Moncloa acorta a la mitad los plazos de licitación para acelerar la ejecución de los fondos UE

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes un real decreto-ley de agilización administrativa para eliminar los "cuellos de botella" y acelerar la distribución y ejecución de los fondos europeos. La reforma, impulsada desde el Ministerio de la Presidencia que dirige Carmen Calvo, introduce una serie de modificaciones para eliminar trabas legales con las que se prevé acortar sustancialmente los plazos de los procedimientos previstos en la ley de contratación pública de 2017, reduciéndolos en torno a la mitad de lo que hacía falta hasta ahora, según los cálculos de Moncloa. Principalmente, en lo que tiene que ver con la realización de pliegos que ahora se pueden alargar hasta más de seis meses, pero también en la simplificación de otra serie de trámites considerados lentos y farragosos asociados a la ley general de subvenciones, desde la fase en la que se requiere una información exhaustiva hasta la posterior justificación.

El texto de la norma pasó este jueves por el último filtro antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, después de algunos retrasos para acabar de perfilar las últimas modificaciones técnicas. Unas modificaciones que se deben a la necesidad de desarrollar una norma garantista dentro del marco de las rígidas directivas europeas, que disminuyen el margen de maniobra para modificar los plazos o requisitos en la contratación como la publicidad. Con todo, fuentes de Moncloa confirman que en cualquier caso se cumple con el objetivo de llevar al BOE esta reforma antes de que finalice el año para asegurar la correcta ejecución de los fondos provenientes de la Unión Europea (UE) para la reconstrucción económica tras la pandemia.

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El Gobierno concentrará en un plan de tres años —2021-2023— la distribución y ejecución de la mitad de los fondos provenientes de la UE, alrededor de 72.000 millones de euros (59.000 provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 12.000 del fondo React-EU). De ellos, 27.000 millones se adelantarán en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2021. España obtendrá un total de 140.000 millones que se tendrán que invertir en un plazo máximo de seis años. Los proyectos de digitalización y transición ecológica acapararán más dos tercios de estos fondos, el 33% y el 37%, respectivamente.

Desde algunos grupos parlamentarios no comparten el optimismo del Ejecutivo en lo que tiene que ver con la ejecución en tiempo y forma de los fondos europeos. Fuentes de Coalición Canaria entienden que llega con retraso por lo que podría poner en riesgo algunas licitaciones, mientras que desde el PNV han presionado para modificar el modelo de reparto de los fondos, reclamando un único convenio marco con cada comunidad autónoma. De este modo, todos los fondos asignados a cada territorio se incluirían en un único proyecto, reduciendo así al máximo la burocracia.

Desde algunos grupos parlamentarios no comparten el optimismo del Ejecutivo en la ejecución en tiempo y forma de los fondos

La reforma sí recoge el aguante de la Comisión Europea, que en sus recomendaciones a los países ya planteó a España la necesidad de crear nuevos mecanismos de gobernanza para la contratación pública. Bruselas planteó así la necesidad de desarrollar una estrategia nacional con el objetivo de agilizar y modernizar la contratación pública, adaptándola a la actual realidad, habida cuenta de que no todas las administraciones, incluida alguna comunidad autonómica, tienen desarrollado un servicio de digitalización y contratación electrónica. Desde la CEOE, a través de su oficina de proyectos, también trabajaron en esta problemática analizando los cambios normativos para contribuir a que fluyan los fondos de la forma más efectiva y rápida posible.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió durante su última comparecencia en el Congreso al respecto de los planes de reforma sobre la legislación en contratación pública como una "auténtica revolución administrativa". Al mismo tiempo quiso disipar cualquier duda garantista asegurando que se realizaría "respetando la normativa comunitaria". El decreto verá la luz menos de dos meses después de que anunciase en el II Foro La Toja-Vínculo Atlántico que el Gobierno preparaba un decreto para "eliminar las principales barreras y cuellos de botella legales operativos de la Administración para que la eficacia de los fondos sea la que deseamos", preparando a las administraciones "para comenzar a gestionar los fondos europeos con eficacia".

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Otro de los cuellos de botella que dejan un ángulo ciego sin resolver en la reforma tiene que ver con la capacidad en recursos humanos y materiales de las administraciones. Un problema que ya se ha visto con el ingreso mínimo vital y que amenaza con multiplicarse en el marco de la ejecución de los fondos europeos.

El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará también el decreto para la paralización de los desahucios de familias vulnerables hasta el próximo mes de mayo, coincidiendo con la finalización del estado de alarma. El texto incluye compensaciones económicas a los propietarios para evitar demandas por daño patrimonial, siempre que se demuestre el perjuicio económico y si el realojo no se produce dentro de un plazo de tres meses, por lo que quedarían fuera los propietarios que tuvieran viviendas vacías.

El objetivo de esta medida es ampliar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, con la novedad de que obligará a que sean las comunidades autónomas quienes deban encargarse de facilitar realojo. Este deberá ser en lo que se considera como una "vivienda digna", por lo que quedarían excluidos, por ejemplo, los albergues o centros de acogida. Para la realización de los lanzamientos será obligatorio que previamente los servicios sociales realicen un informe, que será de carácter vinculante, para discernir la condición de vulnerabilidad de las personas afectadas. Los tribunales deberán solicitarlo de forma obligatoria siempre que los afectados aleguen estar en situación de vulnerabilidad.