Vivir 'sin contrato' en una casa pública dentro de un complejo turístico

Distintas personas vinculadas directa o indirectamente con la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja, encargada de la gestión de este complejo histórico, cultural y turístico malagueño, han hecho un uso privado de alguno de los tres adosados que forman parte del patrimonio de la institución. Una opción que no se plasma en los estatutos, como explicó su gerente, José María Domínguez, que actualmente ocupa una de las casas, pero que PSOE y PP –a través de las distintas administraciones representadas en el patronato– han permitido y autorizado bajo la fórmula del alquiler o la cesión temporal.

Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, al menos desde 1996 y hasta la actualidad, durante periodos intermitentes, la citada fundación ha cedido u obtenido un rédito económico de estos inmuebles de titularidad pública. Esta circunstancia no sería cuestionable si no fuese porque esta posibilidad no está recogida en los estatutos del ente y porque las únicas personas que han tenido acceso al alquiler de estas viviendas tenían algún tipo de relación con el mismo. A veces, ocupando puestos ejecutivos; otras, desempeñando trabajos básicos. Y, en ocasiones, en unas condiciones ventajosas.

Por ejemplo, entre septiembre de 1996 y hasta marzo de 1999, el entonces administrador-gerente, Antonio Rivas, estuvo residiendo en una de las casas, según informaron fuentes próximas a la institución. Desde 1999 fue el concesionario del bar de la cueva de Nerja quien se instaló con su familia; a partir de 2004, le siguieron distintos conservadores que trabajan en este espacio prehistórico, sin que conste, en algunos de los casos, que se abonara cantidad alguna por vivir en unos inmuebles que cuentan con dos habitaciones, baño, cocina y salón y que están ubicados en el interior de un complejo con servicio y sistemas de vigilancia.

"Rendimiento en especie"

Los casos más recientes los protagonizan los actuales gerente y conservador. Domínguez, que ha sido el único de los contactados por este periódico que ha querido dar su versión de lo ocurrido, declaró que se vio forzado a trasladarse temporalmente a uno de los inmuebles por una circunstancia sobrevenida. “Había puesto mi casa en venta sin imaginar que iba a surgir un comprador en plena pandemia, así que me veía en la calle en un plazo de 15 días y debía encontrar un sitio rápidamente para vivir con mi familia hasta que me diesen mi nuevo domicilio”, por lo que expuso a la fundación la posibilidad de alquilar uno de los adosados.

“Para evitar cualquier problema”, el 24 de febrero realizó una petición por escrito en la que detallaba que abonaría 500 euros mensuales que, en concepto de “rendimiento en especie”, se le descontarían de su nómina de 3.200 euros netos. El plazo límite de ocupación del adosado, recoge este documento, es hasta el próximo 31 de diciembre y en el documento se especifica que el gerente se hará cargo de todas las “obligaciones y derechos” y soportará todo el coste del IRPF.

José María Domínguez aseguró que optó por incrementar el pago hasta los 500 euros "para que nadie pudiese achacarme nada"

En la solicitud también se abordó el caso del conservador, que abonará 140 euros mensuales porque “solo ocupa una sola habitación durante 10, 12 días, al mes”.

José María Domínguez aseguró que, con base en los precedentes, la fundación propuso que abonara en torno a 350 euros mensuales, que es la cantidad que al parecer había pagado un conservador en el pasado, aunque él optó por incrementar esa cantidad hasta los 500 euros “para que nadie pudiese achacarme nada”.

La petición fue valorada por la comisión permanente en una reunión telemática celebrada el 2 de marzo en la que estuvieron el vicepresidente y alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP); el interventor, José Luis Artime; el conservador, Luis Efrén; el secretario y abogado del Estado, José Antonio Jurado; y el propio gerente, que también es concejal en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga en las filas del PSOE.

Finalmente fue aprobada en una votación en la que se abstuvo Domínguez, quien defiende que esta resolución está sustentada por la Abogacía del Estado en un informe en el que se centra en avalar la fórmula de pago del rendimiento en especie. Este dictamen favorable lleva al gerente, y a la mayoría de las administraciones representadas, a considerar que la operación se ajusta a la legalidad.

