Reprocha una falta de diligencia inadmisible

Fiscalía General carga contra la jueza que dio 24 h para dotar de mascarillas a los fiscales

Dice que ante la terrible situación debería demostrarse "un mínimo conocimiento del funcionamiento, extensión territorial y competencias específicas de otras instituciones constitucionales"

Foto: Dolores Delgado. (Fiscal.es)
Dolores Delgado. (Fiscal.es)

"Absoluta y patente falta de competencia objetiva de este juzgado de lo Social para conocer del presente procedimiento". La Fiscalía General del Estado ha presentado un duro recurso contra la magistrada que dio la pasada semana 24 horas de plazo al órgano que dirige Dolores Delgado para dotar a los fiscales de elementos de protección para protegerse contra el coronavirus. Acusa a la jueza de excederse en sus competencias y de una "inadmisible" falta de diligencia.

En un duro escrito, la Fiscalía argumenta que la demanda que provocó la adopción de medidas cautelares, presentada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), es en realidad una demanda de conflicto colectivo al interponerse en representación del colectivo de fiscales, "no circunscribiéndose a los que desempeñan sus funciones en la Comunidad Autónoma de Madrid", debido a que puede afectar a todas las Fiscalías del territorio nacional. Por ello, alega, correspondería su conocimiento a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

!Resulta que desde un juzgado de lo Social, arrogándose competencias de las que carece, la magistrada ha admitido una demanda —interpuesta a través de un procedimiento inadecuado— y ha dictado un auto de medidas cautelarísimas 'in audita parte', sin precedentes conocidos, contra un órgano con relevancia constitucional que extiende sus competencias y atribuciones a todo el territorio del Estado, la Fiscalía General del Estado. Este claro exceso en el ejercicio de sus competencias, y es posible que en el de su jurisdicción, supone una falta de diligencia inadmisible", indica el escrito.

"Este claro exceso en el ejercicio de sus competencias, y es posible que en el de su jurisdicción, es una falta de diligencia inadmisible"

El recurso reprocha también que, "ante la terrible situación a la que se enfrenta día a día la Justicia", debiera ser predicable por quienes ejercen un poder del Estado "un mínimo conocimiento del funcionamiento, extensión territorial y competencias específicas de otras instituciones constitucionales, como es el Ministerio Fiscal y uno de sus órganos: la Fiscalía General del Estado". Por ello, reclamaba que se dicte una resolución declarando la nulidad del auto en el que se exigía la entrega de material de protección y, con ello, que queden sin efecto las medidas cautelares y los requerimientos acordados.

En su auto, la magistrada citaba jurisprudencia anterior para indicar que es deber del empresario garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Se refería a la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo y a los acuerdos que se han venido adoptando por el Consejo General del Poder Judicial y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ambos dirigieron una solicitud a la Administración indicando que debían solicitarse "cuantos instrumentos y medios se estimen necesarios para garantizar la protección de la salud a fin de evitar contagios por propagación".

En su opinión, este requerimiento no tuvo, sin embargo, "un adecuado cumplimiento". "Hasta ahora, no se está cumpliendo por ausencia de medios materiales necesarios para ello, con grave riesgo para la salud de quienes prestan sus servicios en la Administración de Justicia y de cuantos ciudadanos acudan a los órganos judiciales", indicaba.

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