el edificio costó 21,4 millones de euros

El agujero sin fondo del 'donut' del Campus de la Justicia se come cada año 176.000 €

El único edificio construido del fallido proyecto genera unos gastos anuales en seguridad y mantenimiento. El PSOE ha conseguido aprobar que la comunidad haga un estudio sobre su futuro

Foto: El Instituto de Medicina Legal, el único construido en Campus de la Justicia.
El Instituto de Medicina Legal, el único construido en Campus de la Justicia.

Lleva abandonado desde el año 2010. Costó 21,4 millones de euros. Y es el único vestigio que queda del faraónico y fallido proyecto que hace más de una década ideó la expresidente madrileña Esperanza Aguirre para unificar en un solo complejo todas las sedes judiciales de la región. El Instituto de Medicina Legal del Campus de la Justicia, más conocido como el 'donut' de Valdebebas, se come cada año 176.000 euros en mantenimiento y seguridad mientras se levanta solo y sin un futuro claro en un erial de más de 200.000 metros cuadrados al norte de la capital, junto a la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

El PSOE ha propuesto que la Comunidad de Madrid realice un estudio de viabilidad en tres meses para decidir qué se hace con el edificio de ocho plantas, 13.536 metros cuadrados y 35 plazas de 'parking'. Un inmueble que iba a sustituir al vetusto Anatómico Forense que hay en Ciudad Universitaria y que según los promotores del proyecto pretendía transmitir "una asociación abstracta con el cuerpo humano". La proposición no de ley promovida por el PSOE ha sido aprobada con los votos de Podemos, que define la instalación como "un hotel de lujo para conejos", y la abstención de Ciudadanos. El PP votó en contra, porque señaló que un estudio de viabilidad de estas características podría costar "unos 20.000 euros".

Una de las salas del Instituto de Medicina Legal.
Una de las salas del Instituto de Medicina Legal.

De momento, los gastos del único edificio del Campus de la Justicia (el proyecto preveía 15) se elevan a 176.263 euros anuales, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Justicia. De este dinero, 169.972 euros se gastan en seguridad, 3.430 euros en electricidad y 2.861 euros en mantenimiento. Y solo en un año. El edificio se terminó en 2010. Desde entonces, los gastos pueden superar el millón de euros. "Podríamos decir que la situación del edificio es de pronóstico reservado. Hay que estudiar al menos qué se puede hacer con él. Su valor se va depreciando con el paso del tiempo. Y su deterioro es progresivo. Costó 21,4 millones y en octubre de 2013 su valor era de 16,9 millones, según una tasación independiente. ¿Cuánto vale ahora?", se pregunta la diputada socialista Pilar Llop.

La Comunidad de Madrid no contempla utilizar este edificio, que no está terminado al 100%. Habría que realizar una fuerte inversión para ponerlo operativo. Sin olvidar que el Campus de la Justicia iba a tener una central de energía común para los 15 edificios previstos que no está construida. La Mesa de Trabajo para la Mejora de la Justicia, que reúne a sindicatos, partidos políticos y profesionales judiciales, ha elaborado un plan de choque para renovar las sedes en funcionamiento. Entre ellas, el Instituto Anatómico Forense, que iba a ser sustituido por el 'donut' de Valdebebas si el Campus hubiera sido una realidad.

Esta mesa de trabajo ha expuesto que, dado la antigüedad de la sede del Anatómico Forense, la falta de espacio que hay en este edificio y de otros factores como la evolución de la técnica forense, "hace que debamos plantearnos el traslado de esta sede al inmueble ya construido en Valdebebas, que posibilitaría la mejora de un edificio evidentemente deficiente para las funciones que realiza".

El 'donut' fue diseñado por el arquitecto Alejandro Zaera-Polo, que abandonó el proyecto al poco tiempo por "agravios comparativos" con el presupuesto de otros edificios previstos en el Campus. El estudio de arquitectura EACSN terminó el trabajo. El inmueble es de forma esférica y planta circular, tiene ocho plantas e iba a albergar zonas de histopatología, antropología y odontología forense, laboratorios, toxicología, bioquímica y hemogenética, así como el servicio de clínica forense. Además, contaría con laboratorios, cámaras frigoríficas y siete ascensores.

Javier Rodríguez Fernández, apoderado de Campus de la Justicia entre octubre de 2011 y febrero de 2013, declaró en la Asamblea de Madrid que el proyecto de este edificio estaba sobredimensionado. "No sé si tendría que pasar lo de Chernóbil o algo así para que ese edificio entre en pleno funcionamiento. Es una barbaridad. Y ahí hay instalaciones costosísimas que se están depreciando". Según Rodríguez, los edificios circulares, como es este, tienen un mayor coste de construcción y un menor rendimiento en la utilización. "El 'donut' este tiene varios problemas: hay que calefactar por fuera y por dentro, y los muebles hay que hacerlos a medida, porque las paredes son curvas", señaló.

Cámaras frigoríficas del Instituto de Medicina Legal.
Cámaras frigoríficas del Instituto de Medicina Legal.

Su mantenimiento no es el único gasto de este edificio. La Agencia Tributaria ha exigido este año a la Comunidad de Madrid el pago del IVA que supuso transferir esta instalación, construida por la extinta empresa pública Campus de la Justicia, al inventario de la Comunidad de Madrid, más los intereses de demora. Hacienda valoró este inmueble en 17,7 millones de euros, por lo que devenga un IVA superior a los tres millones por los ejercicios 2014 y 2015. A esa cantidad hay que sumar 671.000 euros en intereses de demora y 12.400 euros de multa.

El futuro de este edificio también está a expensas de lo que pase en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Campus de la Justicia fue un fracaso, pero el 'delfín' político de Aguirre, Ignacio González, intentó revitalizar el proyecto bautizándolo Ciudad de la Justicia. Este segundo proyecto se licitó contrarreloj en la recta final del mandato de González, que eligió como ganadora la alianza formada por Acciona y OHL, un triunfo que, sin embargo, nunca llegó a ser refrendado con la rúbrica definitiva de adjudicación.

Cuando Cifuentes llegó al poder, se encontró con que la decisión de liquidar el primero (Campus) había sido llevada ante los tribunales por la constructora Corsán-Corviam y por dos arquitectos, pleitos que todavía siguen sin resolverse y en los que se pide suspender la adjudicación del segundo proyecto (Ciudad) hasta que se resuelvan sus contenciosos. El Ejecutivo de Cifuentes optó entonces por desistir del procedimiento de adjudicación a OHL y Acciona, constructoras que también llevaron esta decisión ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que les dio la razón. La comunidad contraatacó y llevó el asunto al TSJM, que aún debe decidir. Es decir, hay dos proyectos fallidos que han acabado en dos procesos judiciales.

Madrid

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