Justicia no priorizará la reforma para la instrucción fiscal y confía en seducir al PP

Iba a ser el eje central de la legislatura para el Ministerio de Justicia, pero el covid ha dado al traste con los planes iniciales. El departamento que dirige Juan Carlos Campo ha iniciado los trabajos para abordar lo que pretende ser un proyecto de gran envergadura con un largo camino por delante. Su objetivo: lograr tras varios intentos fallidos de anteriores ejecutivos, socialistas pero también populares, reformar a fondo una Ley de Enjuiciamiento Criminal anclada en el siglo XIX. Fuentes ministeriales precisan que el proyecto no es ahora prioritario dadas las circunstancias, que obligan a centrar los esfuerzos en el plan para una reactivación de los tribunales tras la crisis sanitaria que se adivina ya difícil.

"Hemos decidido ponerlo en marcha conscientes de que no se ultimará de un día para otro", apuntan estas fuentes, que precisan que la reforma no se limitará a un retoque cosmético y que en este momento se trabaja con la mirada puesta en la desescalada tras las medidas excepcionales impuestas por el covid, que abarcan el esfuerzo primordial del departamento. El ministerio inició los trabajos para la elaboración del nuevo texto la pasada semana mediante la creación de la comisión de expertos que se encargará de la elaboración del anteproyecto. Designó como presidente y coordinador de los trabajos al magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega, miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

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La redacción de una nueva ley procesal penal o la modificación integral de la vigente ha sido defendida en los últimos 20 años por gobiernos de distinto signo. Desde su inclusión en el Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia, firmado el 28 de mayo de 2001, tanto el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Mariano Rajoy elaboraron sus propios textos que, finalmente, no llegaron a ser debatidos ni aprobados en las Cortes Generales. El actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la incluyó entre sus prioridades en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del pasado 17 de febrero, comprometiéndose a presentar un texto para su aprobación por el Consejo de Ministros antes de que finalice el presente año.

La intención del Gobierno es suscitar el mayor consenso posible con la mirada puesta en el principal partido de la oposición, el PP. "Tenemos la intención de elaborar un texto abierto a todos, que crezca de forma participativa", destacan las fuentes consultadas, que ponen el acento en la existencia de una "conciencia compartida" por las dos formaciones y en la existencia de elementos comunes en las dos propuestas anteriores que no llegaron a salir adelante.

No obstante, el PP se muestra cauteloso y desconfía de las intenciones del Ejecutivo. El portavoz popular de Justicia en el Congreso, Luis Santamaría, destaca la actual elección de la exministra de Justicia Dolores Delgado para dirigir la Fiscalía General del Estado y "la sombra" que este hecho proyecta sobre cualquier plan que suponga conceder a los fiscales la instrucción de los procedimientos. "Habrá que aguardar a un momento de mayor serenidad", indica, considerando que el actual contexto —en el que aprecia una espiral "bolivariana" de recorte de derechos— no es el idóneo para tratar esta cuestión. Pese a ello, pide al ministerio que abra "un cauce de comunicación fluido" que facilite la cooperación de ambas fuerzas.

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La reforma pretende así ser ambiciosa y centrarse en varios ejes. Por una parte, instaurar las bases "de un cambio de lógica procesal" que haga descansar el impulso de la investigación judicial en la Fiscalía con la supervisión de jueces de garantías. Un "cambio de paradigma" que exigirá previsiblemente cambios en el actual Estatuto fiscal para incrementar la autonomía de los miembros de la carrera. Prevé además abordar una profunda actualización para incluir las nuevas tecnologías en un texto que el mismo padre de la norma, Manuel Alonso Martínez, consideraba transitorio, y fijar la atención en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

Durante su comparecencia ante el Congreso, Campo calificó la actual ley como "decimonónica, estructural y sustantivamente desbordada por la realidad procesal". "Es un reto nacional, de ahí la importancia de lograr el máximo acuerdo posible entre los grupos parlamentarios", indicó el ministro, que añadió que los cambios necesarios deben abordarse escuchando a todos.