El Gobierno presiona a Madrid con la intervención para frenar el avance del covid

En cinco días, el ambiente de cooperación entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid ha saltado por los aires. Lo que el lunes eran buenas palabras y apoyo público para hacer frente a la segunda ola de la pandemia ahora son reproches y discrepancias públicas sobre las medidas que hay que tomar. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no está de acuerdo con las restricciones adoptadas por Madrid y lleva dos días presionando para que rectifique. Hasta el punto de que ya estudia intervenir de alguna manera en la región, aunque se resiste a activar el estado de alarma.

Fuentes del Gobierno señalan que todavía no se ha decidido tomar esa medida. De momento insiste en presionar a la Comunidad. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dado dos ruedas de prensa en dos días en las que ha mostrado la disconformidad del Gobierno con la actuación de Madrid y le ha emplazado a que rectifique y siga las recomendaciones del ministerio, que considera que se debe restringir la movilidad en toda la capital y no solo en algunas zonas básicas de salud.

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El estado de alarma no es la única opción que maneja el Gobierno para intervenir en Madrid. Además del artículo 155 de la Constitución, una opción bastante lejana y que no está sobre la mesa, puede recurrir a la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, del año 2003. El artículo 65, modificado en junio con el decreto de nueva normalidad, no solo permite adoptar medidas coordinadas de salud pública entre las comunidades, sino que también autoriza al Gobierno a actuar en situaciones de "urgente necesidad".

Fuentes conocedoras de la situación indican que la Comunidad de Madrid no rechaza la principal medida que le exige el Gobierno, confinar todos los municipios con una incidencia acumulada superior a 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días (72, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad), pero pide que se extienda a todo el país. Además, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso insiste en la necesidad de realizar test en el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez y en las estaciones de RENFE.

La Comunidad no entiende el cambio de postura del ministro Illa, al que acusan de cambiar sobre la marcha las reglas del espacio de cooperación y de exigir que Madrid siga las indicaciones de Sanidad. De momento, el Grupo covid-19, con representantes de ambas administraciones, sigue adelante, pero sin su portavoz. Ambas partes acordaron el jueves nombrar para ese puesto a Emilio Bouza, reputado médico, exdirector del servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón y fundador de la Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Este sábado, Bouza dimitió.

En una carta dirigida al ministro de Sanidad y al consejero de Sanidad autonómico, Bouza señala lo sucedido este viernes como la causa de su dimisión. "Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento", dijo.

Lo que pasó este viernes es que, mientras la Comunidad de Madrid anunciaba que extendía las restricciones anunciadas una semana antes a otras ocho zonas básicas de salud, lo que hacían un total de 45, Salvador Illa comparecía a la misma hora en la Moncloa para dejar claro que el Gobierno no estaba de acuerdo. Ni coordinación ni cooperación. Ambas partes acordaron el nombramiento de Bouza y un día después se olvidaron de él.

Illa dio otra rueda de prensa este sábado en Barcelona en la que volvió a señalar la gravedad de la situación en Madrid y volvió a pedir a la Comunidad que rectificara. "Cuando digo que está en riesgo la salud de sus ciudadanos, no lo digo a efectos retóricos, lo digo porque es así. La incidencia acumulada, la presión hospitalaria, la letalidad... Hay que tomar el control de la pandemia en Madrid. En otras comunidades se ha hecho", dijo.

La cogobernanza no ha funcionado. Al menos entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. La región está en una situación grave, con indicadores que en otros países europeos provocarían su confinamiento automático. Pero en España, donde no hay criterios claros para tomar medidas de esa importancia, la discusión deja de ser técnica para ser política. Illa pide a Madrid que escuche a la ciencia, pero no explica qué criterios respaldan el confinamiento con una incidencia mayor a 500 casos y no 450. Tampoco lo hace Madrid, que pone el umbral en 1.000. Mientras tanto, millones de ciudadanos asisten al enfrentamiento entre los dos gobiernos.