La disputa en el Gobierno por el SMI y la reforma laboral lleva al límite el diálogo social

Con los trabajos sobre la denominada 'ley rider' todavía sin concluir y fuera ya de los plazos inicialmente marcados para el acuerdo, la mesa de diálogo social abordará este martes en un primer encuentro exploratorio la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) con posiciones contrapuestas. Diferencias de partida no solo entre los agentes sociales, sino también en el seno del Gobierno de coalición, que se suman a las relativas a la reforma laboral. Este contexto de choque entre las partes contrasta con el consenso de los últimos meses, llegándose a alcanzar hasta seis grandes acuerdos, y pone al límite la mesa de diálogo social antes de comenzar a aterrizar las modificaciones en la legislación laboral impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Esta última es la principal medida en la agenda del Ministerio de Trabajo para la presente legislatura, pero las diferencias que vienen manifestándose en este y otros asuntos ponen en riesgo su consecución en tiempo y forma.

La CEOE apuesta por congelar el SMI, al igual que una parte del Ejecutivo, como ya adelantó este diario, encabezada por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. No es esta la posición del Ministerio de Trabajo, que lidera Yolanda Díaz, ni mucho menos de los principales sindicatos, CCOO y UGT. Con todo, desde el departamento de Trabajo, acudirán a la cita, donde participarán los segundos espadas de los representantes de las organizaciones convocadas, sin propuestas cerradas y con ánimo de escuchar los planteamientos de todas las partes, para después realizar una propuesta "ponderada". Antes de la pandemia del coronavirus, la intención era subirlo de los 950 euros actuales en 14 pagas (13.300 euros brutos al año) a 1.000 euros.

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La parte del Ejecutivo favorable a la subida del salario mínimo se apoya en el hecho de que ni las pensiones ni el sueldo de los funcionarios se congelarán en 2021 (crecerán cerca de un punto), además de que los convenios de empresa también aumentarán entre el 1,5% y el 1,8% y dejarían más desprotegidos a los trabajadores con sueldo mínimo, ya que habitualmente son los que no está cubiertos por convenio. La propia ministra de Trabajo se ha mostrado públicamente en contra de la congelación, argumentando que esta medida solo fue adoptada por un Gobierno, el de Rajoy, y poniendo de relieve que todos los países de nuestro entorno preparan subidas.

Desde el ala más ortodoxa del Ejecutivo entienden, en línea con la CEOE, que no es una prioridad esta subida, debido a la actual situación de excepcionalidad económica y a que afectaría a los sectores más golpeados por la crisis, como el pequeño comercio o la hostelería, además de que en 2019 y 2020 se produjeron aumentos del 22,3% y el 5,6%, respectivamente. Todo apunta a que Pedro Sánchez tendrá que decantar la balanza si no se llega a un punto de consenso en la mesa de diálogo ni en el seno del Ejecutivo. Si bien la modificación del SMI es una prerrogativa únicamente del Gobierno, desde el sector socialista apuestan por que la decisión se tome en el marco de la mesa de diálogo social.

El choque dentro de la coalición entre el sector de Unidas Podemos y la ministra de Asuntos Económicos, principalmente, viene de atrás, pero durante las últimas semanas se ha recrudecido. Los retrasos en la aprobación del decreto para paralizar los desahucios, tras introducir modificaciones que eviten demandas por daño patrimonial de los grandes tenedores, se atribuyen desde el sector morado directamente a Calviño.

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"Los ministerios de Economía y Justicia exigen una compensación a los grandes tenedores de vivienda para que no vean reducidos sus beneficios por esta medida", arremetían fuentes de Unidas Podemos conocedoras de la negociación del decreto para defender que estos grandes propietarios "arrimen el hombro en esta crisis y entiendan que en plena pandemia no se puede echar a la gente de sus casas". A Calviño se le atribuyen también por parte de Unidas Podemos las reticencias a incluir en dicho decreto la prohibición de los cortes de suministros básicos durante el estado de alarma a las familias en situación de vulnerabilidad, aunque esta medida es competencia del Ministerio de Transición Ecológica.

