La ley 'solo sí es sí' pondrá fin a la "impunidad" de la industria proxeneta

El Gobierno ha dado luz verde definitiva a la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual —también conocida como ley de ‘solo sí es sí’— en el Consejo de Ministros de este martes. El texto, impulsado por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, llega después de 16 meses de trámites y duros debates en el seno del Gobierno y enfrentamientos entre varios ministros, especialmente la propia Montero, Carmen Calvo y el responsable de Justicia, Juan Carlos Campo.

Este proyecto de ley, que tendrá ahora su recorrido en las Cortes, mantendrá el consentimiento expreso como columna vertebral, para lo que modifica el Código Penal. La norma unifica el abuso y la violación, buscando materializar por ley las demandas feministas que surgieron tras la violación en grupo de la Manada de Pamplona a una joven, hace justo ahora cinco años. También se perseguirá el proxenetismo, así como el acoso callejero, la mutilación genital femenina o la violencia sexual ‘online’: extorsión, acoso o pornografía no consentida.

Es, además, una ley que ampliará en España el concepto de violencia sobre la mujer más allá del ámbito de la pareja o la expareja: toda violencia sexual se considerará violencia machista, como mandata el Convenio de Estambul.

"El objetivo es claro: que ninguna mujer se sienta sola", ha afirmado Montero en un vídeo difundido en redes sociales. "Con esta ley estableceremos los mecanismos necesarios para el acompañamiento y la reparación del daño causado", ha asegurado la ministra de Igualdad minutos después de que se anunciara la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros.

Con la nueva legislación, el consentimiento será la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y la violación será toda penetración sin consentimiento, sin exigir que concurran violencia o intimidación, como ha demandado el movimiento feminista desde que se produjera la violación grupal de la Manada en 2016.

"Tenemos que transformar la cultura sexual poniendo el consentimiento de la mujer en el centro de nuestra mirada. La cuestión que queremos transmitir desde el Gobierno es que, si tú no quieres, no tienes que participar en ningún acto sexual", ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, para presumir de que España volverá a estar en la vanguardia de la protección de los derechos de las mujeres.

"Esta nueva configuración no va a suponer, de forma sustancial, una rebaja o incremento de las penas —ahora— previstas para estos delitos, pero sí se puede considerar situación de agravación de delito si, por ejemplo, la violación se está desarrollando en grupo, y por tanto, tendrá penas superiores", ha sostenido Montero.

"Tenemos que transformar la cultura sexual poniendo el consentimiento de la mujer en el centro de nuestra mirada"

La futura ley de garantía integral de la libertad sexual ofrecerá prevención, atención, sanción, especialización y reparación frente a las violencias sexuales, que reconocerá como víctimas a mujeres y también a niños y niñas, y castigará todo tipo de proxenetismo.

Además de provocar confrontaciones entre distintos departamentos ministeriales, el texto también recibió duras críticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lo rechazó unánimemente el año pasado por cómo estaba redactado su primer borrador, aunque sí que logró el respaldo del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado. Igualdad aclara que “todos los informes se han tenido en cuenta, y se han hecho cambios”, algunos incluso textuales. “Se han asumido gran parte de las observaciones”, confirman.

El consentimiento expreso

El ámbito de aplicación de la ley de ‘solo sí es sí’ comprende “cualquier acto de naturaleza sexual no consentido”, es decir, siempre que “se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”. Es decir, el consentimiento explícito es el asunto sobre el que pivota la ley, como han venido reclamando los colectivos feministas.

El objetivo del texto no es modificar las penas, que han “intentado mantener en los mismos márgenes”. La ley también prevé que no tengan relevancia los medios empleados, porque “no siempre reflejan la gravedad del acto” y “lo importante es la conducta y no los medios comisivos”. Es decir, será considerada violación “cualquier conducta sexual sin consentimiento que suponga acceso carnal o introducción de miembros u objetos sin consentimiento de la víctima”. El Ejecutivo defiende que será “un referente internacional” y destacan su “carácter integral basado en la prevención, el acompañamiento y la reparación”. Esto supondría cumplir con el compromiso con los “tratados internacionales y europeos de derechos humanos”, así como con el Pacto de Estado de 2017 y con el Convenio de Estambul.

La normativa establece que la penetración sin consentimiento será tipificada como violación, cumpliendo con el Convenio de Estambul

En las penas de los casos de abuso o agresión, que ahora serán un mismo delito, se mantiene el tipo básico de pena de 1 a 4 años, y no se llega a los cinco -que sí lo alcanzaba la legislación anterior en los casos de agresión-, ya que a partir de ahí “se tienen en cuenta las agravantes”. De esta forma se plantea una horquilla que deja espacio para plantear las conductas que se hayan llevado a cabo en cada caso. La norma establece que se pueda llegar a sentencias de hasta 15 años en los casos en los que haya dos agravantes, como pueden ser las agresiones grupales (recogiendo el guante de las protestas por el caso de La Manada), la existencia de una grave violencia o un daño también grave a la víctima, y también aumentan las penas para delitos de acoso, ya sea callejero, sexual o ‘stalking’.

