Justicia prepara un plan para afrontar una avalancha de despidos y reclamaciones

El Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid incluye una previsión que da la medida de la avalancha de reclamaciones patrimoniales, despidos y concursos que prevé el Ejecutivo tras la crisis sanitaria. El texto introduce una disposición adicional frente a la situación generada en la Administración de Justicia derivada de la pandemia del coronavirus y determina que el Gobierno aprobará un plan específico de actuación en el ámbito de los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo y así como en al ámbito de los Juzgados de lo Mercantil.

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"En estos concretos ámbitos de actuación judicial es previsible que se produzca un notable incremento de los de asuntos como consecuencia del aumento del número de despidos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial o declaraciones de concursos y reclamaciones de consumidores entre otras actuaciones", indica el decreto aprobado en el Consejo de Ministros de este martes.

Asegura así que, una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y las previsibles prórrogas del mismo, el departamento que dirige Juan Carlos Campo aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.

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J. C.

Se trata de una medida que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya anunció el pasado viernes en una entrevista radiofónica en la que explicó que el Gobierno estaba "barajando" el establecimiento de "planes de refuerzo" para que estos órganos puedan "articular y digerir todo el volumen" de ERTE que se están presentando en toda España. Según informó, la situación requiere aprobar medidas de agilización procesal tras el levantamiento del estado de alarma.

Campo aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial

Dicho plan de actuación deberá ser propuesto por el Ministerio de Justicia, que lo elaborará en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias en la materia y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que integran la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para la lucha contra el coronavirus.

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B. Parera

El Ministerio recuerda que de esta forma se han adoptado todas las medidas sobre la prestación de los servicios esenciales por parte de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia durante la contención de la pandemia. El ministro de Justicia se reúne cada semana, por videoconferencia, con la Comisión de coordinación y en la última sesión, celebrada el pasado viernes, se acordó comenzar los trabajos para analizar y adoptar las medidas precisas para la paulatina vuelta a la normalidad de los órganos judiciales tras la reanudación de los plazos procesales que, salvo en el caso de los servicios esenciales, han quedado suspendidos con el estado de alarma.