Diferencias que vienen acumulándose y que encontrarían en lo relativo a la reforma laboral una línea roja para los de Pablo Iglesias. Un asunto al que las titulares de Trabajo y Economía llegan con una relación deteriorada y posiciones alejadas en cuestiones fundamentales que sus protagonistas ya no tratan de ocultar, anticipando una batalla en la que los morados dicen no estar dispuestos a ceder. Fuentes cercanas al Gobierno se refieren a un tema abierto en canal y a cierto "encabezonamiento".

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No parece haber cambio de posición desde que la vicepresidenta económica se opuso en mayo a "abrir este debate" de la reforma laboral porque "sería absurdo y contraproducente" por la actual situación económica, como trasladó de forma contundente en un foro más que significativo, las jornadas anuales del Cercle d'Economia. Desde Trabajo, sin embargo, avanzaban que una vez se cierre la mesa de diálogo social para pactar la denominada 'ley rider', "se retomará" la referente a la reforma laboral e insisten en que "el programa está ahí, costó mucho firmarlo y vamos a cumplirlo". Se agarran a lo firmado en el acuerdo de gobierno para defender la reforma laboral. "Nos atenemos al programa", zanjaban ante la eventualidad de que se pueda diluir esta reforma o incluso empujar para que se quede metida en un cajón.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya suavizó la pasada semana tras el Consejo de Ministros los objetivos de Trabajo, al asegurar que la reforma laboral se realizará "de forma progresiva" y "acompasándola al actual momento económico no previsto" por la recesión derivada de la pandemia, en lugar de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, como preveía el departamento que lidera Díaz. La situación sobrevenida por la pandemia modificaría así la hoja de ruta del Gobierno respecto a la reforma laboral o, al menos, se "acompasaría a los momentos que estamos viviendo para salir lo antes posible de la situación de crisis", según argumentaba la portavoz del Gobierno. La pandemia del coronavirus y la consiguiente crisis económica ya obligaron al Ejecutivo a reajustar el calendario de algunas de sus medidas programáticas, como la reforma fiscal, pero la reforma laboral es una medida que Díaz no dejará de empuñar fácilmente, ateniéndose al 'pacta sunt servanda'.

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El calendario que se manejaba desde Trabajo para los cambios en la reforma laboral comprometidos en el acuerdo programático del Gobierno de coalición consistía en dos fases. Para la primera, se fijaba el objetivo de derogar las cuestiones consideradas urgentes. Esto es, además del absentismo por enfermedad, la parte que da prioridad a la aplicación de los convenios de empresa sobre los sectoriales y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo —ultraactividad—. Otras prioridades marcadas por Trabajo pasaban por establecer limitaciones a la empresa a la hora de modificar de forma unilateral las condiciones del contrato laboral, revisar los mecanismos de no aplicación de los convenios colectivos limitándolos al descuelgue salarial por causas económicas graves y modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores —mientras se redacta uno nuevo— para limitar la subcontratación a servicios especializados que no sean la actividad principal de la empresa en cuestión.

La segunda fase prevista, una vez consumado este primer paquete de derogaciones, era la legislativa. Se pondría ahora en marcha, una vez que se terminen los trabajos en la mesa de diálogo social respecto a la denominada 'ley rider', y consistiría en el redactado de nuevos artículos, modificación de otros y elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Desde la dirección del partido morado, reconocen que una vez se aprueben las cuentas públicas, perderán la principal arma negociadora con que contaban para arrancar medidas dentro del Ejecutivo, sin descartar la posibilidad de que los socialistas intenten ahora 'esquinar' a sus socios. Sitúan así todo el foco en el acuerdo de gobierno y su cumplimiento íntegro como guía para la cohesión de la coalición, apuntando que, una vez aprobadas las cuentas, se atrincherarán en el programa.