Otra querella para Granados: el exconsejero Alfredo Prada le denunciará por injurias

Francisco Granados sumará en breve una nueva denuncia. El que fuera su compañero en los Gobiernos de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, ha señalado a El Confidencial que en breve acudirá al juzgado para presentar una querella criminal por injurias y calumnias contra el ex secretario general del PP madrileño. Será la segunda querella que Granados tenga por este motivo, después de la que le ha presentado otra ex compañera de partido, en este caso la presidenta regional Cristina Cifuentes. "Lo de Granados conmigo es una persecución política y personal", señala Prada, que ya fue víctima de la famosa 'gestapillo', una especie de servicio secreto que en 2008 puso en marcha Granados (otros dicen que Ignacio González) para presuntamente espiar a rivales políticos.

La nueva querella de Prada (fue consejero de Justicia e Interior entre 2003 y 2008) se va a sustentar en la última declaración que ha hecho Granados en la Audiencia Nacional, donde además ha aportado documentos que demostrarían que los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González costearon gastos electorales no declarados con contrataciones ficticias que se cargaban a la Comunidad de Madrid. Según su versión, el presunto desvío de fondos se habría canalizado a través de la Consejería de Justicia durante la etapa de Prada.

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Aguirre y González le ordenaron, explicó Granados, que transfiriera a Ginso, una asociación dedicada a la integración social que tenía acuerdos de colaboración con la consejería, importes superiores a los que se habían concertado. Después, el dinero excedente fue desviado nuevamente mediante facturas falsas a una empresa propiedad del expresidente de Telemadrid Álvaro Renedo y del periodista ya fallecido Germán Yanke, Inver-Eleto SL. Por último, el dinero fue empleado para abonar gastos de publicidad electoral del PP. Prada califica todo este relato de "fábula".

"Cuando yo me fui de la consejería, Granados encargó una auditoría sobre mi gestión y todo estaba correcto", explica Prada, que recuerda que la licitación que se llevó Ginso fue transparente y legal. "¿Qué pruebas ha aportado? Habla de los contratos entre dos empresas privadas para acusar de financiación ilegal. ¿Y qué tiene que ver esto con la gestión de mi consejería? A quien le entra en la cabeza que yo iba a favorecer a Granados y a González, con la mala relación que teníamos. No voy a tolerar que manche mi buen nombre y mi honestidad. Emprenderé acciones legales".

Prada también fue, mientras era consejero regional, presidente de Campus de la Justicia, un proyecto fallido que nació con el objetivo de crear el complejo judicial más grande de Europa, y que 13 años después es un erial de 250.000 metros cuadrados a medio urbanizar y con un solo edificio construido de los 12 previstos. Los gastos que se tragó ese campus, que pueden superar los 130 millones de euros, han sido cuantificados y analizados en la comisión de deuda de la Asamblea de Madrid, que este martes decide si presenta o no en la Fiscalía Anticorrupción un prolijo escrito con todas las irregularidades detectadas.

Prada ya defendió su gestión en esa comisión parlamentaria. El Confidencial ha tenido acceso a todos los gastos de promoción y publicidad que se hicieron bajo su mandato: 359.000 euros en 2005; 382.000 en 2006; 3,2 millones en 2007 (año en el que Aguirre revalidó su triunfo electoral); y 1,8 millones en 2008. Granados sustituyó a Prada al frente de Campus en agosto de 2008. Dentro del caso Púnica, la Audiencia Nacional ya investiga si parte de estos gastos de promoción del Campus fueron utilizados para financiar irregularmente el PP de Madrid. ¿Cómo?

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Entre esos gastos están los 282.000 euros que se llevaron las empresas de Daniel Mercado, otro de los imputados. Este empresario argentino ya ha declarado en sede judicial que realizó servicios para el PP y que estos trabajos se facturaron a empresas constructoras dado que la formación había excedido los límites de gasto electoral. Mercado es uno de los principales financiadores del PP madrileño, sobre todo en las elecciones de 2007. Prada señala que los contratos de Campus con las empresas de Mercado fueron legales y que a él nadie en ningún momento le ordenó contratar con él. "He oído la declaración del señor Mercado y solo menciona a Ignacio González y Francisco Granados como quienes le abrían las puertas de determinadas consejerías. Yo nunca hice nada ilegal ni se me pidió que lo hiciera. No lo hubiera aceptado".