investigado por injuriar a cifuentes

De la puerta de su casa al Congreso: así fue la 'persecución' de la policía a Granados

Los agentes acudieron a sus domicilios, llamaron al timbre, pero nadie abrió la puerta a pesar de que dentro había luces encendidas y movimiento

Foto: Francisco Granados antes de comparecer en el Congreso. (EFE)
Francisco Granados antes de comparecer en el Congreso. (EFE)

Los policías de la unidad adscrita a los juzgados de plaza de Castilla intentaron de todas las formas posibles entregar la citación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid al exconsejero Francisco Granados. Fueron a todos los domicilios que la autoridad judicial tiene registrados, que son dos. Llamaron al timbre en varias ocasiones, pero no obtuvieron respuesta. Vieron luces y movimiento en el interior, volvieron a tocar, pero no había modo. Nadie salía a recibir a los visitantes, que tenían la obligación de entregar la citación en mano a la persona que debía acudir a declarar.

Repitieron la escena otro día, pero el resultado fue el mismo y acabaron convencidos de que trataba de dilatar el procedimiento judicial. Sin embargo, la treta no resultó satisfactoria para Granados. Los agentes utilizaron su mano izquierda para ejecutar el mandato del Juzgado número 3 y decidieron presentarse en el próximo acto público que el exdirigente del PP madrileño protagonizara. En concreto, planearon aparecer en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que indaga la financiación del PP, que ayer tenía a Granados como principal invitado.

Y así lo hicieron. Un grupo de policías se personó en las puertas de la Cámara Baja, contaron a los funcionarios que allí velan por la seguridad lo que iban a hacer y entraron con el objetivo de llevar a cabo su plan. Una vez dentro, fueron directamente a la sala Ernst Lluch, que se disponía a acoger la comparecencia. Cuando llegaron, Granados aún no había comenzado, por lo que parecía el momento idóneo para entregar el documento judicial. Los funcionarios se acercaron y utilizaron el formalismo habitual de notificación para estos casos.

De la puerta de su casa al Congreso: así fue la 'persecución' de la policía a Granados

El exdirigente mostró su sorpresa, aunque fue correcto y educado. Incluso tuvo palabras amables para sus interlocutores. "Buen trabajo", les dijo con cortesía el exdirigente político considerado como el cabecilla de la trama Púnica, que deberá comparecer ante el Juzgado número 3 el próximo 21 de marzo. Granados estaba citado inicialmente para declarar el pasado 12 de marzo, pero la cita tuvo que retrasarse debido a que la policía no logró entregarle el llamamiento. El imputado no se presentó, por lo tanto, para dar explicaciones por la querella que le interpuso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, después de que Granados la acusara ante la Audiencia Nacional de conocer la supuesta financiación ilegal del PP y de haber mantenido una relación sentimental con su antecesor en el cargo, Ignacio González.

La imposibilidad de notificar la citación por parte de la policía llamó especialmente la atención debido a que Granados se encuentra actualmente investigado por el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional en el marco de la trama Púnica y sometido a medidas cautelares que incluyen comparecencias periódicas. El exconsejero, además, estaba citado para declarar de nuevo mañana ante el titular del mencionado Juzgado 6, Manuel García-Castellón.

La presidenta madrileña presentó la querella criminal el pasado 15 de febrero mediante un procurador y un abogado particulares, sin intervención de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. En concreto, Cifuentes considera en su escrito que las manifestaciones del exsecretario del PP madrileño ante la Audiencia Nacional el pasado 12 de febrero, en el marco del caso Púnica, vulneraron los artículos 205, 206, 208, 209, 211 y 173.1 del Código Penal, o lo que es lo mismo, cometió delitos contra la integridad moral, calumnias e injurias.

El escrito de querella ponía de relieve que lo que se había producido "no era tanto el legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria". Las manifestaciones de Granados, según señala la querella, respondían también al tipo penal de la calumnia, al pretender relacionar a la presidenta autonómica con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad. A todo ello sumaba la querella el delito contra la integridad moral, al suponer estas declaraciones "un ataque de carácter personal, desconectado de cualquier interés procesal, que conllevaba una ofensa directa y gratuita contra la dignidad de Cifuentes".
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