la información, de que no era otra de las piezas del caso Villarejo, cuando la Fiscalía nos envió un escrito con la orden explícita de no publicar más informaciones sobre Iberdrola. Por supuesto, el periódico, con el editor y el director a la cabeza, no aceptó la coacción. El ciudadano tenía el derecho a saber, máxima que está por encima de cualquier interés económico. Sabíamos que habíamos tocado fibra muy sensible cuando nos imputaron por seguir contando la documentación que íbamos consiguiendo, ahora ya con más seguridad, siempre dando la opción a la multinacional eléctrica de dar su versión de los hechos.

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Una vez que la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional tomaron cartas en el asunto, el trabajo de Beatriz Parera y Pablo Gabiondo, los compañeros de tribunales, fue esencial para hacer un seguimiento continuado de lo que se cocía en sede judicial. Un trabajo ímprobo, de más de año y medio, en el que fuimos descubriendo otros pagos a fundaciones vinculadas al PSOE, al PP y a partidos catalanes, así como entregas de dinero en mano a empresarios colocados en consejos regionales afines a Iberdrola. Se presupone que todas legales, al menos vistos con los ojos de aquellos tiempos, pero comprometedoras desde el punto de vista reputacional.

Porque, precisamente, la reputación es lo que une a El Confidencial y a Iberdrola en este serial, que la otra parte se ha tomado como una guerra. El periódico se ha jugado la suya, publicando información veraz, mientras la eléctrica trata de proteger su honor corporativo, afeado ya por la imputación de cuatro directivos. Un envite para el que ha fichado a golpe de talonario numerosos bufetes de abogados nacionales e internacionales y por el que ha puesto demandas y querellas a todos los que han osado, incluido Florentino Pérez, atreverse a disentir.