Más allá del consentimiento, son muchos los puntos que aborda este proyecto. Serán considerados violencia sexual la agresión, el acoso, el exhibicionismo, el acecho o acoso callejero, la provocación sexual, la prostitución ajena, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el feminicidio sexual y, en el ámbito digital, la violencia sexual transmitida por medios tecnológicos, la extorsión sexual y la pornografía no consentida.

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Otro de los ejes clave del texto es la prostitución, que en España no es ilegal, pues nunca ha sido regulada. Lo que sí que va contra la ley es el proxenetismo, una industria con cuya “impunidad” pretende acabar Igualdad. Para ello, con la nueva ley se agravan las penas del Código Penal, y no solo se perseguirá a los proxenetas, sino también a quienes alquilen sus locales para “favorecer o facilitar actividades de explotación sexual” con ánimo de lucro y en situación de dominación sobre las prostitutas. Esta es, según el Gobierno, una “lucha contra la explotación sexual” que penaliza la prostitución ajena, es decir, el proxenetismo. En las leyes anteriores, “la regulación era ambigua, de forma que algunos tribunales no lo aplicaban”.

El texto “pretende dejar claro que esta modalidad está castigada”, sea forzada o no. Además, los casos de prostitución voluntaria han provocado, según reconoce Igualdad, debates en el gobierno y en el seno del ministerio de Montero, pero finalmente han “intentado hacer una síntesis” a partir de todos los puntos de vista. Afirman que “es un debate muy complejo y se ha intentado limitar el castigo de estas conductas a los casos en los que es claro que hay explotación ajena”. La cuestión está en la tipificación que se plantea del proxenetismo, que incluye explotación sexual ajena, cuando la prostituta está sometida a una relación de sometimiento. Para las mujeres que hayan sido sometidas a este tipo de violencia se incluye un plan de reinserción laboral, y ya se está trabajando en una ley integral de trata.

La ley también contempla la protección de los menores, y plantea que “toda conducta sexual con un menor de 16 años” sea considerada un delito contra la libertad sexual. Se diferenciarán, de todas formas, dos casos: en los que hay un consentimiento no coactivo y en los que no lo hay. Los primeros casos seguirán siendo considerados delito por ser un menor, pero la pena será menos severa: de 2 a 6 años de prisión, frente a los entre 5 y 10 años (ampliable a 15 si hay agravantes) de la segunda circunstancia. Esto tiene una evidente relación con la ley de infancia, aprobada el pasado mes de mayo.

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Desde Igualdad afirman que “han compartido camino, y por lo tanto se han ido complementando. La ley de infancia es un suelo básico para prevenir a la infancia contra todo tipo de violencia, pero hay una que es oculta y devastadora, que es la violencia sexual, y tenía que haber una protección reforzada”. Para el equipo de Irene Montero era fundamental “introducir a los niños” en la ley, porque la violencia sexual que pueden sufrir “deriva del mismo patriarcado” que la violencia sufrida por las mujeres adultas.

Las casas de la infancia son un proyecto que surge de las políticas implantadas en los países escandinavos y anglosajones y cuyo objetivo es que los niños que hayan sido víctimas de violencias sexuales “no sean atendidos de ventanilla en ventanilla”, sino que se creen “espacios amables” con profesionales especializados que estén todos juntos, de forma que los niños no tengan que ir a diversos despachos, sino a uno solo. Así, se evita la frivolidad de modelos anteriores, que dificultaba “conseguir un testimonio consistente en condiciones de no seguridad” de cara al juicio. Eso, según Igualdad, “les revictimizaba”. Este modelo lo había planteado en España la organización Save The Children, y esta la ley “lo recoge y plantea su implementación, lo que será un paso de gigante en la defensa de los derechos de los niños”.

Igualdad afirma que a partir de ahora se llevará a cabo una serie de recogida de datos e información, como con los casos de violencia de género, de las víctimas de violencia sexual, ya sean violaciones o matrimonios forzados, mutilación genital, abusos físicos, etc. Se remarcarán “especialmente los feminicidios sexuales”, una expresión avalada por la relatora de las Naciones Unidas que se incluye por primera vez en España en una ley. Según el departamento de Montero “es un reconocimiento del término, no es una tipificación jurídica”, y lo definen como “el asesinato de mujeres con un claro componente de género”.

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Sobre si serán los tribunales especializados en violencia de género los que se ocupen ahora de los casos de violencia sexual, desde Justicia explican que “no se contempla una modificación”, pero que aunque el texto “no lo articula, sí lo plantea como una posibilidad y un deseo necesario”. En el plazo de un año el Gobierno tendrá que mandar un proyecto de ley para aclarar esta cuestión. Por otra parte, el anteproyecto no plantea la ampliación de los cuerpos de Policía, sino la especialización de estos. Desde el Ejecutivo explican que los agentes “ya están especializados”, pero buscan una "especialización más transversal, con más formación y herramientas” y “no tanto un incremento de plantilla”.

