El Gobierno reducirá la tipología de contratos y limitará la subcontratación

El plan de reformas estructurales condicionado a los fondos europeos que el Gobierno enviará a Bruselas esta semana recoge el compromiso en materia laboral de "simplificar los tipos de contratos laborales disponibles". A la espera de que se abra la mesa de diálogo con los agentes sociales sobre la reforma laboral, el Ejecutivo avanza también en el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —donde se marca la hoja de ruta del Ejecutivo para superar la crisis— que "se tomarán medidas para reducir la excesiva temporalidad y la precariedad laboral". La reforma de las políticas activas de empleo recogidas en el plan de recuperación incluyen asimismo el desarrollo de nuevos instrumentos, como un fondo para la generación de empleo y una evaluación continua de las estrategias de inserción laboral.

Uno de los principales objetivos pasa por limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, para lo que se requiere una modificación en el Estatuto de los Trabajadores —concretamente, del artículo 42.1—. Se trata de uno de los compromisos programáticos plasmados en el programa de la coalición y que desde el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz quieren materializar antes de que finalice el año. Así se recoge en el plan normativo anual, a través de una ley que aprobará el Consejo de Ministros "por la que se modifican la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, así como los mecanismos de contratación y subcontratación empresarial".

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La norma se justifica para "reforzar la protección de las personas trabajadoras y recuperar el papel de los convenios colectivos". Otra de las prioridades de las que también se da cuenta en el plan de recuperación tiene que ver con la consolidación de los ERTE, sin tener que recurrir a una legislación excepcional, para "preservar el empleo ante 'shocks' adversos para la economía".

El Gobierno prevé derogar en dos fases la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy. Una primera, suprimiendo artículos de la actual ley, y una segunda, elaborando un nuevo Estatuto de los Trabajadores, en el marco del diálogo social. La primera comprende los artículos considerados "más urgentes". Esto es, la ultraactividad, supresión de la prioridad de convenios de empresa, subcontratación y descuelgues. La crisis sanitaria por el coronavirus obligó a dejar en punto muerto el calendario de los trabajos para 'desmontar' la reforma laboral del PP, y ahora se quiere retomar en el mismo punto.

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La segunda fase prevista, una vez consumado el primer paquete de derogaciones, es la legislativa. Consistiría en el redactado de nuevos artículos, modificación de otros y elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. En lo referente al despido, se pretende poner más el acento en las causas y no tanto en las indemnizaciones, porque se considera que así se sitúa mejor el foco en la protección del trabajador.

La titular de Trabajo pretende priorizar, como hasta ahora, el diálogo social, después de haber alcanzado ya seis acuerdos con sindicatos y empresarios, en contraste con la actual falta de consenso político en el Congreso. En esta línea, avanzaba en dos entrevistas durante el pasado fin de semana que no quiere "correr con la reforma laboral este año". Sí es una prioridad para antes de que finalice el año la conocida como 'ley rider'.

Se trata de una norma con la que se buscará regular el creciente fenómeno de las personas trabajadoras que llevan a cabo actividades de distribución a terceros haciendo uso de medios tecnológicos. Se busca aclarar las notas de laboralidad y aclarar "lo accesorio o instrumental —el uso de los medios tecnológicos— de lo esencial —la existencia de auténticas relaciones subordinadas y dependientes prestadas dentro del círculo rector y organizativo de la empresa—, evitando el uso desproporcionado de soluciones judiciales a veces contradictorias, con la inseguridad jurídica y la desprotección que esto genera para las personas trabajadoras afectadas".

Este mismo martes, el Consejo de Ministros aprobaba otro decreto impulsado por el Ministerio de Trabajo, en colaboración con el Ministerio de Igualdad, sobre "transparencia retributiva", por la que las empresas con más de 50 trabajadores deberán publicar las tablas salariales de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos, en un máximo de seis meses. El registro retributivo deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo.

La brecha retributiva entre hombres y mujeres en España, según los datos del Gobierno, asciende al 22%, y esta norma tendrá la función de garantizar la transparencia y hacer "aflorar la desigualdad" que existe en España, en palabras de la ministra portavoz, María Jesús Montero. De hecho, según el Gobierno, muchas veces estas desigualdades "no son tan evidentes como parecen" y es complicado detectarlas. "Se acabó que un hombre y una mujer puedan cobrar retribuciones diferentes", zanjaba por su parte la ministra de Trabajo. El Consejo de Ministros de este martes aprobó también otro decreto por el que se regulan los planes de igualdad y su registro. En este caso, el objetivo pasa por garantizar "el principio de igualdad de trato y prohibición de discriminación entre mujeres y hombres mediante la adopción de medidas que supriman los obstáculos para una igualdad efectiva en las empresas".