La Generalitat activa los preliminares para poner en marcha la mesa de diálogo

Los trabajos previos a la mesa de diálogo en la que el Gobierno central y la Generalitat intentarán dirimir una salida al conflicto político en Cataluña se esperan duros y complicados, ya que la parte catalana se ha autoimpuesto una serie de deberes preliminares que añaden complejidad al proceso de negociación y presión al calendario. Los partidos soberanistas, por ejemplo, han de crear una mesa estratégica que tutele la evolución de lo que se trate en la primera y, además, Pere Aragonès pretende que las formaciones independentistas acudan con una postura unitaria al encuentro. El Ejecutivo de Pedro Sánchez es ajeno a esta problemática, pero marcará la política catalana en las próximas semanas.

Estos días de agosto ya ha habido algunos contactos previos, tanto para configurar la mesa estratégica como para el acuerdo que busca ERC para unificar la postura previa y que ha bautizado como 'Pacto por la Autodeterminación y la amnistía'. Tras estas aproximaciones iniciales, se ve una mejor disposición de la CUP y un gran escepticismo por parte de JxCAT. Incluso, según apuntan fuentes republicanas, se teme que los de Puigdemont se descuelguen del pacto previo, con lo que la Generalitat podría acabar acudiendo debilitada a la mesa de diálogo cuando comiencen sus reuniones con el nuevo curso político.

El calendario aprieta porque el encuentro con el Gobierno central debería celebrarse a mediados de octubre, después de que la ANC finalice su ciclo de manifestaciones que arrancarán el 11 de septiembre y acabarán el 3 del mes siguiente. Por tanto, la mesa estratégica ya debería estar constituida para estas fechas. Se espera que, además de representantes de ERC y JxCAT, también haya alguna persona que de manera clara se identifique con el círculo más cercano a Carles Puigdemont y también de Òmnium y la ANC.

Por ahora se desconocen quiénes serán los integrantes de este organismo, igual que no se sabe qué 'consellers' y ministros van a formar parte de la mesa de diálogo. Sí que se ha advertido que los participantes han de ser miembros de la Generalitat y del Ejecutivo central.

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La mesa estratégica forma parte de los grupos de trabajo a los que hacía referencia el acuerdo entre ERC y JxCAT que firmaron Pere Aragonès y Jordi Sànchez para formar la nueva Generalitat. Allí se pactó, entre otras medidas de coordinación, la creación de una serie de equipos para el “proceso de negociación, seguimiento y valoración”. En la práctica, el papel de ese órgano pretende sustituir a la figura del relator, solo que sin ninguna autoridad en el lado del Gobierno central. Una garantía añadida ante unos votantes independentistas que se muestran muy recelosos sobre la vía que defienden abrir los de Esquerra.

Un pacto en entredicho

El pacto para la autodeterminación y la amnistía es más problemático. Sobre todo a causa del desinterés que muestra JxCAT en llegar a este acuerdo. Pero también existe un peligro si no se firma, según apuntan fuentes del soberanismo: que la mesa de diálogo nazca con el pecado original de que no se quiso cerrar este asunto. Es decir, ERC siempre podría justificar ante sus votantes que los encuentros con el Gobierno de Sánchez fracasaron por culpa de Junts. Pero al independentismo de Puigdemont le tienta jugar esa baza para alegar que el fiasco, que de una manera unos y otros ya dan por descontado, es solo responsabilidad de los republicanos.

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Este acuerdo también se tiene que cerrar en septiembre, con lo que el calendario presiona a Aragonès. A todas estas negociaciones se suman las que tiene que liderar para acordar los nuevos Presupuestos de la Generalitat. Previsiblemente, se invitará a los comunes, aunque es una incógnita qué harán los de Ada Colau, además de a fuerzas independentistas.

Otras complejidades

La mesa de diálogo tiene que durar dos años, el tiempo que ha marcado la CUP hasta la moción de confianza que marcará la mitad de la legislatura. Pero las posturas están muy alejadas. La Generalitat quiere que el Gobierno apruebe una amnistía y un referéndum pactado. Algo que parece improbable en un momento en el que Pedro Sánchez ha aparcado incluso la reforma del Código Penal para cambiar el delito de sedición, como había propuesto Podemos y el diputado Jaume Asens.

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La propuesta del PSC, y la de sectores que han mudado hacia la moderación como el propio Jordi Pujol, es modificar el Estatut. Pero no ir más allá. Es decir, posiciones muy alejadas.

De manera que se prevé que, en estos dos años, la mesa de diálogo tenga otras utilidades ya que tanto ERC como el Gobierno central carecen de incentivos para que este nuevo instrumento político muera pronto. Una de ellas, según apuntan fuentes del nacionalismo catalán, sería tratar temas que se atasquen en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que ahora se ha reactivado tras la reunión del pasado mes de agosto.