Sánchez tendrá sobre la mesa los informes de los indultos del TS con el Govern en el aire
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La medida de gracia, a punto

Sánchez tendrá sobre la mesa los informes de los indultos del TS con el Govern en el aire

Los tiempos han querido que el Gobierno asuma la gestión directa de los indultos coincidiendo con una situación especialmente volátil en Cataluña

placeholder Foto: Los siete dirigentes independentistas presos en la cárcel de Lledoners, en diciembre de 2018. (EFE)
Los siete dirigentes independentistas presos en la cárcel de Lledoners, en diciembre de 2018. (EFE)

La fase de tramitación de los indultos de los presos del 'procés' está tocando a su fin. El Tribunal Supremo tiene previsto emitir este mes de mayo el último de los informes necesario para completar el expediente para el indulto de Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes. Acabada esta fase, el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidirá. Los tiempos han querido así que el Gobierno asuma la gestión directa de los indultos coincidiendo con una situación especialmente volátil en Cataluña, con los partidos independentistas en plena pelea y a las puertas del día 26, fecha final para la formación de Gobierno o la convocatoria de nuevas elecciones.

Una vez reciba todos los informes, que serán mayoritariamente negativos respecto a la concesión de la medida de gracia, será Moncloa quien controle los tiempos. Podrá estirarlos o encogerlos a conveniencia. Es decir, tendrá la opción de proponerlos y aprobarlos cuando le convenga, ya sea el mismo mes de junio o más adelante si no lo considera adecuado. La decisión dependerá en gran parte del escenario político en Cataluña. Que el PSC deba lidiar con una nueva cita electoral con el exministro Salvador Illa como cabeza de cartel no es lo mismo que afrontar el indulto desde la oposición a un Govern de ERC y Junts. Hay otros factores que pueden influir en la decisión, como la fecha de las primarias andaluzas, el próximo 13 de junio, y su posible impacto entre susanistas y sanchistas.

Foto: Oriol Junqueras. (EFE)

El Ejecutivo se encontrará, en cualquier caso, en situación vulnerable. No podrá ya escudarse en el Supremo —que hasta ahora ha ido reclamando el parecer de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los propios interesados— para justificar posibles retrasos. La presión de ERC, con su líder en la cárcel, se incrementará. De la cintura de Moncloa para gestionarla dependerá la salud de la coalición que incluye a Esquerra entre sus socios preferentes.

El expediente completo que será remitido al Ministerio de Justicia incluirá el criterio de la Fiscalía del TS, los servicios jurídicos del Estado y el tribunal sentenciador. Los dos primeros no son favorables y el tercero, aún pendiente, no lo será tampoco previsiblemente, ya que resulta poco menos que impensable que los mismos magistrados que decidieron por unanimidad condenas de hasta 12 años consideren ahora que estas deben desactivarse.

El Ministerio Público se pronunció en contra de indultar a los 12 penados por la comisión de delitos de sedición, malversación y desobediencia. Para los fiscales, condonar las penas cuando la función pública que desempeñaban los condenados ha sido el vehículo necesario para la comisión del delito sería una decisión "tan injustificada como arbitraria". Subrayaron, además, que el artículo 102.2 de la Constitución prohíbe el indulto para los presidentes y los demás miembros del Gobierno "si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones".

Foto: El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

La Abogacía del Estado no apoyó expresamente la concesión de indultos a los políticos condenados, pero sí puso el acento en la reparación del daño económico aparejado al delito de malversación tras la entrega de una fianza de 4,1 millones de euros en el Tribunal de Cuentas. Los servicios jurídicos del Estado no emitieron un informe favorable y se limitaron a realizar esta apreciación que, eso sí, puede servir de 'percha' al Ejecutivo para posicionarse en un futuro sobre la gracia. En cuanto al tribunal, ha dejado entrever su postura en resoluciones anteriores, como aquella en la que desactivó el tercer grado anticipado de los presos.

Hace unos días, el Supremo quiso también conocer la opinión de los condenados. El único en ofrecerla fue el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que respondió al alto tribunal que no ha pedido ningún indulto, que no se arrepiente de nada y que su prioridad no es salir de la cárcel sino la resolución del "conflicto político" en Cataluña, empezando por la amnistía como "respuesta colectiva". El resto ha renunciado a dar su parecer.

El indulto es siempre de carácter excepcional y consiste en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme. Requiere, para su tramitación, de la elaboración de un informe del tribunal sentenciador que no tiene carácter vinculante para el Gobierno, que puede hacer lo que considere. No obstante, y aunque la prerrogativa de concederlo es del Ejecutivo, otra sala del Tribunal Supremo, la de Contencioso, se encargaría de revisarlo si se interpusiera un recurso en contra, que el PP ya ha anunciado que presentará. La posibilidad de revisión por parte de la Justicia se remonta al año 2000. Por entonces, la Sala Tercera reconoció por primera vez su capacidad para controlar esta medida de gracia y desde entonces ha ido desarrollando doctrina al respecto.

La fase de tramitación de los indultos de los presos del 'procés' está tocando a su fin. El Tribunal Supremo tiene previsto emitir este mes de mayo el último de los informes necesario para completar el expediente para el indulto de Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes. Acabada esta fase, el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidirá. Los tiempos han querido así que el Gobierno asuma la gestión directa de los indultos coincidiendo con una situación especialmente volátil en Cataluña, con los partidos independentistas en plena pelea y a las puertas del día 26, fecha final para la formación de Gobierno o la convocatoria de nuevas elecciones.

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