Moncloa condiciona la presencia de Sánchez en la mesa de diálogo al orden del día
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A FALTA DE FIJAR UNA FECHA

Moncloa condiciona la presencia de Sánchez en la mesa de diálogo al orden del día

El Gobierno descarga sobre la Generalitat la responsabilidad por la falta de concreción del encuentro, para el que no se han fijado fecha ni asuntos a tratar, ni quién integrará las delegaciones

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE)

La mesa de diálogo sigue atascada a escasos días de la semana del 13 de septiembre, en la que Pedro Sánchez y Pere Aragonès acordaron celebrar su segunda reunión. El Gobierno descarga sobre la Generalitat la responsabilidad por la falta de concreción del encuentro, para el que no se ha fijado fecha ni se han acordado los asuntos a tratar, tampoco los equipos que integrarán ambas delegaciones. Moncloa mantiene en el aire la presencia del presidente en Barcelona y fuentes del Ejecutivo la condicionan al orden del día que se acabe acordando entre ambas partes. Todo ello mientras Junts, socio de ERC en la Generalitat, considera "imprescindible" la presencia de Sánchez y los republicanos admiten que dificultaría la búsqueda de acuerdos.

La sensación que trasmite el Gobierno sobre la mesa de diálogo es de un cierto desinterés, aunque con la confianza de que se celebre dentro de las fechas acordadas, previsiblemente los días 16 o 17. La interlocución y el cruce de documentación se recuperaron tras la vuelta de las vacaciones, pero sin avances. La pelota se deja en el tejado del Govern, a la espera de concretar propuestas, deslizando que la falta de concreción se debe a las diferencias entre ERC y Junts, al no ponerse de acuerdo entre ellos y mantener posiciones que en Moncloa tildan de "contradictorias". La celebración de la Diada el próximo sábado está acrecentando las tensiones entre republicanos y posconvergentes y contagiando la mesa de diálogo, que se decidió situar inmediatamente después.

No se prevén más concreciones antes de los actos por la Diada de Cataluña, que este año se celebrará bajo el lema 'Lucharemos y ganaremos la independencia'. A la espera de que se ratifiquen avances, desde el Gobierno aseguran estar "bien preparados" y contar con una propuesta nítida. Se trata principalmente de su denominada 'agenda para el reencuentro', un documento con 44 medidas que Sánchez ya llevó a la primera reunión de la mesa, en febrero de 2020. Entonces con Quim Torra en la presidencia de la Generalitat.

La hoja de ruta del Gobierno pasa por que en primer lugar se concrete la fecha de la mesa de diálogo y posteriormente el orden del día. En función de las prioridades que se lleven a esta segunda reunión, se decidirá la composición de la delegación que se desplazará a Barcelona. Por parte del Gobierno, habrá representación tanto del sector socialista como de la parte morada de la coalición, que ha confirmado la asistencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La presencia o no de Sánchez seguirá así siendo una incógnita que no deja de alimentar tensiones entre los diferentes sectores del independentismo por los pasos a dar y la interferencia de la Diada.

Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. (EFE)

Para el Ejecutivo, no caben asuntos como la celebración de un referéndum de autodeterminación, horizonte al que puso fecha Aragonès —"antes de los Juegos Olímpicos de invierno de 2030"—. El mensaje que se traslada es que todo lo que esté fuera del marco constitucional también está por tanto fuera de toda negociación. Los socios morados del Gobierno también rechazan que la prioridad sea un referéndum, considerando que "no se dan las condiciones para plantearlo". La alcaldesa de Barcelona y líder de la confluencia catalana de Unidas Podemos, Ada Colau, reprochó al 'president' de la Generalitat que situase un "horizonte inmediato" para la independencia y lo conminó a "aprender de estos errores del pasado". Marcaba así claras distancias con un referéndum que en su espacio han dejado de valorar como prioritario en la agenda política.

La sensación del Gobierno es que tras la pandemia y en pleno contexto de recuperación económica, las prioridades, también para el independentismo, pasan por las "cosas de comer", como gráficamente describe un miembro del Ejecutivo, en referencia a inversiones y la mejora de la financiación. Con todo, la operación Cataluña iniciada tras la concesión de los indultos vislumbra que la comisión bilateral Estado-Generalitat será el foro donde se sustancien avances centrados en la gestión y la economía, mientras que la mesa de diálogo, más centrada en el conflicto territorial, se orientará más al relato y a visibilizar una cierta confrontación sobre la que empujan los posconvergentes, encabezados por Carles Puigdemont.

Foto: El 'exconseller' de ERC Xavier Vendrell, con Laura Borràs. (EFE)

El desarrollo de la comisión bilateral Estado-Generalitat, que se rescató antes del parón vacacional tras tres años sin celebrarse, adquiere una mayor relevancia de cara a asegurar los Presupuestos del próximo año con los votos de ERC. A pesar de ello, durante las últimas horas los republicanos han utilizado los PGE para avisar de que su apoyo a las cuentas públicas será "más difícil" si no hay una apuesta decidida por la mesa de diálogo.

La advertencia coincide con una disminución de los guiños hacia el independentismo por parte del Gobierno, que se inició tras la remodelación del Ejecutivo el pasado mes de julio y que se visibilizó en el discurso de Pedro Sánchez durante el arranque del curso político. Cataluña fue la gran ausente del discurso de Sánchez, en el que se fijaron las prioridades del Gobierno para los próximos meses.

El foco se quiere poner en la "recuperación justa", con un paquete legislativo de carácter social, y en 'descatalanizar' la agenda. En este contexto, se han aparcado medidas como la reforma del delito de sedición, al sacarla del plan anual normativo del Gobierno para 2021. Tras la concesión de los indultos, la reforma del delito de sedición se presentaba como una forma de cerrar el círculo, al facilitar con ello que volviesen a España los políticos independentistas fugados.

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