El juez ofrece protección policial al testigo clave de los pagos de Iberdrola a Villarejo

José Antonio del Olmo, el testigo clave del caso Iberdrola y Villarejo, anda más tranquilo. En su condición de jubilado de la eléctrica, vuelve a pasear con más calma por Bilbao, donde vive, después de que la semana pasada el juez archivase la querella presentada contra él por la eléctrica por manipular el informe interno en el que denunció las irregularidades en los pagos al comisario. Pero, no obstante, la Audiencia Nacional le ha ofrecido protección policial por el riesgo sobre su integridad personal, al considerarlo una persona esencial para esclarecer los hechos.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas próximas a la pieza 17 del caso Tándem, que investiga las 17 facturas, la mayoría de ellas sin pedido oficial, abonadas por Iberdrola a Villarejo durante 13 años de relación. Según estas fuentes, Del Olmo ha rechazado en una primera instancia las medidas de protección que le ha propuesto el magistrado Manuel García-Castellón, si bien ha dejado en manos de la autoridad judicial y de Asuntos Internos evaluar si su integridad física pudiera correr peligro.

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El que fuera 'controller' o responsable de visar los pagos del Departamento de Seguridad de Iberdrola a Cenyt, la sociedad de Villarejo, desde 2004 hasta 2017, ha comentado al juez que prefiere seguir teniendo su vida de jubilado, alterada por ser la persona que denunció internamente la supuesta trama de facturas falsas, como adelantó en exclusiva El Confidencial el 2 y el 3 de diciembre de 2019. Pero le ha indicado que, “si me pasa algo, ya sabe usted quiénes son”.

García-Castellón ya le había preguntado en alguna de sus comparecencias para declarar, primero como testigo y después como imputado, si se sentía coaccionado. Especialmente después de que nada más iniciar las investigaciones la Audiencia Nacional y saliera a la luz el informe con el relato de las irregularidades, dos directivos de Iberdrola se reunieron con él en Bilbao para convencerlo de que negase la veracidad de las informaciones publicadas por este medio.

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Fueron Juan Carlos Rebollo, ascendido a responsable de Riesgos, y José Luis San Pedro, exconsejero director general del grupo energético y número dos de Galán hasta 2015, quienes le convocaron en una cafetería céntrica de la capital de Vizcaya el 3 de diciembre. Los dos ejecutivos, ambos imputados, le pidieron que se echara atrás, rectificase y firmase un documento en el que desmintiese la veracidad de un informe que Del Olmo había depositado ante notario el 20 de diciembre de 2004, cuando se le conminó a pagar las facturas a Villarejo a través de Castellana de Seguridad (Casesa), una empresa pantalla, que después transfería el dinero a Cenyt, según ha confirmado la Audiencia Nacional tras solicitar la comprobación a la Agencia Tributaria.

Querellas en cascada

Un día después, el 4 de diciembre, Iberdrola, a través del bufete Uría y Menéndez, le envió un requerimiento para “confirmar la existencia o veracidad del mismo, así como solicitar al Sr. Del Olmo toda información que obrase en su poder relativa a este asunto que pudiese resultar de interés”. El 5, la multinacional energética presentó una denuncia por falsedad ante la Fiscalía Provincial de Bilbao, en la que se pone en su conocimiento que el supuesto informe de Del Olmo no ha sido localizado en los archivos de la compañía; que no constaba su recepción por su también supuesto destinatario, y que los antiguos administradores de Casesa habían negado oficialmente las supuestas anomalías.

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En enero de 2020, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán, que le había enviado un segundo requerimiento, le interpuso una querella criminal por delito de falsedad documental, mientras Pablo Insunza, otro de los directivos imputados y que es citado en el informe interno, le cursó una segunda en los juzgados de Bilbao.

Ahora, el juez ha decidido el sobreseimiento de la querella de Iberdrola y le ha retirado su condición de imputado

El calificado como testigo clave no respondió al citado requerimiento de Iberdrola, pero su abogado remitió un escrito a la compañía en que aseveró que “el documento es auténtico”. Lo mismo dijo en su primera intervención ante el juez y en la tercera, en diciembre de 2020, cuando García-Castellón le preguntó si se sentía coaccionado o presionado, poco después de que Iberdrola rescindiese el contrato laboral de su hija.

Ahora, el juez ha decidido el sobreseimiento de la querella de Iberdrola y le ha retirado su condición de imputado sin entrar a valorar la posible existencia de indicios de delito porque los hechos estarían prescritos. Un golpe en la defensa judicial de la compañía y de su presidente, imputado por cohecho, falsedad documental y delito contra la intimidad al ser señalado por Del Olmo como una de las cuatro personas que estaban al tanto de la presunta trama.