El retraso en el decreto del superávit local deja sin plazo a los alcaldes para invertir

Hacienda acelera las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios para asegurar su apoyo al nuevo decreto sobre superávit de los ayuntamientos antes de llevarlo al Consejo de Ministros, después de que el Congreso tumbase el anterior texto. El tiempo juega en contra, porque como han advertido desde algunos de los grupos municipalistas en la FEMP y también sus socios de coalición en el Gobierno, el margen para gastar en lo que queda de 2020 el superávit de los ejercicios 2018-2019 es mínimo. De poco serviría suspender la regla de gasto este año si apenas hay dos o tres meses para emplear el superávit, lamentan.

Esto, en el mejor de los casos, puesto que el decreto todavía debe llevarse primero al Consejo de Ministros y posteriormente convalidarlo en el Congreso. A partir de ahí, los ayuntamientos todavía tendrían que realizar las adjudicaciones de los contratos y llevar a cabo una planificación que hasta ahora no ha sido posible, al desconocer las entidades locales los recursos con que contarán. Con todo, la posible utilización del superávit de 2019 para financiar el gasto en 2020 estaría condicionada a que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.

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Para lo que sí contarían con margen es para concluir los proyectos de inversiones financieramente sostenibles —un mecanismo por el que ya se permite a los ayuntamientos utilizar el superávit en inversiones consideradas sostenibles en el tiempo y en determinados servicios públicos esenciales— iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018, pues se podrían prolongar hasta 2021.

Desde el Ministerio de Hacienda, no se ponen una fecha límite para llevar al Consejo de Ministros el nuevo decreto, debido a que quieren atar antes los apoyos, pero su intención es que se pueda tramitar lo antes posibles. Para algunos alcaldes, es necesario negociar también en el seno de la FEMP, como urge el portavoz del grupo municipalista de IU-Podemos-Comuns, Pedro del Cura. "Ahora tenemos menos tiempo y no podemos estar con dilaciones ni negociar el día antes. Hay que abrir una negociación con Hacienda esta misma semana para incorporar nuestras propuestas y que vaya al próximo Consejo de Ministros", urge el alcalde de Rivas Vaciamadrid. Su demanda es que el decreto incorpore el fondo con 3.000 millones de euros no condicionados a la entrega de los remanentes locales. Lo que ofreció Hacienda pero retiró de este nuevo decreto tras el rechazo del Congreso a su texto.

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Además de este fondo, desde el grupo de Unidas Podemos reclaman que "no se olvide y guarde en un cajón el fondo previsto para paliar las pérdidas de los municipios en materia de transporte" y ampliar las negociaciones a los alcaldes. "Si se ha tomado nota, deberían abrirse ya las negociaciones, y eso nos permitiría también ver si algunos partidos han actuado como maniobra de desgaste al Gobierno o para ayudar a los ayuntamientos. Avanzar en el decreto sería una buena manera de quitar la careta a algunos y además clarificar así la negociación para los Presupuestos", añade Del Cura. Hacienda, por el momento, prioriza las negociaciones con los grupos del Congreso, porque fueron quienes tumbaron el anterior texto. El acuerdo en la FEMP salió adelante con el voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero.

Tras poner sobre la mesa un nuevo texto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se abrió a ampliar la suspensión de la regla de gasto para 2021, otra de las principales reivindicaciones de los grupos. Un compromiso que se vería reflejado no en este decreto sino en el proyecto de Presupuestos. Algunos de los regidores de los principales consistorios, como Barcelona (Ada Colau) o Valencia (Joan Ribó), coincidieron tras el anuncio de Hacienda de preparar un nuevo decreto en valorar positivamente la derogación de la regla de gasto, pero exigiendo que se acompañe de un fondo extraordinario para los ayuntamientos.

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Este decreto de Hacienda también prevé permitir que las diputaciones forales y los cabildos insulares de Canarias puedan utilizar el superávit de 2019 "para compensar la caída de ingresos en los tributos estatales concertados o los ingresos tributarios que obtengan y les correspondan exclusivamente por los impuestos indirectos de regulación estatal del Régimen Económico y Fiscal de Canarias".

Por otra parte, las entidades locales con problemas financieros podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación. Asimismo, se permitirá a estos ayuntamientos que cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, acudiendo a préstamos con entidades de crédito, una medida con la que se pretende que las administraciones locales pongan fin a sus planes de ajuste.

Para las entidades que tengan problemas de solvencia, se posibilita la consolidación de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo. De cara a los gastos extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria, se establece un procedimiento de tramitación urgente de modificaciones de créditos. El impacto de esta batería de medidas supera los 3.000 millones de euros, según los cálculos del Ejecutivo.