Unidas Podemos incrementa la presión para estar representado en el poder judicial

Unidas Podemos está presionando para no quedarse fuera del inminente pacto entre el PSOE y el PP que renovará las instituciones, especialmente el Consejo General del Poder Judicial. Moncloa y el principal partido de la oposición están a punto de cerrar el acuerdo, que sería el primero de la legislatura.

Sobre el CGPJ, el PP condicionó el acuerdo a verificar que el partido de Pablo Iglesias quedaba fuera. Ahora asegura que ha rectificado, por lo que acepta negociar; a su juicio, Pedro Sánchez ha excluido a Unidas Podemos. Sin embargo, la formación de Pablo Iglesias, socio en el Gobierno de coalición, insiste en estar presente, al menos, con dos vocales en un reparto que daría 10 al PSOE y otros tantos al PP.

El Partido Popular está interesado en dejar claro que ha vetado propuestas de Unidas Podemos y que estos han quedado fuera, mientras Moncloa y el PSOE pretenden explicar que si bien Iglesias no ha participado en las negociaciones, sí hay vocales de su agrado. Y es así: Podemos quiere que, efectivamente, haya vocales propuestos por el partido. En las últimas horas, ha habido contactos intensos entre el negociador de los morados, Enrique de Santiago, y Félix Bolaños, secretario general de Presidencia e interlocutor del PP en las conversaciones.

Hasta entonces, Unidas Podemos estaba totalmente fuera de la negociación, incluso desconocía los términos en que se estaba planteando. En la lista inicial del PSOE, había dos candidatos que pretendían asimilar como propuestos por Unidas Podemos, pero este partido no los reconoce como tal. Serían Ignacio Espinosa y José María Fernández Seijo. En el anterior intento de renovación, el pasado verano, el PP ya rechazó a María Victoria Rosell y a José Ricardo de Prada y ahora ha vuelto a hacerlo.

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Fuentes de Unidas Podemos desearían que otros partidos como ERC también propusieran un vocal, pero casi lo dan por perdido. A su vez, el PP podría ceder uno de los 10 que le corresponden al PNV que, tradicionalmente, ha tenido representación en el CGPJ.

Los 20 vocales elegidos por el Congreso y el Senado deberán designar en su primera reunión un presidente. El Gobierno quiere que sea una mujer y baraja nombres como Pilar Teso o Clara Martínez de Careaga, como adelantó este miércoles El Confidencial.

El acercamiento del Gobierno y el PP

Por primera vez en la legislatura, parece estar al alcance de la mano un acuerdo entre los dos principales partidos. Hasta la fecha, la distancia, e incluso la falta de interlocución, ha sido la nota dominante en las relaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Casado.

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Las tornas empezaron a cambiar cuando pocos días después de las elecciones del 14-F en Cataluña, el presidente del Gobierno se puso en contacto con el líder del PP para retomar las conversaciones sobre el desatasco de cuatro instituciones con sus gobiernos en funciones o con vacantes por cubrir. El Consejo General del Poder Judicial actual, encabezado por Carlos Lesmes, fue constituido en 2013, por lo que en 2018 acabó su mandato. También hay que renovar RTVE, el Defensor del Pueblo y parte del Tribunal Constitucional.

Por primera vez en la legislatura, parece estar al alcance de la mano un acuerdo entre los dos principales partidos

El malestar por el bloqueo, en particular el del CGPJ, no ha parado de crecer. Tan es así que hace unos meses, en la entrega de despachos de una nueva promoción de jueces en Barcelona, a la que no fue el Rey, trascendió que Felipe VI había hecho una llamada para expresar su pesar por no haber acudido. La situación devino en protestas de ministros como Alberto Garzón o el propio Pablo Iglesias.

Sin embargo, el punto más alto de conflictividad se produjo cuando el PSOE y Unidas Podemos presentaron en el Congreso una proposición de ley para rebajar los umbrales de la mayoría con que el Congreso y el Senado podían designar los vocales. Era una 'reforma dura' de la ley del Consejo General del Poder Judicial que los socialistas, luego, por orden de Sánchez, aparcaron. Poco después, los socios en el Gobierno de coalición registraron otra proposición para impedir que un Consejo en funciones, como el de ahora, procediera a nombramientos. El trámite de esta iniciativa ha afectado a las relaciones del poder judicial con el Congreso.