Justicia inicia la reactivación y permitirá la presentación telemática de escritos

El Ministerio de Justicia ha iniciado una tímida reactivación del servicio de tribunales y juzgados, ahora sólo habilitado para mínimos y urgencias. El departamento que dirige Juan Carlos Campo ha elaborado una resolución en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial en la que establece que, para asegurar el correcto funcionamiento del servicio público durante la vigencia del estado de alarma, podrán presentarse a partir del próximo miércoles escritos de forma telemática.

La iniciativa se adopta, según especifica la resolución que ya ha firmado el ministro, para todos los escritos presentados en las oficinas judiciales y fiscales de forma telemática (Lexnet o sistemas equivalentes en País Vasco, Cataluña, Navarra, Cantabria y Aragón), y su reparto a los órganos competentes. El objetivo es asegurar el adecuado funcionamiento aunque, eso si, se recomienda a abogados, procuradores y graduados sociales una ponderación o moderación en la presentación de escritos para hacer más viable el reparto.

El texto también precisa que deberán prestarse en todo caso los servicios esenciales fijados y "la llevanza de todos aquellos procedimientos no enmarcados en la categoría de servicios esenciales siempre que lo permitan los medios disponibles". Exige que "en el plazo más breve posible" se lleven a cabo todas las inscripciones de fallecimiento y nacimiento presentadas, así los procedimientos del Registro Civil no enmarcados en la categoría de servicios esenciales siempre que lo permitan los medios disponibles.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy, de forma consensuada con el Ministerio, apoyar la medida a la vista de la evolución de las circunstancias de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid. En opinión del órgano de gobierno de los jueces permite contemplar un nuevo escenario de mayor actividad en todos los sectores, y en particular en el funcionamiento de la administración de justicia. "Se evita, de ese modo, su paralización y colapso con la subsiguiente la lesión de los derechos e intereses de los particulares”, señala.

El Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, contempla una prórroga de 15 días del estado de alarma para la gestión de la pandemia COVID-19 en un nuevo escenario en el que no se aplican ya los criterios de confinamiento cualificado contemplados en el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, de conformidad con las determinaciones de la Autoridad Central Sanitaria. Justicia destaca en la resolución, a la que ha tenido acceso El Confidencial, "la ejemplar labor y sacrificio que están realizando todos los operadores jurídicos, jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios y personal laboral, así como los abogados, procuradores y graduados sociales".

"Todos somos conscientes de la importancia que tiene para nuestra sociedad el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia y que la única manera de superar esta crisis es mediante una actuación coordinada y responsable con el servicio público que contribuyen a prestar. La presente resolución adapta a esta nueva fase el funcionamiento de juzgados y tribunales, así como el régimen de servicios esenciales. En ella, se establecen las bases para una eventual reactivación del servicio público de justicia en ulteriores fases, cuando así lo determinen las resoluciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias", explica.

Presentación de escritos

La decisión implica que en las actuaciones y servicios no esenciales "cabrá la presentación de los escritos iniciadores del procedimiento, su registro y reparto, así como su tramitación conforme a las normas procesales aplicables hasta el momento en que dé lugar a una actuación procesal que abra un plazo que deba ser suspendido por el estado de alarma". El acuerdo añade que lo mismo sucederá "respecto de los escritos de trámite, no vinculados a términos o plazos interrumpidos o suspendidos, y hasta que den lugar a actuaciones procesales que abran plazos procesales que deban quedar suspendidos". Esta regla será de aplicación tanto a las actuaciones de primera instancia como a las actuaciones de instancias sucesivas y del recurso de casación. También será aplicable a las actuaciones del Registro Civil no consideradas esenciales.