Iberdrola utiliza a su abogado en el caso Villarejo para justificarse ante analistas

Iberdrola se enfrentaba a los analistas este miércoles por primera vez desde que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón decidió llamar en calidad de imputados tanto a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, como a su número dos, Francisco Martínez Córcoles, así como a otros exdirectivos de la firma o a la propia Iberdrola Renovables como entidad jurídica sobre la que también recaen indicios de delito.

Al igual que en otros foros, Iberdrola volvió a advertir de que PwC hizo un informe independiente que no encontró irregularidad alguna. Pero como novedad, en su defensa, la compañía esgrimía en esta ocasión una opinión legal de Baker McKenzie que, según ha señalado en una conferencia con analistas, "confirma que no hay ninguna ilegalidad o irregularidad por parte de los miembros del consejo de administración o de los altos directivos y que todos los procedimientos de gobernanza han funcionado correctamente".

Pese a lo anterior, Iberdrola no ha detallado al mercado que Baker McKenzie no es estrictamente un despacho independiente en esta causa, sino que viene trabajando y cobrando de la propia Iberdrola desde hace años para dar asesoría sobre cómo abordar su situación en el caso Tándem, así como otros trabajos de otra índole para la eléctrica.

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No en vano, aún está muy presente en la causa: la opinión legal que exculpa a Iberdrola y a todos sus directivos está firmada el pasado lunes 20 de julio por el abogado y socio de Baker Jesús Santos, mismo letrado que contrató Iberdrola para este caso a finales de 2019 y quien ha asumido ahora la defensa del consejero delegado de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles, uno de los imputados en la pieza 17 del caso que investiga los presuntos espionajes encargados por la eléctrica al comisario de policía.

El hecho de que este socio de Baker no aprecie un riesgo real de condena ni para Iberdrola Renovables ni para ninguna sociedad del Grupo Iberdrola, y que a su vez sea el defensor de uno de los directivos imputados de la eléctrica, deja entrever la estrategia de defensa de la compañía en la causa que se dirime en la Audiencia Nacional. Como ya detalló El Confidencial, el Código Penal premia a las compañías que se apartan de sus directivos y colaboran con la Justicia.

Sirva como ejemplo la actuación de Indra en el caso Púnica, que ante el aparente comportamiento delictivo de alguno de sus directivos procedió a su despido, lo que valió a la compañía, como entidad jurídica, que el juez levantara su imputación. Sin embargo, y a tenor de los acontecimientos, no parece que esta sea la estrategia seguida por Iberdrola, ya que por ahora compañía y primeros ejecutivos están yendo de la mano.

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Fuentes de Iberdrola señalan que el "que sea el abogado y socio de Baker McKenzie Jesús Santos a quien se ha asignado la defensa del consejero delegado de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles, no supone para la compañía ningún tipo de conflicto, pero en todo caso la confirmación de compatibilidad la podrá realizar el propio despacho". Baker McKenzie no ha hecho comentarios.

Por otro lado, fuentes de Iberdrola confirman que "Baker & McKenzie es el despacho que asesora desde hace mucho tiempo a una de las comisiones consultivas del consejo de administración de Iberdrola y es el que, en coherencia con el trabajo previo que ha ido realizando, ha preparado ese informe en el que se defiende que Iberdrola Renovables Energía no cometió ninguna irregularidad en la contratación de Cenyt".

La relación entre compañía y despacho se remonta a años atrás. Según el informe de sostenibilidad de Iberdrola de 2018 y 2019, Baker McKenzie ya trabajó entonces para la Unidad de Cumplimiento de la compañía, encargada del 'compliance' de la misma y de que se cumplan los protocolos. En dicho informe, se explica que se llevó a cabo "una sesión formativa global, en colaboración con el bufete de abogados Baker & McKenzie, en materia de riesgos y regulación internacional anticorrupción para aquellos empleados que, por la naturaleza de las funciones que desempeñan, podrían verse afectados por esta tipología de riesgos".

Según el informe de sostenibilidad de Iberdrola de 2018 y 2019, Baker McKenzie ya trabajó para la Unidad de Cumplimiento en 'compliance'

Precisamente, el informe que ha publicado este miércoles el socio de Baker asegura que "las actuaciones llevadas a cabo por la Unidad de Cumplimiento, que ha contado con el asesoramiento de Asesoría Jurídica y de despachos de abogados de reconocido prestigio, han sido muy exhaustivas desde que aparecieron en los medios de comunicación las primeras noticias sobre la contratación de Cenyt por el Grupo Iberdrola". No obstante, no dice qué despachos son.

La relación va más allá. Según publicó 'Vozpópuli' en 2020, Iberdrola pidió ayuda a Baker McKenzie para afrontar una posible imputación por el caso Villarejo, que no llegaría hasta casi un año después. Según revelaba, en la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo participó este despacho de abogados e hizo recomendaciones que fueron acatadas por la compañía, según apuntaba el acta de la reunión incluida en el sumario del caso.

Poco antes, a finales de 2019, cuando se abrió una pieza separada del caso Tándem por la contratación de Villarejo por Iberdrola, 'Expansión' desvelaba que entre los bufetes 'top' que contrató la eléctrica para defenderse estaban Baker McKenzie y su socio Jesús Santos, uno de los abogados penalistas de más reconocimiento en España y quien firma ahora el informe exculpatorio esgrimido por la eléctrica.

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Pero la relación entre el despacho y la eléctrica no se circunscribe únicamente al ámbito penal y al caso Villarejo. En el último año, en paralelo al asunto que dirime la Audiencia Nacional, Baker McKenzie ha asesorado a Iberdrola al menos en tres operaciones de M&A. La compra de Aalto Power en Francia, una operación de adquisición de renovables en Polonia y más recientemente también asesoró a Iberdrola en la alianza con Mapfre para invertir en renovables.

Hay otras relaciones cuestionadas. Como ya ha publicado El Confidencial, otros asesores externos de Iberdrola como PwC se han visto en el foco porque la 'big four' llevaba muchos años trabajando para la eléctrica y cobrando de la misma antes de validar su comportamiento con un 'forensic' que aseguran es independiente.