Dina acusa al juez de revictimizarla y pide que declare la cúpula policial del PP

La exasesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham ha presentado un extenso escrito ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que investiga el robo de una tarjeta de memoria alojada en su móvil en el marco del caso Villarejo. La antigua ayudante del líder de Unidas Podemos, que se encuentra ahora en el punto de mira de la investigación ante las sospechas de que retuvo el dispositivo después de recuperarlo y lo devolvió dañado, recrimina al instructor Manuel García-Castellón la deriva de la investigación y asegura que con ella está siendo objeto de una nueva victimización.

En el escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, Bousselham pide "reconducir" las pesquisas sobre el uso de sus datos personales y propone que se cite a declarar a la cúpula policial del PP que, según defiende, pudo estar detrás del robo de la tarjeta. Una copia de la microSD apareció en el registro del domicilio del comisario Villarejo. "No se entiende una actividad instructora ajena a dichos elementos obrantes en la causa e indiciarios, que se basarían en hipótesis no demostradas, que carecerían de elementos justificatorios de las mismas, e incluso que podrían ser ajenos a las competencias funcionales de ese Juzgado Central de Instrucción", dice. Añade que ella fue víctima del delito original y que ahora vuelve a serlo al enfrentarse "a una posterior actividad instructora plagada de sospechas y prejuicios".

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Reclama así indagar "en el origen de la incautación de la copia del material sustraído en el registro realizado a Villarejo" y que para ello se tome declaración al ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, al ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago y al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Con la excepción del primero, el resto se encuentran ya imputados en otras piezas de la macrocausa sobre las actividades del policía jubilado.

Bousselham insiste, al igual que ha defendido la acusación popular que ejerce Podemos, en que el robo de su móvil estuvo vinculado con la intención de obtener información sobre el partido para hacerle daño. Quiere saber si existió una investigación documentada del objeto de las pesquisas que supuestamente se estaban realizando desde la Dirección Adjunta de la Policía y bajo el mandato de Cosidó, "para averiguar informaciones del tipo que fuesen, sobre Podemos o sus dirigentes, y la utilización de los archivos del referido teléfono móvil y de cómo se accede a los mismos".

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Justifica esta solicitud en la aparición de datos del teléfono en una de las versiones del informe PISA. "Existen indicios suficientes para sospechar que se realizaron investigaciones sobre Podemos y sus miembros, presuntamente con cargo a los fondos reservados del Estado, ordenadas desde el Gobierno a los mandos de la policía, y en dicho contexto se produce el robo del móvil", indica. Asegura también que la organización criminal que se investiga en la causa tenía intención de desplegar "maniobras de intoxicación informativa, e inclusive en algunos casos creación y difusión de campañas mediáticas de desprestigio". "Dada la correlación de fechas y de indicios citados, presumiblemente, todas las actuaciones ocurridas desde el robo del móvil, pasando por el informe PISA, tanto por la publicación de los datos del móvil de la Sra. Dina como de los informes falsos que al parecer elaboró la llamada 'policía patriótica', teniendo serias sospechas e indicios de que el móvil fuese robado y posteriormente utilizado para tales finalidades", agrega.

En los últimos meses, la pieza bautizada con el nombre de la exasesora, que dirige en la actualidad el periódico digital 'La Última Hora', dio un salto que puso a Iglesias en riesgo de acabar imputado. El líder de Podemos fue expulsado del procedimiento, en el que se encontraba personado como perjudicado, después de QUE tanto la Fiscalía como el juez concluyeran que no había suficientes indicios que vincularan a Villarejo con el robo de la tarjeta y con la posterior publicación en distintos medios de parte de su contenido. También aprecia el instructor que el ahora vicepresidente pudo cometer delitos de revelación de secretos y daño informático y sopesa remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, competente para investigar a aforados.