Sin contrato, ni informe

No obstante, en este documento no se aborda una cuestión como la idoneidad del uso privado –aunque sea abonando– de un bien de titularidad pública, máxime cuando en los estatutos supuestamente no se recoge esta posibilidad. Sobre esta cuestión, el gerente añadió que no se pueden estar modificando constantemente el articulado y que entendía que la solicitud y posterior aprobación creaba un precedente a modo de jurisprudencia, así como el hecho de que otras personas hayan residido en los adosados.

La utilidad de las viviendas ha sido diversa a lo largo del tiempo. Dos de ellas se emplean actualmente como domicilio –del gerente y el conservador– y la tercera acoge hoy en día el Aula de Formación y hace de camerino para los artistas que participan en el Festival de Música. Aunque uno de los fines principales para los que se concibieron estos inmuebles era la de acoger a los investigadores que se desplazaban a este espacio prehistórico para realizar estudios, algo para lo que el citado directivo afirma que se destinan en el momento en que son requeridos.

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Domínguez sí reconoció que no se había formalizado ningún contrato de alquiler entre la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja, como arrendador, y él, como arrendatario, porque “nunca se ha advertido la posibilidad de hacer uno”. Una práctica que se habría venido replicando a lo largo de los años con los distintos inquilinos.

Este periódico tampoco ha podido tener acceso a ningún informe en el que se haga una valoración del precio del bien a utilizar, como han explicado distintas fuentes consultadas que es procedente cuando se opera en el ámbito de lo público. El gerente reiteró a este respecto que para calcular el importe “se utilizó como referencia” los 300 euros que abonaba el conservador que en 2009 residía en una de las casas. Esta cantidad se actualizó hasta los 344,10 con base en el IPC de marzo de 2021, pero Domínguez insistió en que “pedí que al menos fueran 500 euros al mes, más gasto de IRPF, para que no hubiese coste alguno” para el ente.

¿Pero se ajustan esos 140, 350 o 500 euros a los alquileres de la zona? El portal Idealista.com recoge un total de 67 casas en alquiler en Nerja, cuyo precio oscila entre los 375 mensuales de los estudios y apartamentos, hasta los 2.500 que piden por la villa más cara. La horquilla de las 18 viviendas que publicita Fotocasa va de los 350 hasta los 1.450 euros.

Si se examina la zona concreta de Maro, próxima a donde se ubica el complejo de la cueva, Idealista.com únicamente anuncia dos viviendas de 800 y 1.400 euros, aunque con unas prestaciones mucho mejores que las de los adosados de la entidad.

Administraciones con representación

El patronato de la Fundación Pública de Servicio Cueva de Nerja lo componen 19 patronos que son designados por distintas instituciones y administraciones, como el Ayuntamiento de Nerja, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y la subdelegación del Gobierno, organismo que elige al gerente y preside una institución que en 2019 ingresó aproximadamente cinco millones de euros.

Al estar las tres primeras gobernadas por el PP, este partido tendría en la actualidad ascendencia sobre 11 de los representantes. La vicepresidencia la ocupa desde hace muchos años el alcalde nerjeño, José Alberto Armijo, con quien trató de contactar este periódico para abordar todas estas cuestiones sin recibir respuesta. Fuentes de los ‘populares’ sí manifestaron que consideraban “razonable” el trámite seguido por el gerente y, a priori, no observaron ninguna pega a que la fundación alquile inmuebles de titularidad pública.

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La subdelegación del Gobierno, por su parte, tampoco aportó nada para resolver las dudas planteadas y fue José María Domínguez, al que nombró la actual directora de la Guardia Civil, María Gámez, quien dio la cara.

Otras fuentes consultadas por este medio se mostraron menos complacientes y consideraron que el procedimiento seguido, en este, y otros casos del pasado, es cuanto menos “poco estético”. Por este motivo, creen que es necesario que se ponga negro sobre blanco para evitar complicaciones y reforzar las garantías y los mecanismos de control.