El juez propone juzgar al exconsejero del PP Alfredo Prada por el Campus de la Justicia

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto este jueves juzgar al exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y a otras cinco personas por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones pública y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM).

De la Mata destaca la intervención personal y directa y la preeminencia absoluta que, durante la primera fase del Campus de la Justicia en que ejerció la Presidencia, tuvo Prada en la toma de decisiones en los distintos procesos de contratación. "De entrada —explica— todos los contratos que tenían que ver con publicidad y comunicación (que alcanzan en su conjunto más de 5 millones de euros en contratación), se sustrajeron materialmente a la propia mercantil del Campus. Estas contrataciones no se decidían en la empresa donde se limitaban a ejecutar las órdenes que llegaban desde Vicepresidencia y Consejería de la CAM, es decir, de Prada Presa, limitándose el personal de CJM a cumplir tales decisiones".

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De hecho, continúa el instructor, el personal de Campus que se ocupaba de estos ámbitos ni siquiera estaba en la sede, sino en la de Vicepresidencia o de la Consejería, integrado junto con el resto del personal del gabinete de Prada. En todos estos contratos sobre publicidad, comunicación y propaganda, todas las decisiones sobre los objetivos a alcanzar, contratos a suscribir, empresas a invitar y empresa adjudicataria eran adoptadas por aquel personalmente, siendo él mismo, en los más de los casos, quien también firmaba las decisiones de adjudicación y los contratos.

Por supuestos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones pública y malversación de caudales públicos en torno al CJM

En el auto de pase a procedimiento abreviado, de 253 páginas, el magistrado procede, además de contra Prada, contra Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar, Alicio de las Heras Rodríguez y Andrés Gómez Gordo, en sus respectivas condiciones de director general Técnico, subdirector general Técnico, director Financiero y director de Seguridad del Campus de la Justicia, con el asesoramiento de Félix José García de Castro. Al mismo tiempo, archiva la causa para dos personas, María Lourdes Manovel y Paloma Mateo Martín.

El magistrado explica que los investigados, liderados por Alfredo Prada, quien en última instancia tomaba todas las decisiones, "se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo". Según explica De la Mata, Prada y los directivos investigados "corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos de CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos".

"En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial (hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros)", afirma el juez.

Los contratos investigados

Entre los contratos presuntamente irregulares se mencionan en el documento la Gestión Integrada del Proyecto y la construcción de la urbanización y la edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid (2007)” o la “Redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras de la Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Justicia, obras de urbanización fase 2 del campus de la justicia de Madrid (2006)”.

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Además, la “Asistencia técnica para el desarrollo de servicios de consultorías especializadas en las fases de diseño y construcción del Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial del Campus de Justicia de Madrid (2007)”, la “Edición y distribución del libro “FOSTER & PARTNERS”, la “Creación de la marca representativa y estrategia de comunicación del proyecto Campus de la Justicia de Madrid”, el “Servicio de asesoramiento jurídico” o la “Gestión integrada del proyecto y construcción de la urbanización y edificación de la fase 2 de Campus de la Justicia de Madrid”, entre otros.

En su auto, el juez explica que el análisis de la actuación de las personas investigadas refleja que "conocieron perfectamente la ilegalidad de su actuación" y apunta que no elaboraron la adecuada justificación de las necesidades que los contratos iban a atender, pasaron por alto las insuficiencias y defectos de los pliegos, pasaron por alto las insuficiencias y defectos de los informes técnicos de valoración, en múltiples casos realizaron propuestas de valoración arbitrarias y no justificadas o que prescindieron en múltiples ocasiones, de procedimiento de contratación alguna, entre otras supuestas irregularidades.

Un plan criminal defraudatorio

El auto del juez señala que las personas investigadas, “lideradas desde luego por Prada Presa, que en última instancia tomaba todas las decisiones, se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo”.

El magistrado cree que los investigados fraccionaron contratos para adjudicarlos a la empresa predefinida por los directivos de CJM

Esto se aprecia, indica el instructor en distintos supuestos entre los que destaca la contratación de los consultores BURO HAPPOLD y GLEEDS IBERICA para la fase de proyecto básico del contrato de FOSTER&PARTNERS Redacción del Proyecto del edificio de la futura sede de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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La situación es la misma en la contratación de THE BANK, por 40.000 libras inglesas, para elaborar un video. En este caso, dice el juez, se opera del mismo modo: para ocultar esta contratación, disimular el pago y evitar la puesta en marcha de un proceso de licitación que permitiera alcanzar un precio equilibrado fruto de la libre concurrencia, aplicaron de nuevo la vía de abonar estos servicios a FOSTER & PARTNERS, para que esta firma, a su vez, lo abonara a esta agencia de comunicación.

Además, existe un buen conjunto de contratos, por otra parte, en que los investigados se concertaron con distintos grupos empresariales para fijar un precio arbitrario a los servicios y conseguir su adjudicación a la empresa arbitrariamente elegida mediante el ardid de presentar presupuestos por parte de sociedades pertenecientes al mismo grupo empresarial, de modo que la competencia y libre concurrencia no existía.

En otros casos, explica el magistrado, los investigados fraccionaron los contratos, siempre con la misma finalidad de conseguir adjudicar los contratos a la empresa predefinida por los directivos de CJM.