Justicia cede 800 médicos forenses y casi 200 facultativos para luchar contra el virus

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este viernes que su departamento ha puesto a disposición de Sanidad a los 756 médicos forenses con los que se cuenta en el territorio nacional, todos los que se encuentra en plantilla, a los que se suman 180 facultativos de laboratorio que se destinarán a acelerar la realización de los test del coronavirus y agilizar la pruebas.

Campo, que ha tomado el control de todos los funcionarios de la Administración de Justicia en el territorio nacional para poder coordinar su actividad profesional y garantizar la prestación de servicios esenciales durante el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus, puede adoptar, cuando lo considere conveniente, las resoluciones necesarias para aplicar un criterio "homogéneo" en toda España. Actua en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y las administraciones que tienen transferidas las competencias en la materia.

El ministro ha destacado, además, su preocupación por la seguridad del personal de Justicia -jueces, fiscales, letrados de la administración, abogados- cuya actividad considera esencial en estos momentos, y ha anunciado que mantendrá una reunión durante el fin de semana para elaborar un protocolo que sirva para minizar el riesgo de contagios tanto de los profesionales como de la ciudadanía que acuda a los juzgados y que espera tener listo para el próximo domingo.

Ha descartado, sin embargo, el cierre de Juzgado que reivindican algunas asociaciones de jueces y fiscales. "No se va a cerrar ningún juzgado. aquellos juzgados donde se hayan detectado casos, hay desalojo inmediato para desinfectar y reanudar para la prestación de servicios esenciales", ha aclarado. "En muy poco tiempo, esos aplausos a los sanitarios estoy deseando que sean para los servidores públicos de la Administración de Justicia. Espero que puedan prestar sus servicios en las mejores condiciones. Se van a potenciar medidas de protección para tarea más segura y más tranquila", ha indicado Campo.

En días pasados, Justicia dictó nuevas directrices para el cumplimiento de los servicios esenciales en juzgados y tribunales durante la vigencia del estado de alarma. Obliga a los funcionarios de los distintos juzgados, tribunales y fiscalías a observar las recomendaciones y medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad para evitar el contagio y propagación de la enfermedad. Además, reclamaba una "utilización responsable" de los elementos de protección contra el virus que se limite a los ámbitos establecidos por las autoridades sanitarias.

Servicios esenciales

Los servicios garantizados desde el pasado 14 de marzo por acuerdo del CGPJ, Fiscalía y ministerio que no han quedado afectados por el Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma son: cualquier trámite judicial que, de no practicarse, pudiera causar un perjuicio irreparable; internamientos urgentes no voluntarios por razón de trastorno psíquicos; o la adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de menores.

Además, los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan y deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores. Por otro lado, el Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia. En particular, deberán asegurar la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios.

También se continuarán realizando todas aquellas actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciara, con detenido o presos y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etcétera. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, seguirán practicándose las autorizaciones de entrada sanitarias, urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes, y recursos contencioso-electorales.

En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes, así como los procesos de Expedientes de Regulación de Empleo y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. En general, los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes y preferentes, es decir, aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría muy gravosa la tutela judicial reclamada.

Por último, cada presidente del Tribunal Superior de Justicia, de Audiencia Provincial y juez decano adoptarán las medidas que procedan relativas al cese de actividad en las dependencias judiciales en que se encuentren sus respectivas sedes, y cierre o desalojo de las mismas en caso de que procediera, poniéndolo en conocimiento y en coordinación con la Comisión de Seguimiento competente.