Prada, el hombre elegido por Casado para vigilar el PP, imputado por Campus

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado al exconsejero madrileño de Justicia Alfredo Prada (PP), que fue vicepresidente con Esperanza Aguirre. El magistrado le atribuye importantes irregularidades en la causa abierta por Campus de la Justicia, la empresa pública que la Comunidad de Madrid creó en enero de 2005 para intentar unificar en un único complejo todas las sedes judiciales de la región, ejemplo de proyecto fallido. Prada, que hace ya tiempo que no ocupa ningún cargo público, fue elegido por Pablo Casado para dirigir la Oficina del Cargo Popular del partido, un órgano que trata de detectar prácticas corruptas dentro de la formación.

Prada tendrá que declarar el próximo 27 de marzo. También ha citado como investigados a tres técnicos de esta empresa pública: Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar y Alicio de la Heras Rodríguez. El primero fue durante cuatro años Director Técnico de Campus de la Justicia, como publicó El Confidencial el cerebro urbanístico y técnico del proyecto. Hasta que Baños estuvo al frente de la dirección técnica de Campus, esta empresa pública comprometió 229 millones en proyectos técnicos. Dinero que gestionó y supervisó Baños. Y por encima de todos, el exconsejero Prada.

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Según la Audiencia Nacional, que investiga delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y otros, "la sociedad Campus de la Justicia de Madrid no seguía ningún criterio de racionalidad económico-organizativo", y presentaba "un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal sumamente débil". El proyecto fue fiscalizado por la Cámara de Cuentas, que en un demoledor informe de 240 páginas analizó todas las irregularidades detectadas en los años en los que estuvo operativa esta sociedad, entre enero de 2005 y diciembre de 2014.

Una barra libre que se convirtió en descontrol en el capítulo de personal, donde "no se contó prácticamente con ningún contrato de trabajo, ni siquiera con una relación fiable de trabajadores. Las nóminas y los documentos de cotización a la Seguridad Social aparecieron desperdigados y por periodos incompletos. Pese a haber indicios de numerosos despidos que, probablemente, llegaron a la vía judicial, no se dispuso de ningún expediente completo". El informe de la Cámara acabó en la Fiscalía, al igual que una denuncia que pusieron los tres grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid, PSOE, Podemos y Ciudadanos.

Sin contar los gastos de personal, Campus de la Justicia invirtió 95,3 millones de euros en un proyecto que resultó ser un fiasco. Esta cifra incluye 61,6 millones de las obras del proyecto que se dan como pérdidas tras la paralización del mismo. De los 12 edificios previstos solo se construyó uno, el Instituto de Medicina Legal. Los costes de urbanización y de trabajos realizados suman 78,7 millones de euros (22 se los llevó el instituto y 34,8, la urbanización). Campus pagó 11,6 millones de euros en honorarios profesionales de direcciones técnicas de edificios que nunca se levantaron. En los 10 ejercicios transcurridos de su constitución a su disolución, la empresa acumuló pérdidas de algo más de 63 millones.

Descontrol y despilfarro. Dos de las características de Campus, según las denuncias de los diputados que analizaron el proyecto en la comisión de investigación que se abrió esta legislatura en el Parlamento madrileño. El auto judicial hecho público este martes por la Audiencia Nacional pone un ejemplo de esta forma de actuar de los responsables de Campus. La sociedad encargó un informe de valoración de ofertas para la construcción de la primera fase del proyecto a Isabelino Baños, que previamente había estado vinculado con la empresa que resultó adjudicataria.

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D. F.

Prada, por su parte, que recientemente ha tenido que declarar como testigo en el 'caso espías' de Madrid (fue uno de los rivales políticos de Aguirre que presuntamente sufrió seguimientos), está ya apartado de la vida pública, ya que no ostenta desde hace años ningún cargo. Es abogado, pero Pablo Casado ha querido rescatarlo y le nombró para dirigir una especie de oficina interna que trata de detectar prácticas corruptas dentro del partido. La relación entre ambos es buena y fluida. De hecho, Casado fue subalterno de Prada cuando este fue consejero de Justicia.