Illa dimitirá la semana que viene con el riesgo de quedar en el limbo si se aplazan los comicios

Los tiempos electorales han terminado por entremezclarse con los tiempos judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) mantiene cautelarmente las elecciones autonómicas para el 14 de febrero, pero la decisión final sigue en el aire. Según explicó el TSJC este jueves, la sentencia llegará antes del 8 de febrero, con lo que todo apunta a que la fecha definitiva no se conocerá hasta que los partidos se encuentren en plena campaña. Si tras estudiar las alegaciones, los magistrados atienden la postura de la Generalitat y las elecciones se retrasan al 30 de mayo, uno de los principales perjudicados será entonces el candidato del PSC: la próxima semana, Salvador Illa abandonará el ministerio de Sanidad para centrarse en Cataluña y, si las elecciones se aplazan, quedaría en el limbo durante más de tres meses.

El propio Illa ha repetido una y otra vez que dejaría el ministerio en cuanto arrancase la campaña electoral, cuyo pistoletazo de salida se producirá el 29 de enero. "Cuando empiece la campaña electoral, las dejaré de asumir [las responsabilidades de Sanidad]", afirmó tajante el 8 de enero en rueda de prensa. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, también aseguró este mismo jueves que el actual ministro abandonára su cargo en el Gobierno antes del jueves de la semana que viene. La promesa adquiere ahora un nuevo cariz a la vista de que, por mucho que la campaña electoral comience el 29 de enero, esta puede terminar por alargarse hasta finales de mayo si el TSJC da por bueno el decreto de la Generalitat, una posibilidad que puede perjudicar, además, a la subida del PSC en las últimas semanas.

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Según la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada este jueves, PSC y ERC se disputarían la victoria de las elecciones catalanas: los republicanos obtendrían entre 31 y 33 escaños y los socialistas entre 30 y 35, pero en estimación de voto ganarían los segundos por más de tres puntos. Esta subida en la estimación de voto no ha tardado en relacionarse con el efecto Illa, en referencia al aterrizaje del ministro de Sanidad como candidato socialista. ¿Pero qué pasaría si el TSJC da luz verde al decreto y las elecciones se retrasan al 30 de mayo? El socialista perdería la exposición mediática de la que goza en estos momentos como ministro de Sanidad y se vería obligado a adoptar un tono de campaña durante más tres meses, situación que plantea dudas respecto a la duración del mencionado efecto Illa.

Por el momento se trata de simples hipótesis y, hasta que el TSJC no se pronuncie de forma definitiva, los republicanos son los que más han criticado el hecho de que se mantenga cautelarmente el 14-F. Uno de los que se ha pronunciado con mayor contundencia ha sido el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, que firma el decreto que ahora revisa el tribunal: "Estamos ante una irresponsabilidad que hace que muchos ciudadanos se vean obligados a escoger entre el derecho a voto y el derecho a la salud", criticó este jueves en una declaración institucional. El portavoz de ERC, Sergi Sebrià, fue un paso más allá este miércoles y aseguró que “es un 155 encubierto", en referencia al artículo de la Constitución que se aplicó tras el 1-O y permite al Gobierno intervenir una comunidad autónoma ante incumplimientos de la carta magna.

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Pese a ello, la decisión que el TSJC anunció este jueves puede terminar por volverse en contra del PSC. La clave pasa por que se trata de una resolución cautelar, con lo que cabe que se revierta antes del 8 de febrero, cuando Illa ya se haya enfundado el traje de candidato. Para evitar esta situación, el ministro puede intentar retrasar su renuncia como ministro, pero Iceta ha descartado esta posibilidad hoy mismo.

A la espera de la sentencia

Tras mantener de forma cautelar el 14 de febrero como fecha para las elecciones, el TSJC ha acotado también la tramitación de los recursos, dando a la Generalitat y al resto de partes cuatro días para presentar nuevas alegaciones, en lugar de los ocho días establecidos por la ley. De esta manera, los plazos para anunciar la decisión definitiva se acortan y "cualquier recurso que se interponga, no suspende la decisión de la sala respecto de las cautelares".

Esta resolución llega tras dar respuesta el pasado martes a los dos recursos en los que "había petición de medidas cautelarísimas", entre ellas la de mantener las elecciones para el 14 de febrero. Con el auto de este jueves, del que solo se ha adelantado la parte dispositiva, ahora se atienden también las medidas cautelares solicitadas por otros cuatro recurrentes. La principal diferencia entre las medidas cautelarísimas y las cautelares es que las primeras se solicitan en circunstancias de especial urgencia y no requieren escuchar a las partes, lo que repercute en la aceleración de los plazos a la hora de responder. En cualquier caso, la decisión de la sala de lo Contencioso de este jueves sigue sin ser definitiva y queda por desarrollar el fondo de la polémica en una sentencia que llegará antes del próximo 8 de febrero.