Otro frente judicial para el PP: la causa que acorrala al padrino político de Casado
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Otro frente judicial para el PP: la causa que acorrala al padrino político de Casado

El primer jefe de Pablo Casado, el exconsejero madrileño Alfredo Prada, amenaza con abrir una nueva vía de agua en el PP con otro caso de corrupción en el que Aguirre tendrá que declarar como testigo

placeholder Foto: El exconsejero madrileño de Justicia e Interior Alfredo Prada, en una imagen de 2019. (EFE)
El exconsejero madrileño de Justicia e Interior Alfredo Prada, en una imagen de 2019. (EFE)

La lista de problemas de Pablo Casado tiene algunos nombres que le resultan especialmente familiares. El dirigente del PP que apadrinó su entrada en la política, el exconsejero de Justicia e Interior y exvicepresidente segundo del Gobierno de Esperanza Aguirre (2003-2008) Alfredo Prada tendrá que sentarse en el banquillo por un presunto desfalco millonario en el proyecto de la Ciudad de la Justicia. La Fiscalía pide ocho años de cárcel para él por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos. La causa salpica también a Aguirre. Su consejo de gobierno aprobó algunos de los contratos sobre los que pivotará el juicio.

Prada no solo concedió a Casado el primer puesto de su carrera política al nombrarlo su asesor en la Asamblea de Madrid. En julio de 2018, tras ganar las primarias a Soraya Sáenz de Santamaría, Casado lo eligió para liderar la Oficina del Cargo Popular, un órgano creado un año antes por Mariano Rajoy para que fiscalizara el patrimonio y la actuación de los cuadros directivos del partido. El objetivo era evitar nuevos casos de corrupción. Pero nueve meses después de llegar al puesto, Prada tuvo que dejarlo al ser imputado por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por los presuntos desvíos en el megacomplejo que debía servir para unificar todas las sedes judiciales ubicadas en la capital.

Foto: El exconsejero de Justicia madrileño Alfredo Prada (i), a su llegada a la Audiencia Nacional en 2019. (EFE)

El viacrucis judicial del Partido Popular no terminará con Gürtel ni con el cambio de sede. Las diligencias señalan que Prada habría dilapidado 100 millones de euros públicos. De los 15 edificios proyectados, solo se construyó uno. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el pasado 29 de enero su recurso de apelación contra su auto de procesamiento. Consideró que, en contra de lo que alegó el dirigente, los hechos que se investigan no han prescrito y enumeró los hechos que supuestamente acreditan su implicación en el objeto del procedimiento.

Según esa instancia, Prada, que acaba de confiar su defensa al bufete Business & Law, “participó directamente en determinados contratos, como el que la Ciudad de la Justicia de Madrid concertó con las mercantiles Matchmind SL, Everest de Ediciones y Distribución SL, Camaleón Publicidad SL, Foster & Partners y Fundación Arte Viva. En algunos casos, se omitió la constitución de la Mesa de Contratación, siendo la actuación del consejo de administración posterior a que se contrajeran las obligaciones por parte de la entidad”.

Foto: El exconsejero de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada (c) atiende a los medios a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid, el pasado 8 de febrero. (EFE)

La Fiscalía Anticorrupción añade que Prada y el resto de investigados, entre los que figuran otros altos cargos del proyecto judicial, "concertaron contrataciones con deliberada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de contratación, afectando a todas las fases del procedimiento de contratación: toma de decisión del gasto, selección de procedimiento de adjudicación, tramitación del procedimiento, adjudicación y ejecución".

Además, según la Sala de lo Penal de la Audiencia, el padrino político de Casado habría firmado contratos laborales presuntamente fraudulentos, como el del comisario de Policía Andrés Gómez Gordo, próximo a María Dolores de Cospedal, que fue seleccionado sin proceso previo para ocupar el cargo de director de Seguridad del recinto entre 2007 y 2009. Gómez Gordo está imputado en la operación Kitchen por el espionaje a Bárcenas. El chófer del extesorero ha declarado que el policía era su enlace con Génova.

Foto: Alfredo Prada

Sin embargo, algunos de los contratos alcanzaron tal envergadura que su tramitación no dependía de la Consejería de Justicia e Interior que dirigía Prada, sino del Consejo de Gobierno presidido por Esperanza Aguirre. Con toda seguridad, la dirigente tendrá que desfilar por la Audiencia Nacional para declarar como testigo. La viabilidad de otras imputaciones está en el aire por la aparente falta de responsables. A Prada se le atribuye un delito de malversación, pero la instrucción no ha aclarado quiénes se beneficiaron de ese presunto perjuicio al erario público.

El inicio del juicio solo está pendiente de que se fije una fecha. La actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha ignorado esta semana los problemas judiciales del proyecto y ha anunciado que pedirá 442 millones de los fondos europeos para culminar su construcción.

La lista de problemas de Pablo Casado tiene algunos nombres que le resultan especialmente familiares. El dirigente del PP que apadrinó su entrada en la política, el exconsejero de Justicia e Interior y exvicepresidente segundo del Gobierno de Esperanza Aguirre (2003-2008) Alfredo Prada tendrá que sentarse en el banquillo por un presunto desfalco millonario en el proyecto de la Ciudad de la Justicia. La Fiscalía pide ocho años de cárcel para él por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos. La causa salpica también a Aguirre. Su consejo de gobierno aprobó algunos de los contratos sobre los que pivotará el juicio.

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