La Justicia abre otra crisis en Cataluña y ahonda la fractura dentro de la Generalitat

La Justicia en Cataluña no solo ha abierto una crisis electoral alrededor de cuál puede ser la fecha de las elecciones. También ha ahondado la fractura en el seno del Govern, con cruces de acusaciones públicas entre miembros de JxCAT y ERC a cuenta del decreto de suspensión de los comicios. Ha tenido que salir Pere Aragonès en una entrevista en TV3 para defender los servicios jurídicos de la Generalitat, un cuerpo de 137 abogados que no han podido blindar un decreto que ha sido suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Cataluña es un caos, la Generalitat prepara alegaciones y por ahora las elecciones siguen siendo el 14-F, pese a que se han querido anular desde el Ejecutivo catalán.

Tanto Aragonès como la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, han salido al choque contra el TSJC. Budó ha culpado a este tribunal de la inseguridad jurídica que vive Cataluña. Aragonès, en su entrevista, ha ido más lejos y les ha advertido de que “serán responsables de lo que pase”. Budó, además, es la dirigente política del gabinete jurídico de la Generalitat, que dirige Francesc Esteve.

Sin embargo, uno de los pesos pesados en el área legal de JxCAT, el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, ha criticado la cobertura jurídica que ha tenido el decreto. “Tendría que dimitir alguien”, ha denunciado en Twitter. El problema es que señala a ERC, titular de la Conselleria de Justicia. Pero el gabinete jurídico de la Generalitat, que cuenta con un cuerpo de abogados que entran por oposición, depende de Presidencia, que encabeza la 'consellera' Meritxell Budó, del mismo partido que Costa, JxCAT.

Ahora, Aragonès quiere reordenar la cuestión. Algunas de las decisiones que se tomaron el pasado viernes cuando se firmó el decreto de suspensión electoral fueron controvertidas, como, por ejemplo, no consultar previamente el decreto con la Junta Electoral Central. La diputada de ERC Anna Caula entró al trapo y ha acusado a Costa de “hacer politiquería”.

En su entrevista en TV3, Aragonès ha intentado ponerse por encima de la disputa partidista. “Estoy indignado porque alguien está anteponiendo sus intereses partidistas a los de la salud pública —en alusión al PSC—, y estoy tranquilo en este sentido. Los servidores públicos han actuado con toda profesionalidad. El gabinete jurídico ha actuado en la cuestión técnica. Y el Consell Executiu conoció el decreto antes de que yo lo firmase”.

Aragonès también ha denunciado lo que, a su juicio, es el verdadero escándalo: “Lo que me sorprende es que el ministro de Sanidad [Salvador Illa] esté mirando hacia otro lado ante la movilización de 5,6 millones de personas para votar en plena pandemia”.

Irregularidades

Pese a la situación, es evidente que la cobertura legal del decreto es débil. Aragonès carece de competencias para fijar una nueva fecha, tal y como anuncia que hará en el decreto. Además, suspende unas elecciones que no convocó. Se puede entender que el decreto acaba atribuyendo a la Generalitat una competencia que no tiene, ya que la convocatoria de elecciones se llevó a cabo a través del mecanismo automático previsto en la ley, una vez que Quim Torra decidió renunciar a su potestad de llamar a las urnas a los catalanes. Además, el decreto se coloca por encima del Estatut, algo cuestionable en un plano jurídico. Para colmo, la Generalitat optó por notificar el decreto a la Junta Electoral Central en vez de consultárselo de manera previa. Todo esto parecen tecnicismos, pero son esos tecnicismos los que pueden hacer que el TSJC acabe fallando contra la Generalitat y manteniendo las elecciones el 14-F.

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A. Fernández. Barcelona

La Generalitat se ampara en diversos informes del gabinete jurídico. Uno de esos informes, que se hicieron públicos ayer, apunta que se pueden cuestionar las elecciones si no se fijan el 30 de mayo. En sus conclusiones, así lo hacen: “El cambio de escenario sanitario de la pandemia del covid-19 previsto durante el proceso electoral que desemboca en las elecciones al Parlamento de Cataluña convocadas para el 14 de febrero de 2021 hace prever un grave impacto en las garantías democráticas del proceso, por lo que consideramos necesario un aplazamiento de las elecciones”.

Legitimidad en cuestión

“La legitimidad del proceso electoral se ve afectada en prácticamente su totalidad, con especial impacto y de forma transversal en la deliberación, el sufragio activo y el sufragio pasivo. La posible falta de legitimidad de un proceso electoral es motivo suficiente para su aplazamiento”, señala este informe, que firma Ismael Peña López, director general de Participación.

Tras la decisión del TSJC, todos los mecanismos electorales que se interrumpieron se reanudan ahora: las juntas provinciales vuelven a tasar los plazos, las candidaturas deberán ser proclamadas y ratificadas, así como habilitado el periodo para la subsanación de errores. Los tiempos del proceso se quedan en una especie de limbo, toda vez que el pasado lunes fue el día previsto para la proclamación de los candidatos y, ayer mismo, para la publicación en el BOE. Si estos se demoran, como sucederá pase lo que pase el jueves, la JEC tiene la potestad de acortar otros trámites administrativos que no afecten a los ciudadanos, a su derecho al sufragio. El 14-F no estaría en riesgo, pero la situación de la Generalitat es jurídicamente muy delicada.