La Policía implica a siete directores de oficinas bancarias en el caso Moreno

El rastro de José Luis Moreno conduce hasta al menos siete directores de sucursales bancarias que supuestamente colaboraron con la trama. En un informe que obra en el sumario al que ha tenido acceso El Confidencial, la Policía Nacional pone el foco en responsables de sucursales que, "a cambio de pagos", se encargaban de "introducir este dinero negro en el circuito legal nuevamente". Entre los principales investigados constan el directivo del Banco Santander Javier Rumbo Lorenzo, el de Caja Rural Soria Luis Peña Andrés, el de CaixaBank Miguel Méndez López y el de Banca Pueyo Luis Ángel Moreira Ausín. Todos ellos fueron detenidos el pasado 29 de junio.

La red en las oficinas bancarias se explica a su vez por la relación del ventrílocuo con una segunda organización liderada por Carlos José Brambilla Ullosa que tiene "como actividad principal el tráfico de internacional de drogas". Los investigadores destacan la alianza entre ambos grupos para mover grandes cantidades de dinero y darle salida simulando que "eran fruto de su actividad mercantil" o blanqueándolo a través de distintas sucursales. "Todo esto no habría sido posible sin la colaboración de los empleados de banco que habían conseguido captar, y que hacían lo imposible porque se aprobasen las operaciones presentadas", explica la Policía Nacional.

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En el caso de Miguel Méndez López, director de una sucursal de CaixaBank en Madrid, los investigadores apuntan a que "recogía dinero en efectivo, se encargaba de hacer ingresos" y, además, controlaba las cuentas del propio Brambilla. En cuanto a Luis Peña Andrés, responsable de una oficina de Caja Rural Soria en Torrejón de Ardoz, supuestamente se encargaba de "recepcionar dinero en efectivo e ir realizando ingresos de 10.000 en 10.000", maniobra por la que dijo a los agentes "estar sometida a auditoría por parte del banco". También se le investiga por "el ingreso de los cheques en las cuentas" de otro de los supuestos cabecillas de la trama, Antonio Aguilera.

La operación contra el grupo liderado por Moreno arrancó en 2018 tras una estafa a Abanca

En cuanto Javier Rumbo Lorenzo, director de una sucursal del Banco Santander en Madrid, la Policía Nacional sostiene que conseguía financiación para Aguilera y "había estado trabajando" de forma directa para otro investigado, Antonio José Salazar de Castro. Entre "los colaboradores más activos" se sitúa también a Luis Ángel Moreira Ausín, el director de una oficina de Banco Pueya en Madrid que supuestamente colaboraba con otro de los hombres de la trama, José Luis Meseguer, "para la presentación de sociedades y para la posterior consecución de financiación". En cualquier caso, estos no son los únicos directores de sucursales bancarias investigados en el caso.

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Como adelantó El Confidencial el pasado junio, la operación contra el grupo delictivo presuntamente liderado por Moreno arrancó en septiembre de 2018 tras una supuesta estafa a Abanca por la que los responsables de la entidad financiera denunciaron ante el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid que habían sido víctimas del engaño de una organización criminal que había conseguido sustraerles 1.396.000 euros. La Policía Nacional y la Guardia Civil comenzaron a investigar estos hechos y comprobaron que la red también se habría apropiado de fondos de Liberbank, ING, Bankinter y Bankia. En total, este supuesto fraude bancario superaría los seis millones de euros.

La Policía Nacional ha detectado hasta 25 empleados de oficinas bancarias implicados

La organización conseguía así maquillar sus pérdidas "haciendo abuso de la operativa bancaria" a través del "establecimiento por las entidades financieras de líneas de crédito". Los bancos resultaban perjudicados, pero los investigadores no tardaron en hallar indicios de que la trama también contaba entre sus filas con trabajadores de las propias entidades. El primer nombre que se puso entonces sobre la mesa fue el de María Belén Ortega González, directora de una sucursal de Abanca en Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, a cargo del caso, la investiga por la posible ayuda que habría brindado a la hora de traspasar fondos a sociedades pantalla.

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Con base en los movimientos sospechosos detectados en el entramado empresarial, en el listado de investigados también constan Juan Manuel Vázquez Fernández, director de una oficina de Cajamar en Madrid, y Rafael Arnau Corbalan, responsable de una oficina de Ibercaja en Alicante. Ellos son los principales sospechosos, pero, a través de las intervenciones telefónicas, la Policía Nacional ha detectado que hasta 25 empleados de oficinas bancarias "han mantenido comunicación directa" con la organización.

A cada uno de ellos se les sitúa en distintos niveles en función del posible papel que jugaban en la organización y la mayor parte de ellos queda por el momento al margen de la investigación, pero la conclusión es clara: "A lo largo de este periodo se observa la continuidad en la colaboración por parte de directores de entidades bancarias, que, cuando menos, están obviando la diligencia debida a la hora de aprobar las operaciones de financiación que les presentan. Se ha comprobado que, además de esta falta de diligencia, nos encontramos ante algún hecho delictivo por su participación directa en los hechos, percibiendo beneficio personal por sus servicios".