16 meses de tensión en el Gobierno

El 3 de marzo de 2020, a menos de una semana de la celebración del Día de la Mujer, el Gobierno aprobó el anteproyecto de esta ley. El camino hasta ese primer visto bueno fue largo y complejo, suponiendo la primera crisis de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos, dos meses después de que esta se conformase. La cuestión es que Igualdad quería llegar al 8-M con la ley aprobada, pero los trámites en estos casos tienden a ser largos y siendo una ley integral necesitaba la colaboración de varios ministerios. Además, desde el PSOE fueron muy críticos, porque entendían que el texto carecía de “calidad legislativa”. El enfrentamiento entre Igualdad y el sector socialista del Gobierno fue muy similar al vivido también con la ley trans.

El proyecto de ley había sido redactado por las catedráticas de Derecho Penal María Acale y Patricia Faraldo, junto a María Naredo (ex directora general en Prevención y Atención frente a la Violencia de Género de Madrid) y la jueza en excedencia Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y diputada de Unidas Podemos.

El mismo día que el anteproyecto recibió la luz verde del Consejo de Ministros, el entonces vicepresidente Pablo Iglesias dijo en declaraciones a la prensa en el Senado que detrás de las “excusas técnicas” planteadas había “mucho machista frustrado”, en aparente referencia al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Además, desde Unidas Podemos señalaron que las críticas internas de Carmen Calvo se debían a que “no asumía todavía que Irene Montero tenga Igualdad”.

Una vez pasó por el Consejo de Ministros, la ley fue sometida a todo tipo de rectificaciones, haciendo que el proceso se alargase temporalmente hasta límites inéditos. Tanto Calvo como Campo señalaron todo tipo de errores técnicos, y el equipo del segundo de ellos llegó a rectificar hasta un tercio del texto. El informe de Justicia concluía rogando “encarecidamente el estudio” del texto de forma “sosegada”. Tampoco recibió el visto bueno de los ministros del Interior (Grande-Marlaska) y Defensa (Robles).

Las idas y venidas entre los departamentos ministeriales se fueron repitiendo y alargando, haciendo evidente que no se iban a cumplir los plazos previstos. Los ministros del PSOE criticaron, según adelantó El Confidencial, la confusión entre disposiciones finales y adicionales, problemas que afectaban a otras leyes o que invadían competencias autonómicas y que no se establecían tipos agravados, de manera que terminaba reduciendo las penas por agresión sexual. Margarita Robles lo llegó a calificar de “chapuza”.

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El rechazo inequívoco y contundente del CGPJ al anteproyecto de ley supuso otro varapalo para el Ministerio de Igualdad. El órgano de gobierno de los jueces se opuso a los dos asuntos centrales del texto: la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación. El informe, que no era vinculante, alertaba de que se modificaban “de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia”. Según ellos, se podría también estar desprotegiendo jurídicamente a la víctima, al no diferenciar entre diferentes delitos. Igualdad tachó el informe de "regresivo".

Pasaron los meses y la pandemia dejó en un cajón el proyecto de ley. La urgencia de priorizar la lucha contra el covid frente a cualquier otra cuestión hizo que se retrasase todavía más el proceso. En agosto de 2020, en plena desescalada posconfinamiento, el Gobierno retiró la petición de estudio de los órganos consultivos que había pedido en julio. Pablo Zapatero, secretario de Estado de Justicia, explicó en una nota que se esperaba remitir una versión “más acabada del texto” que incluyese “el criterio y las observaciones de otros ministerios” además del de Igualdad. Los ministerios hablaron de “un malentendido” y de “falta de coordinación”, y desde el equipo de Montero afirmaron que Justicia se había equivocado enviándolo en primer lugar. En octubre, volvieron a enviarlo a los órganos consultivos.

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El procedimiento se alargaba por diversos motivos, entre ellos, que la aprobación de la ley afectaría a otras leyes como la de Enjuiciamiento Criminal, la de Violencia de Género o al propio Código Penal. Además, los juristas indicaron que el borrador del anteproyecto tenía un tono “sociológico” y “político” que carecía de sentido legal.

Un año después de que se plantease el proyecto, ya situados en febrero de 2021, Igualdad se volvió a enfrentar a Justicia porque para los primeros era fundamental llegar al 8-M con la ley aprobada, pero los segundos eran más reticentes, prefiriendo ir a ritmo lento para asegurar la calidad jurídica del texto.

Ahora, 16 meses después de que comenzase todo el proyecto, la ley ha recibido el visto bueno de todos los ministerios que estaban involucrados y en septiembre será el turno del Congreso de los Diputados, donde los distintos grupos podrán proponer enmiendas que serán votadas posteriormente.