Las renuncias de los PGE: del impuesto a los ricos y al diésel a las partidas de la Casa Real

El consenso implica renuncias. En el caso de los Presupuestos Generales del Estado, incluso dejar de lado medidas que se habían planteado como líneas rojas. No solo entre los partidos de la oposición, sino también entre los que forman parte del Ejecutivo de coalición. Los socialistas, por ejemplo, han tenido que renunciar al impuesto al diésel para poder sumar a los nacionalistas vascos, pero también a Ciudadanos, que lo puso como condición para seguir negociando y no presentar una enmienda a la totalidad.

Los morados, por su parte, tuvieron que dejar fuera del proyecto de Presupuestos el plan fiscal recogido en el programa de gobierno y, principalmente, el denominado impuesto a la riqueza o la bajada del IVA a productos que consideraban esenciales y por tanto valedores de aplicarles un tipo hiperreducido, como los de higiene femenina. Fueron dos máximas con las que Unidas Podemos comenzó a negociar con el PSOE el borrador del proyecto de Presupuestos.

Los otros nueve partidos con los que saldrán adelante las cuentas públicas también han tenido que prescindir de algunas de sus reivindicaciones históricas. Identitarias, en algún caso, como por ejemplo les ha ocurrido a los republicanos catalanes, al tener que retirar una enmienda sobre la Casa Real. Existía el riesgo de que si la apoyaban los partidos de la oposición conservadora, no saldría adelante la sección en la que iba incluida y con ello se tumbarían los Presupuestos. La enmienda reclamaba que se dejase sin partida a la Casa Real.

El propio portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, destacó esta enmienda, de las 320 que presentaron, como uno de los cinco "clásicos" de su formación y la defendió como una "reivindicación histórica". Sin contradicciones, no hay política. A ello se suma que tanto Unidas Podemos como ERC y EH Bildu retirasen su firma de la enmienda para prohibir los desahucios, aunque en este caso lo justificaron para "facilitar" las negociaciones en el seno del Gobierno para desarrollar dicha medida vía decreto.

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Los soberanistas vascos tampoco lograron sacar adelante su enmienda para "la compra" del astillero de La Naval de Sestao. Se trataba de una partida de 12 millones de euros para la adquisición de "los lotes en venta de La Naval para facilitar y agilizar la búsqueda de nuevos inversores, pasando así a titularidad pública los terrenos, la infraestructura y la maquinaria". Con ello, se pretendía paliar la situación en que se encuentra el astillero vasco, sin inversores y en primera fase de liquidación. Desde la coalición 'abertzale', destacaron esta iniciativa, junto a la regulación de los alquileres, como las principales reivindicaciones en la treintena de enmiendas que registraron.

Otra de las renuncias, en este caso tanto de PDeCAT como de ERC, tiene que ver con la creación de un fondo para la recuperación económica de las entidades locales. Los primeros pactaron en la Junta de Gobierno de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) la presentación de una enmienda con el objetivo de paliar los efectos del coronavirus. Desde el Gobierno, se desoyó.

Tampoco se consensuó otra propia de los soberanistas catalanes, por una mayor cantidad económica, 4.000 millones de euros en lugar de los 3.000 propuestos por la FEMP, y que fue vetada previamente en la Comisión de Presupuestos. Los posconvergentes escindidos de Puigdemont que apoyarán las cuentas, al contrario que JxCAT, lo harán también a pesar de que se vetaron en la Comisión de Presupuestos la práctica mayoría de sus enmiendas sobre cuestiones fiscales, siendo uno de sus principales objetivos en esta materia que se suprimiese la subida del IVA a las bebidas azucaradas.

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Entre los minoritarios, con menos fuerza para ejercer influencia, máxime al abaratarse el coste de los apoyos una vez conseguidos los votos mínimos necesarios, las renuncias han sido más abundantes. Así, Más País tendrá que seguir peleando por sacar adelante varias de sus principales demandas: desde la reducción de la jornada laboral financiando un proyecto piloto a la congelación del presupuesto de la Casa Real o la sustitución de vuelos peninsulares con alternativa de bajas emisiones, principalmente el tren.

Con todo, una de las principales renuncias, que también tuvo que asumir Compromís, fue la retirada del impuesto al diésel. Ambas formaciones consideraban esencial una subida para encarar los objetivos de transición ecológica. Más País llegó a amagar con votar en contra de los Presupuestos y su portavoz, Íñigo Errejón, calificó la decisión de "un grave error que pagaremos en el medioambiente y en nuestra salud".