El juez da el primer paso para imputar a Iberdrola por las irregularidades de su cúpula

La imputación del presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán y de tres directivos de la eléctrica por los espionajes de Villarejo amenaza con arrastrar también a la compañía. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dado el primer paso para imputarla como persona jurídica. En un auto, el magistrado se dirige a la Fiscalía Anticorrupción para recabar su criterio antes de tomar una decisión. En su escrito, el juez se refiere a "indicios que podrían situar a esta misma mercantil en el círculo de responsables penales de esta pieza separada".

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Por una parte, la eléctrica aportó uno en el que se pone a disposición del juzgado, en otro anterior, Iberdrola reclamaba su condición de acusación y solicitaba ampliar los delitos de los que viene a acusando a un testigo clave, el que fuera director de Control de Funciones Corporativas, José Antonio del Olmo. Un tercero, presentado por una acusación, reclama directamente la imputación de la empresa. Esta confluencia de solicitudes provoca un conflicto de intereses ante la existencia de indicios contra la compañía.

En el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez manda un claro mensaje a la eléctrica respecto a su ofrecimiento de poner a los administradores y empleados a disposición del Juzgado Central de Instrucción para proporcionar su testimonio. "Debe recordarse que la comparecencia a la citación judicial no requiere de decisión alguna por parte de un órgano social. La comparecencia a presencia judicial es una obligación legal, cuya desobediencia, en su caso, podrá dar lugar a las responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento", lanza.

Además de Sánchez Galán, el magistrado del caso ha citado como investigados al número dos y consejero-director general de Negocios de Iberdrola Francisco Martínez Córcoles; al expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker, y el exjefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. Atribuye a todos ellos un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los encargos al policía.

En un reciente auto, el magistrado seguía el criterio de Anticorrupción y no solo responsabilizaba a los cuatro directivos de los encargos ilícitos a Villarejo, que en la etapa continuaba en activo, sino que precisaba que alteraron las facturas correspondientes a esos servicios para disfrazarlos con otros conceptos. En caso de que la imputación llegue a producirse, supondrá un daño reputacional añadido para la eléctrica, después de verse ya afectada por la investigación a su CEO con un coste inmediato en sus resultados de bolsa.

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El pasado mayo, la compañía lanzó una comunicación a la CNMV en la que reiteraba su intención y la de sus directivos de cooperar con la Justicia. Aludía precisamente al daño reputacional. "En relación con el caso Villarejo, cuya investigación judicial ya se prolonga varios años, llevamos sufriendo, concretamente desde 2018, un significativo desgaste".

"Como consecuencia de todo ello" Iberdrola pone "a los administradores y empleados de la sociedad a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 para que, en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible, comparezcan para proporcionar su testimonio y, de esta manera, facilitar la finalización de la investigación en curso".

En el auto de imputación de Galán, el juez García-Castellón menciona los diversos informes de cumplimiento elaborados por la eléctrica sobre esos contratos con Cenyt, y destaca los de febrero y marzo de 2020 en los que se apunta que las 12 facturas relacionadas con Villarejo, que no estaban asociadas a un pedido concreto dada su confidencialidad, debían enmarcarse en alguno de los cuatro supuestos previstos por la compañía.

La orden no se cumplió. "Se viene a reconocer que en la tramitación de las facturas correspondientes a este proyecto (...) se infringió la normativa interna vigente", destacaba el juez.

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Los conceptos de las facturas de los encargos "no respondían", además, "a la realidad". "Queda de este modo indiciariamente acreditado que los servicios no se prestaron en los términos expresados en las facturas, sino que, por el contrario, para tratar de ocultar los trabajos realizados, se procedió a la manipulación de sus conceptos", apunta el juez.

El Código Penal regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el artículo 31 bis. Dicho precepto hace responsables a las organizaciones de los delitos que cometan sus profesionales en el ejercicio de su cargo, pero estableciendo dos niveles de exigencia: uno más elevado para cuando el autor de la infracción es un directivo —o quienes "están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica"— y otro algo más laxo para los trabajadores.

Galán se prepara

Mientras tanto, el presidente prepara su defensa ante la próxima citación que se producirá a primeros de julio. En una reciente comparecencia pública, Sánchez Galán se mostró "encantado de poder ir a contar lo que no nos han dejado contar hasta ahora", después de que no se dejara personarse a la compañía en el caso.

En su participación en el 'Foro Tendencias 2022' organizado por 'El País', Galán reconoció que la imputación "no es una situación agradable", pero subrayó que le dará la oportunidad de ir a contar "su versión" después de "tres años enterándonos de las noticias por los medios de comunicación".

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Ha escogido también abogado. Fuentes jurídicas confirman a El Confidencial que el elegido para ocuparse de su defensa será el abogado del Estado excedente y socio de la firma legal Business & Law Carlos Domínguez.

El letrado representó al empresario Juan Miguel Villar Mir en otro de los procedimientos a cargo del Central de Instrucción 6 que dirige Castellón. El fundador de OHL se querelló contra el magistrado ante el Supremo por autorizar unas escuchas telefónicas entre empresario y letrado. La acción quedó archivada.