La cúpula Podemos se desentiende de los desvíos de dinero electoral a México

La cúpula de Podemos se desmarcó este viernes ante el juez Juan José Esconilla del desvío a México de parte de la subvención electoral que cobraron para la campaña de 2019. Desde las diez de la mañana, varios miembros de la formación que dirige Pablo Iglesias declararon como imputados ante el magistrado, entre ellos Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación y actual director de Estrategia del vicepresidente. Fuentes jurídicas presentes en la declaración explican que, como responsable de la campaña de las generales de 2019, aseguró que la empresa a la que contrataron, Neurona Comunidad, cumplió con los trabajos que le encargaron, pero se desentendió de los más de 307.000 euros que la consultora transfirió a una sociedad mexicana llamada Creative Advice Interactive Group.

"Lo desconocemos. En cualquier caso, si la administración de Neurona tenía disposición sobre esas cantidades, será de la incumbencia de Neurona o de las entidades con las que subcontrató servicios", defendió al término de la declaración el abogado del partido, Gorka Velle Bergado. Más allá de Del Olmo, por el juzgado también pasaron la mañana de este viernes la gerente de Podemos, Rocío Esther Val, y el tesorero Daniel de Frutos, que fue quien autorizó el pago a este proveedor. Ambos defendieron que Neurona prestó servicios al partido durante la campaña para las generales de abril de 2019 y, frente a las preguntas sobre por qué parte del dinero acabó en México, se escudaron en que se trataba de decisiones internas de la empresa contratada.

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Para justificar el hecho de que recurrieran a Neurona, la cúpula de Podemos subrayó que se trata de una de las consultoras más importantes de América Latina a la hora de trabajar para partidos de izquierdas. Apoyándose en esta idea, Del Olmo defendió el pago de 363.000 euros a la misma para la campaña de las generales del 28-A, cobro que se produjo a través de una sociedad, Neurona Comunidad, creada en España solo unos días antes de las elecciones. Según explicó, él conocía a uno de los responsables de la compañía, César Hernández, desde 2018, por lo que llegado el momento de reforzar el equipo para la campaña, optó por recurrir a él tanto para las generales como para las autonómicas y municipales que se celebraron posteriormente.

De los 363.000 euros que Neurona cobró por los primeros comicios, 307.000 se desviaron a México, como se refleja en la documentación presentada por su administrador en España, Elías Castejón. En ella constan varios correos de una de las dueñas de la consultora, Andrea Edlin López Hernández, ordenándole realizar ocho transferencias por "facturas que nos ha hecho llegar la empresa Creative Advice Interactive Group" en 2019. López en ningún momento especifica en sus mensajes a qué respondían estos pagos y, según defendió Castejón durante su declaración de la semana pasada, él desconoce el porqué de los mismos: asegura que seguía indicaciones de López y de Germán Cobos Pío, un hombre que, como adelantó El Confidencial, ha trabajado para campañas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

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Con esa incógnita sobre la mesa, los cuatro miembros de Podemos fueron desfilando este viernes por el juzgado, pero ninguno de ellos aclaró las transferencias a México. Uno a uno, defendieron la legalidad de las actuaciones y subrayaron que Neurona hizo los trabajos que le encargaron, apuntando a que iba más allá de sus competencias el hecho de que recurriera a una mercantil mexicana. Para comprobar la veracidad de sus palabras, el juez ya ha ordenado a la UDEF que investigue los vídeos entregados por Podemos para justificar los supuestos trabajos realizados por Neurona: entre la campaña de las generales y las que siguieron a ese primer encargo, la consultora cobró del partido que dirige Pablo Iglesias más de 425.000 euros.

Las obras en la sede

La cuarta miembro de Podemos que declaró este viernes ante el juzgado fue la responsable de Compras, Andrea Deodato. En su caso, la declaración se centró en las obras de la sede del partido, cuestión que también fue denunciada por el abogado José Manuel Calvente: relaciona el sobreprecio respecto de la licitación con una supuesta adjudicación "a dedo" de las obras. Pese a ello, a las puertas del juzgado, la defensa de Podemos aseguró que "todo se ha aclarado" respecto a esta cuestión, mientras que los abogados de Vox, que ejercen como acusación popular, mantienen que se ha incurrido en "contradicciones" que abren nuevas líneas de investigación y, según explicaron, sopesan pedir nuevas diligencias al juez.

Para defender esta postura, los letrados del partido que lidera Santiago Abascal apuntan a que la versión del tesorero de Podemos, al que también se le preguntó por la reforma de la sede y supuestamente hizo alusión a un derrumbe, no coincide con la de varios proveedores de servicios de las obras que declararon este viernes como testigos.