Anticorrupción pide ocho años de cárcel para Alfredo Prada por el Campus de la Justicia
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TAMBIÉN SE ACUSA AL COMISARIO GÓMEZ GORDO

Anticorrupción pide ocho años de cárcel para Alfredo Prada por el Campus de la Justicia

El proyecto tenía por finalidad construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid

placeholder Foto: El exconsejero de Justicia madrileño Alfredo Prada (i), a su llegada a la Audiencia Nacional en 2019. (EFE)
El exconsejero de Justicia madrileño Alfredo Prada (i), a su llegada a la Audiencia Nacional en 2019. (EFE)

La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel para el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada por las irregularidades en el Campus de la Justicia (CJM). El Ministerio Público considera que el exconsejero de Justicia e Interior incurrió en un delito de prevaricación en concurso con otro de malversación de caudales públicos, acusación por la que se enfrenta además a 13 años de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La Fiscalía también solicita seis años de cárcel para otras cinco personas por su participación en la empresa pública que se constituyó para el proyecto.

"Junto a Alfredo Prada Presa (presidente y consejero delegado de CJM en la etapa objeto de esta acusación), dentro de la estructura directiva de la sociedad se encontraban los acusados Isabelino Baños Fernández (director general técnico), Mariano Sanz Piñar (subdirector técnico), Alicio de las Heras (director de Área Financiera), Félix García Castro (letrado asesor) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad)", explica la Fiscalía. El último de ellos, hombre cercano a María Dolores de Cospedal, es el comisario de la Policía Nacional que se encuentra a su vez imputado en la Audiencia Nacional por la llamada operación Kitchen.

Foto: El campus de la Justicia. (EFE)

El Campus de la Justicia tenía por finalidad construir un complejo de 14 edificios en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, un proyecto fallido que la Audiencia Nacional investiga desde 2018: "El capital con el que se constituyó la sociedad fue 7.350.000 euros. En 2006, tuvo una ampliación por 37.289.000 euros y pasó a tener de capital social de 44.639.000 euros", explica Anticorrupción. "Entre 2005 y diciembre de 2008, la capacidad financiera real de CJM no superaba los 121.657.728 euros, pero el total comprometido a través de contratos de CJM en ese mismo periodo fue muy superior. Entre 2005 y 2015, el importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Madrid ascendió a 355.577.355,92 euros".

Con esa cifra como telón de fondo, la Fiscalía recoge 11 irregularidades en las contrataciones: "Inexistencia de informes de necesidades a satisfacer. Incorrecta definición del objeto del contrato. Indefinición de las necesidades a satisfacer. Criterios de valoración poco precisos. Inexistencia de estudio sobre el coste del contrato salvo en los contratos de obra. Conocimiento de las ofertas económicas antes o simultáneamente al conocimiento de las ofertas técnicas. Inexistencia de participación de la Mesa permanente de contratación. Utilización sistemática de procedimientos negociados y menores con evidente fraccionamiento. Concurrencia solo aparente al ser las empresas ofertantes empresas vinculadas. Inexistencia de contrato. Asunción de gastos ajenos a su objeto social y que corresponderían a otras entidades".

Foto: Vista de los trabajos de acondicionamiento del conocido como 'donut' de Valdebebas, el único edificio construido en el inacabado Campus de la Justicia. (EFE)

En cuanto a Prada, al que Casado colocó en la oficina anticorrupción del PP hasta su imputación en marzo de 2019, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata destacaba en el último auto su intervención personal y directa durante la primera fase del Campus de la Justicia: "De entrada todos los contratos que tenían que ver con publicidad y comunicación (que alcanzan en su conjunto más de cinco millones de euros en contratación), se sustrajeron materialmente a la propia mercantil del Campus. Estas contrataciones no se decidían en la empresa, donde se limitaban a ejecutar las órdenes que llegaban desde Vicepresidencia y Consejería de la CAM, es decir, de Prada Presa, limitándose el personal de CJM a cumplir tales decisiones".

De hecho, continúa el instructor, el personal de Campus que se ocupaba de estos aspectos ni siquiera estaba en la sede de la empresa pública, sino en la de Vicepresidencia o la de la consejería de Justicia, integrado junto con el resto del personal del gabinete de Prada. Su tesis pasa por que en estos acuerdos sobre publicidad, comunicación y propaganda, todas las decisiones sobre los objetivos a alcanzar, contratos a suscribir, empresas a invitar y empresa adjudicataria eran adoptadas por el propio vicepresidente segundo, siendo él mismo, en la mayoría de los casos, quien también firmaba los correspondientes documentos de adjudicación.

A la vista de estas irregularidades y los gastos que conllevó el proyecto, Anticorrupción también solicita la remisión de la sentencia que se dicte al Tribunal de Cuentas para que valore la responsabilidad civil derivada del delito de malversación de caudales públicos, análisis que puede conllevar importantes multas a los seis acusados.

Fiscalía Anticorrupción
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