La fiscal que investiga a Podemos asesora al Gobierno en una comisión de Justicia
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PIDE LIMITAR LA INVESTIGACIÓN A NEURONA

La fiscal que investiga a Podemos asesora al Gobierno en una comisión de Justicia

Lorena Álvarez Taboada forma parte del grupo de 10 expertos que, bajo las órdenes del Ministerio de Justicia, elabora el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal

placeholder Foto: Pablo Iglesias e Irene Montero, junto a Juan Manuel del Olmo. (EFE)
Pablo Iglesias e Irene Montero, junto a Juan Manuel del Olmo. (EFE)

La fiscal que investiga las cuentas de Unidas Podemos de las elecciones generales de abril de 2019, Lorena Álvarez Taboada, forma parte de la comisión de expertos que trabaja bajo las órdenes del Ministerio de Justicia para elaborar el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Como representante del Ministerio Público, Álvarez Taboada es una de las figuras clave en el procedimiento que se sigue en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid, en el que se encuentran imputados varios miembros de la cúpula de Podemos y el propio partido como persona jurídica por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal. Con esta investigación como telón de fondo, la fiscal asesora al mismo tiempo al Gobierno de cara a la inminente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El 8 de mayo, Justicia dio a conocer los nombres de los 10 miembros que compondrían la comisión que elabora el anteproyecto por encomienda del ministro Juan Carlos Campo. El grupo está presidido por Juan José López Ortega, el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas que dirigió el equipo encargado de elaborar el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal del PSOE hace ya nueve años. En aquella ocasión, el trabajo realizado quedó en papel mojado, porque se adelantaron las elecciones generales como consecuencia de la crisis económica y Mariano Rajoy se hizo con la presidencia, pero hasta seis de los expertos que participaron entonces vuelven a formar parte de la actual comisión, entre ellos, la propia Álvarez Taboada.

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)

En 2011, cuando tomó posesión como fiscal de la Secretaría Técnica, el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, la definió como una mujer "comprometida" y "solvente", con "acreditados sólidos méritos" y una "personalidad arrolladora". "Con pocos años de recorrido en la carrera fiscal, tras una formación sólida, que abarca además del Derecho una específica formación criminalística y el envidiable dominio de idiomas que a las generaciones anteriores nos ha resultado por regla general tan complicado, la nueva fiscal de la Secretaría Técnica nos llega directamente desde su ocupación anterior, que era ni más ni menos que la tarea de redacción de la propuesta de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha elaborado y tiene preparada el Ministerio de Justicia", sostuvo en su discurso Conde Pumpido.

Antes de saltar a la Secretaría Técnica, Álvarez Taboada pasó dos años en la Fiscalía de Área de Vigo y también formó parte de la sección de Enjuiciamiento de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. El 2 de marzo de 2018, con el PP en el Gobierno y Rafael Catalá como ministro de Justicia, se hizo con la plaza vacante de la segunda categoría de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, asentándose así en el equipo con el que cuenta el Ministerio Público en el Tribunal Superior de Justicia de este territorio. Con esta carrera a sus espaldas, representa a la Fiscalía en el procedimiento que sigue el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, contra Podemos y destacados miembros del partido, entre ellos, el actual director de Estrategia y Comunicación de Iglesias en la vicepresidencia, Juan Manuel del Olmo.

Foto: El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. (EFE)

La investigación parte de una denuncia presentada por el que fuera abogado de la formación, José Manuel Calvente, que defiende que Podemos pudo haber incurrido en irregularidades al contratar a la consultora Neurona de cara a las generales de abril de 2019. En su escrito, apuntaba además al desvío de 50.000 euros de la caja de solidaridad de Podemos a la asociación #404 comunicación popular, al acceso “inconsentido” al contenido del disco duro de la abogada de la formación Marta Flor Núñez y a la supuesta licitación irregular de obras, entre ellas, la adjudicación “a dedo” de la reforma de la sede, pero la Fiscalía pidió dar carpetazo a estas líneas de investigación porque considera que se basan en la "animadversión" de Calvente hacia Podemos y en simples "rumores, sospechas o suspicacias".

Entre los últimos escritos de la Fiscalía, destaca otro en el que pedía mantener imputado al partido solo para ser "más garantista", pues aprecia una falta de indicios respecto a una posible financiación irregular y considera que las pesquisas deben centrarse “exclusivamente” en el contrato suscrito por la formación con la empresa Neurona. En la misma línea, Álvarez Taboada cuestionó el pasado octubre que agentes especializados en blanqueo investiguen a Podemos y tachó de "excesiva" la "autorización general" efectuada por el juez para que agentes de la Policía Judicial pertenecientes a esa brigada recabaran "cualquier otra información y documentación complementaria que consideren necesaria" en el marco de esta investigación.

La fiscal que investiga las cuentas de Unidas Podemos de las elecciones generales de abril de 2019, Lorena Álvarez Taboada, forma parte de la comisión de expertos que trabaja bajo las órdenes del Ministerio de Justicia para elaborar el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Como representante del Ministerio Público, Álvarez Taboada es una de las figuras clave en el procedimiento que se sigue en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid, en el que se encuentran imputados varios miembros de la cúpula de Podemos y el propio partido como persona jurídica por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal. Con esta investigación como telón de fondo, la fiscal asesora al mismo tiempo al Gobierno de cara a la inminente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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